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ISSN 2314-2138 (impreso) / ISSN 2314-1530 (en línea)
Universidad Nacional de Luján. Su relación con el contexto político en el período 1969 – 1986
Resumen
En este artículo se analizan la notable diversidad de propuestas de organización académica que existieron en la UNLu en el período estudiado en un contexto de continuas alteraciones del contexto político e institucional nacional. El proyecto originario postulaba un modelo departamental ambientado en un campus centralizado que no llegó a concretarse por los cambios en el escenario político externo que se produjeron a escasos tres meses de la creación de la universidad. El segundo proyecto orientado por Emilio Mignone fue el que se adoptó cuando la UNLu comenzó a funcionar realmente y se acercaba más a un instituto terciario que a una universidad propiamente dicha. La asunción del rectorado por parte de Gerardo Amado marcó un retorno a los lineamientos principales del Estudio de Factibilidad. Si en los aspectos académicos los rectorados de Mignone y Amado tuvieron marcadas diferencias, también fueron distintos los contextos políticos en los que les tocó actuar: peronismo en el período 1973 – 1976 con serios enfrentamientos internos sobre la problemática universitaria, y sobrevivencia en el contexto de la dictadura de 1976. A partir de la asunción del presidente Alfonsín democracia republicana, en la que predominaba el diálogo político y se respetaba la separación de poderes. La intervención a las universidades, cuyo objetivo era el retorno a la autonomía plena, tuvo un marco legal específico, que limitaba la autoridad de los Rectores Normalizadores. Todos estos procesos permiten apreciar la estrecha relación entre el contexto político nacional y local con la concreción de una institución universitaria estatal y su proyecto académico.
PALABRAS CLAVE: CONTEXTO POLÍTICO, CAMBIOS INSTITUCIONALES, ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.
Abstract
This article analyzes the notable diversity of academic organization proposals that existed at UNLu in the period studied in a context of continuous changes in the national political and institutional context. The original project postulated a departmental model set in a centralized campus that did not materialize due to the changes in the external political scene that occurred just three months after the creation of the university. The second project directed by Emilio Mignone was the one that was adopted when the UNLu really began to function and was closer to a tertiary institute than to a university proper. The assumption of the rector’s office by Gerardo Amado marked a return to the main guidelines of the Feasibility Study. If in the academic aspects the rectorships of Mignone and Amado had marked differences, the political contexts in which they had to act were also different: Peronism in the period 1973 1976 with serious internal confrontations over university problems, and survival in the context of the 1976 dictatorship. From the assumption of President Alfonsín, a republican democracy, in which political dialogue predominated and the separation of powers was respected. The intervention to the universities, whose objective was the return to full autonomy, had a specific legal framework, which limited the authority of the Normalizing Rectors. All these processes allow us to appreciate the close relationship between the national and local political context with the realization of a state university institution and its academic project.
Médico y Doctor en Ciencias Médicas por la Universidad del Salvador. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Luján. Rector Normalizador de esa institución (1984-1985) y Director de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Buenos Aires (1985-1987). Ha sido consultor de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es autor de dos libros y de más de un centenar de publicaciones sobre temas de Microbiología, Inmunología, Leprología y Epidemiología; análisis en Ciencias y Tecnología, Planificación Universitaria, Historia de la Ciencia y la Tecnología y Educación Médica.
KEYWORDS: POLITICAL CONTEXT, INSTITUTIONAL CHANGES, ACADEMIC ORGANIZATION.
Introducción
La creación de la Universidad Nacional de Luján tuvo lugar en una época caracterizada por las crecientes aspiraciones de acceso juvenil a la enseñanza superior, en el marco de un proceso no exclusivo de nuestro país sino de carácter mundial que comprendió a diferentes países. Una respuesta a estos reclamos fue la creación de nuevas casas de estudio, que al mismo tiempo que satisfacían demandas regionales, estaban dirigidas a descongestionar las grandes universidades. Caso paradigmático fue el proceso de reforma posterior al “Mayo francés” en 1968, que implicó la división de la Universidad de París en varias unidades académicas. En lo que respecta a la República Argentina, el proceso de expansión del sistema estuvo influido también por factores externos a la vida universitaria, pero que incidieron fuertemente en ella. A partir de 1966 la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía implementó una dura represión con el propósito de despolitizar la vida universitaria, pero para 1969 esta metodología ya mostraba signos de agotamiento. Esta situación hizo que los propios funcionarios del área educativa reconocieran el fracaso de la política represiva y exploraran nuevos caminos.2 En este contexto, y en base al proyecto de. Alberto C. Taquini (h), y a documentos del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), se desarrolló el proceso de creación de nuevas universidades públicas. En el período comprendido entre 1971 y 1975, se crearon 16 nuevas Universidades Nacionales, llevando el número de las mismas a 26. Este crecimiento institucional fue tachado en alguna ocasión de “demagógico”, sin tomar en cuenta que se trató de un proceso meditado, que tuvo características variadas. Hay que destacar qué solo 4 de las 16 nuevas universidades fueron creadas desde cero: Río Cuarto, Catamarca, Lomas de Zamora y Luján. Otras 8 fueron desprendimientos de universidades preexistentes y las 4 restantes surgieron de la nacionalización de universidades provinciales o privadas. En este trabajo nos ocuparemos específicamente de la experiencia de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) desde el momento en que se constituyó la Comisión Pro – Universidad Nacional de Luján en 1969 hasta el comienzo de su vida autónoma en 1986.
Acciones tendientes a la creación de la Universidad Nacional de Luján (1969 – 1972)
En la creación de la UNLu intervinieron varios factores entrelazados entre sí. En primer lugar, la propuesta elaborada por un movimiento de personalidades académicas encabezado por Alberto C. Taquini (h). En la misma se planteaba la necesidad de modernizar el sistema universitario argentino, creando nuevas casas de estudios, que contribuyeran a descongestionar las universidades tradicionales, que consideraba sobredimensionadas. Postulaba asimismo la conveniencia de organizar las nuevas universidades de acuerdo al modelo departamental y localizarlas en un “campus” universitario, aconsejando la flexibilización curricular.
Por último, prop basándose en las necesidades demográficas y en el fomento del desarrollo regional, proponía la creación de cinco casas de estudios. Tres debían ubicarse en Luján, Río IV y Zárate y las dos restantes en lugares a determinar de la Patagonia y la zona sur del Gran Buenos Aires.
En segundo término hay que tener en cuenta la movilización de un grupo representativo de la comunidad de Luján, convocado por Alceo Barrios, un distinguido cardiólogo, que a instancias de Taquini constituyó una comisión que elaboró un anteproyecto de creación de una universidad pública en Luján. Barrios, discípulo del padre de Taquini, tuvo el mérito de nuclear un grupo de ciudadanos lujanenses interesados en la problemática educativa, más allá de sus diferencias partidarias o ideológicas.
Buchbinder P. – Historia de las universidades argentinas – Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2005. pp 199 – 202
El 9 de agosto de 1969 se formó la Comisión Pro-Universidad Nacional de Luján, presidida por Alceo Barrios e integrada por Manuel O. Peláez, Gerardo Amado, Tomás P. Arana, Pedro Barnech, Antonio E. Broggini, José T. Cáceres, Felipe Fuentes C.M., Alberto Jech, Ruth Monjardín de Masci, José Roberto Momo, Mario Sibolich, Horacio Toccalino, Oscar Guazzaroni, Darío M. Haurié, Roberto Ciganda Morere, Carlos Cuidet, Antonio Gualdieri, Carlos A. Mignone, Carlos E. Ortiz, Hugo G. Pérez y Jaime de la Plaza.
Los integrantes de la Comisión cubrían un amplio espectro, siendo figuras representativas de la vida lujanense. Barrios, Ortiz y Sibolich eran médicos; Amado, Barnech, de la Plaza, Mignone y Toccalino, ingenieros; Pérez, bioquímico; Gualdieri, médico veterinario; Momo, odontólogo; Jech físico nuclear e investigador del CONICET; Ciganda Morere, abogado; Arana, escribano y Haurié, comerciante. Además de su actividad profesional, Barnech y Ciganda Morere eran productores rurales en tanto que de la Plaza y Toccalino dirigían empresas industriales. Completaba la nómina un nutrido grupo de docentes: Monjardín de Masci, Broggini, Cáceres, Cuidet, Guazzaroni, Peláez y Fuentes, este último un religioso, miembro de la Congregación de Hermanos Maristas.
La pluralidad política era otra de las características de la Comisión. La integraban socialistas (Barrios); vecinalistas (Amado, Guazzaroni, Jech y Ortiz); radicales (Mignone, Momo, Monjardín de Masci y Pérez); Intransigentes /Arana); conservadores (Ciganda Morere); justicialistas (Broggini, Cáceres y Haurié), independientes (Barnech, de la Plaza y Fuentes) y personas vinculadas a sectores de las Fuerzas Armadas (Cuidet y Peláez).
Desde del momento de su constitución, la Comisión contó con el decidido apoyo del Intendente Municipal de Luján, Silverio Pedro Sallaberry. Este era un antiguo militante radical que ocupó por primera vez la intendencia en 1958, representando a la UCRI, y posteriormente encabezó el grupo fundador de la Unión Vecinal. Esta afinidad facilitó la difusión a nivel local y regional, y en fecha tan temprana como el 30 de agosto se realizó una reunión a la cual asistieron los intendentes municipales de Luján, Chivilcoy, Pilar, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y Moreno y representantes comunales de diez municipios aledaños.
La Comisión también mantuvo entrevistas con autoridades nacionales y provinciales, destacándose la que tuvo lugar con el entonces Ministro de Cultura y Educación José Luis Cantini y el Subsecretario Emilio Mignone.
Esto nos lleva a la tercera circunstancia que favoreció el proceso de creación de la UNLu que fue la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971- 1975 del proyecto de instalación de dos universidades nuevas en la zona metropolitana y adyacentes.3 Esta iniciativa tuvo como antecedentes los informes presentados por el propio Mignone, como responsable del sector de educación superior y universitaria del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).4
Otro hito decisivo fue la reunión de la Comisión Pro-Universidad con el ministro de Bienestar Social, Francisco Guillermo Manrique. En la misma se planteó la cesión del predio y de las instalaciones del Instituto Ángel T. de Alvear a la futura casa de estudios y la creación de carreras destinadas a capacitar personal para la problemática de la minoridad.
Tres años después de su constitución, la Comisión culminó la elaboración de un anteproyecto de creación de la nueva universidad, que fue presentado al Ministerio de Cultura y Educación. El 15 de diciembre de 1971, el ministro Gustavo Malek sancionó la Resolución 3508/71 por la que se constituía una Comisión Especial que elaboró un enjundioso estudio de factibilidad, culminando el proceso con la sanción de la ley 20.031 a fines de 1972.5
Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971/1975 (CONADE – CONASE). Ley 19039/1971.
Mignone E.F. – Bases para un plan integral de educación superior y universitaria. Presidencia de la Nación, Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo – CONADE – Documento de trabajo Nº 1, Buenos Aires, 1968; Educación: diagnóstico, pronóstico y prospección. Presidencia de la Nación , Consejo Nacional de seguridad – CONASE – Buenos Aires, 1970. En: Mignone E.F. – Universidad Nacional de Luján. Origen y evolución – EdUNLu. Luján, 1992. pp. 28 – 29
La nueva casa de estudios estaba concebida alrededor del concepto de “Universidad para el desarrollo”. Como ejes de su accionar se proponía contribuir al desarrollo integral de la zona; formar profesionales, investigadores y técnicos en cuatro áreas, a saber: agropecuaria, tecnología de alimentos, educación y minoridad y familia; realizar investigación aplicada en las mismas áreas; proporcionar formación socio-política y humanística; desarrollar actividades de extensión en el medio y prestar servicios de orientación, perfeccionamiento y actualización docente en establecimientos educativos de nivel medio. Si bien se explicitan cuatro áreas temáticas, ahondando un poco podría afirmarse que el proyecto giraba alrededor de las dos primeras, siendo las restantes herramientas accesorias. En el caso de educación, se priorizaban la educación a distancia y la educación permanente. Este perfil parece directamente orientado a facilitar la vinculación de la universidad con pequeños y medianos productores rurales y con las PYMES vinculadas a la transformación industrial de alimentos. La inclusión de minoridad y familia como cuarto eje curricular parece responder a motivos circunstanciales, como la ubicación del campus universitario en las instalaciones del Instituto Ángel T. de Alvear. La oferta académica sería una justificación a posteriori de la idea de dotar a la Universidad de una sede adecuada, absorbiendo dicho Instituto.
Como puede observarse, el proyecto original de la Universidad seguía las orientaciones del “Plan Taquini”, aunque hay que resaltar que la Comisión de Factibilidad realizó una lectura acertada de las potencialidades y requerimientos de la región y adaptó la propuesta académica a esa realidad. Tras barajar distintos nombres para ocupar el cargo de Rector Organizador, el 20 de enero de 1973 fue designado el Dr. Ramón Rosell, profesor de la Universidad Nacional del Sur y hombre de confianza del Ministro de Cultura y Educación Gustavo Malek. Rosell era un distinguido edafólogo, que entre otros cargos ocupó la Dirección del Departamento de Agronomía de la universidad bahiense. Su gestión se extendió desde el 20 de enero de 1973 al 29 de mayo de ese año En ese breve lapso puso en marcha la universidad desde el punto de vista administrativo y edilicio y obtuvo su incorporación al presupuesto nacional.
La Universidad y el peronismo en el poder. El rectorado de Mignone (1973 – 1976)
El 11 de marzo de 1973 se celebraron las elecciones presidenciales en la que el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) obtuvo 5.907.464 votos (49,56%) contra 2.537.605 (21,29%) de la UCR. La amplia diferencia hizo que el candidato radical Ricardo Balbín desistiera de presentarse a una segunda vuelta electoral, quedando consagrada así la fórmula Héctor J. Cámpora – Vicente Solano Lima. Después de 18 años el peronismo volvía al poder, en circunstancias muy diferentes a las del período 1946 – 1955. A la vieja antinomia “peronismo vs, antiperonismo” la reemplazaba el enfrentamiento interno entre la derecha y la izquierda peronistas, representadas por el aparato sindical por un lado, y la autodenominada Tendencia Revolucionaria hegemonizada por Montoneros, por el otro. Esta lucha fratricida que llevó el país al caos estuvo jalonada por numerosos episodios de violencia que costaron miles de muertes. Los enfrentamientos se fueron agravando, y el 12 de junio se produjo la masacre de Ezeiza en la que murieron varias decenas de militantes y hubo centenares de heridos. El regreso definitivo de Perón, programado como una fiesta terminó en tragedia, y el presidente vicario quedó muy debilitado. Por fin el 13 de julio Cámpora y Solano Lima fueron forzados a renunciar, y en una maniobra poco prolija asumió interinamente la presidencia Raúl Lastiri, cuyo principal mérito era ser yerno del ministro de Bienestar Social, José López Rega. El 23 de septiembre, en las nuevas elecciones presidenciales, la fórmula Juan Domingo Perón – María Estela Martínez de Perón obtenía 7.359.139 votos (61,85 %). La contundencia del resultado no arredró a la guerrilla montonera, que dos días después asesinó a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. La espiral de violencia fue in crescendo, calculándose que en el período comprendido entre el 11 de marzo de 1973 y el 24 de marzo de 1976 se registraron más de tres mil muertos por razones políticas. La pugna por el poder entre las facciones del peronismo abarcó prácticamente todos los ámbitos de la política argentina, y el universitario no fue una excepción. Desde un primer momento la Tendencia se hizo fuerte en la educación superior y, aplicando una política de hechos consumados, el 24 de mayo de 1973, militantes de la JUP ocuparon las facultades y rectorados de la mayoría de las casas de altos estudios, para asegurarse el dominio irrestricto de las mismas. El 29 de ese mes el Poder Ejecutivo intervino las universidades nacionales, dando así un marco legal a las ocupaciones.
Universidad Nacional de Luján. Estudio de Factibilidad (7 tomos). Elaborado por una Comisión Nacional. Resolución 3508/71 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
La mayoría de los nuevos rectores interventores era afín a la izquierda peronista, cuyo proyecto universitario estaba sostenido en una visión dicotómica, simplista y hasta ingenua de la realidad, como acertadamente señalara un estudioso del tema. A fines de 1973 la Tendencia sufrió el desprendimiento de la Juventud Peronista Lealtad, que se aproximó a la ortodoxia peronista. Ambos sectores frecuentemente dirimieron sus diferencias mediante enfrentamientos armados dentro de los recintos universitarios.6
En este clima violento de intolerancia política la recién creada UNLu fue una verdadera excepción. En gran medida esto se debió a Emilio Mignone, interventor designado por el gobierno a instancias de distintos actores de la política lujanense: el Partido Justicialista, la Juventud peronista, la CGT local y hasta la UCR. Mignone, que gozaba de la confianza del Presidente Cámpora ya no era el católico integrista de sus años juveniles, cercano a la extrema derecha nacionalista. Su paso por la función pública y su experiencia internacional lo habían transformado en un político pragmático, “moderado y constructivo” como se autodefinía. 7
Haciendo gala del pluralismo que lo caracterizaba, el nuevo rector tendió puentes con los miembros de la Comisión pro – Universidad, en su mayoría opositores al nuevo gobierno. Así fue como Jaime de la Plaza y Alberto Jech se incorporaron como profesores a la UNLu, donde tuvieron una destacada actuación y Carlos F. Cuidet organizó el Departamento de Orientación Educativa (DOE). Asimismo fue designado como Director de Administración el Contador Rubén Darío Rampazzi, joven dirigente de la UCR que se desempeñaba como concejal municipal y que en 1983 accedió a la intendencia de Luján. Dentro de una realidad política diferente a la que había servido de marco al Proyecto de Factibilidad, Mignone llevó adelante la institución e inició su actividad académica, adecuando el proyecto original a las nuevas condiciones. Si bien en los aspectos discursivos se mantuvieron las líneas fundacionales, el nuevo rector introdujo modificaciones importantes; algunas en función de sus convicciones, otras movido por las circunstancias. Entre estas últimas figura la creación de los Centros Regionales, no prevista originariamente. El propio Mignone reconoce este dato, agregando que tampoco era su intención crearlos, pero que “la realidad advertida en mis constantes viajes a los municipios vecinos puso de manifiesto que para acercar la Universidad a los estudiantes se imponía la creación de este tipo de delegaciones”. 8 Así fue que en 1974 se crearon los Centros Regionales de Campana, Chivilcoy y General Sarmiento; y en 1975 el de 9 de Julio. La explicación brindada es atendible, y parece fundada en razones puramente académicas. Pero detrás de las mismas existía un trasfondo que reconoce otras causas, tal como lo ha reconocido Mignone en conversaciones privadas. Una de las debilidades de la nueva institución era la carencia de un fuerte respaldo político, debido al recelo que despertaba en algunos sectores del peronismo. El apoyo de intendentes pertenecientes a distintas fuerzas políticas podía cumplir funciones de protección ante maniobras que buscaran desestabilizar la universidad. La intendencia de Luján, estaba en manos del FREJULI y tenía fluidas relaciones con la UNLu. La instalación de delegaciones en los partidos de Campana y General Sarmiento, gobernados por la UCR; y en Chivilcoy y 9 de Julio, municipios justicialistas, completaba este escudo protector.
Buchbinder P. – Historia de las Universidades Argentinas – Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2005. pp.202 – 207
Oriundo de Luján, Emilio Mignone tuvo una actuación relevante en los campos de la educación y de los derechos humanos. Activo dirigente de la Acción Católica Argentina en su juventud, a lo largo de su vida ocupó numerosos cargos técnico – políticos. Afiliado al Partido Justicialista en 1973 fue designado Rector Interventor de la UNLu. Luego del secuestro y la desaparición de su hija Mónica, en 1976, Mignone se dedicó de cuerpo entero a la lucha en favor de los derechos humanos. Su último cargo vinculado a la educación fue la presidencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) entre 1996 y 1998.
Mignone Emilio F. – Universidad Nacional de Luján. Origen y Evolución. Editorial de la UNLu, Luján, 1992. P. 87
Si el tema de los Centros Regionales estaba relacionado con condicionantes externos, la elaboración de la oferta académica y el diseño de las carreras respondía claramente al pensamiento íntimo de Mignone. El marco global estaba dado por las cuatro grandes áreas de interés propuestas en el Estudio de Factibilidad, pero la organización de los estudios presentaba características particulares. La currícula constaba de tres ciclos, de especialización creciente. El primero, llamado ciclo de estudios generales, era común a todas las carreras. El segundo ciclo, de un año y medio de duración ofrecía una salida laboral con el título de práctico en diversas disciplinas; cursando un tercer ciclo de igual duración se accedía a la correspondiente tecnicatura. Por fin algunas carreras ofrecían un ciclo de licenciatura, que exigía dos años más de estudios. La propuesta, vinculada a la idea de capacitación permanente, se veía reforzada por un sistema especial de admisión, que permitía el ingreso de personas mayores de 25 años sin estudios secundarios completos que demostraran su capacidad mediante una prueba de madurez. Como puede apreciarse, la UNLu fue precursora en esta modalidad, reconocida muchos años después por la Ley de Educación Superior actualmente en vigencia.
La universidad pensada por sus promotores parece inspirada en el modelo de los institutos tecnológicos norteamericanos, caracterizado por una oferta académica de excelencia pero acotada en su espectro. Por otra parte, la casa de estudios que efectivamente comenzó a funcionar en 1973, trae reminiscencias de los “Community Colleges” estadounidenses, instituciones educativas que están a mitad de camino entre un instituto terciario y una universidad, y que por lo general ofrecen títulos de nivel técnico. Esto no resulta sorprendente, pues Mignone ya en 1968 creía más conveniente la creación de institutos de nivel terciario con un perfil tecnológico que la de nuevas universidades. Según sus propias palabras, cuando asumió la responsabilidad de organizar la UNLu pudo “hacer lo que pensaba: un terciario de buen nivel con el nombre de universidad”. 9
Uno de los principales problemas que debió afrontar la incipiente gestión fue que el Ministerio de Bienestar Social se negó rotundamente a cumplir con el artículo 3º de la Ley 20.031, que estipulaba el traspaso del predio y las instalaciones del Instituto Angel T. de Alvear a la nueva universidad. Afortunadamente, luego de arduas tratativas se obtuvo la cesión en 1974 de una pequeña fracción de terreno, donde comenzó la construcción de las actuales instalaciones de la UNLu. 10
Los criterios organizativos y las iniciativas pedagógicas ensayadas en el período 1973 – 1976, pueden ser objeto de juicios de valor. Lo que no es discutible es el clima de tranquilidad que se vivió en la universidad en ese período, que solo se vio alterado en febrero de 1975 por un conflicto interno rápidamente solucionado. El día 7 de ese mes, bajo el título de “Piden el Alejamiento del Rector Mignone” Clarín publicó una nota informando que según la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUL):
Entre el 5 y el 6 de febrero el rectorado de esa Universidad declaró prescindibles a 25 personas, entre ellas, el asesor general Reynaldo Pérez Urbizú y el director de Administración Académica, Rubén Battistoni.11
Mignone, Emilio F. – Universidad Nacional de Luján. Relato de una experiencia. Buenos Aires, 1976.
Mignone, Emilio F. – Op. Cit. pp. 55 – 61.
Clarín, 7/2/1975
Según Emilio Mignone las cesantías eran debidas a las actitudes políticas sectarias, las amenazas y provocaciones de los citados funcionarios, su falta de contracción al trabajo y sus maniobras para controlar la Universidad digitando el ingreso del personal no docente.12
El 10 de febrero por la noche Pérez Urbizú y Battistoni sembraron de volantes las calles de Luján atacando a Mignone, pidiendo su renuncia y convocando a una huelga general. Los secundaban personajes que hasta hacía poco eran ardientes partidarios de la Tendencia y súbitamente descubrieron las bondades de la ortodoxia peronista, como Alejandro Reinholdt, Jorge Dohour o Raúl Burgos. También participó Roberto Tomasevich, concejal del FREJULI y empleado de la UNLu. El grupo se contactó con José A. Salas, un cirujano lujanense de conocida militancia justicialista, a quien visualizaban como posible reemplazante del rector. Los complotados hicieron circular una proclama en la cual acusaban a Mignone de incorporar a la universidad “bolches y gorilas personeros de la dependencia y de la IV Internacional”.13
Mignone se movió con rapidez, hizo la denuncia penal correspondiente y consiguió las adhesiones de la CGT, de las 62 Organizaciones Peronistas y de la mayoría de los profesores, alumnos y no docentes. La maniobra fracasó ante la indiferencia de la comunidad universitaria y sus responsables vieron frustrado su intento de malquistar a Mignone con el ministro Ivanissevich para lograr su desplazamiento. Hay que recordar que en vida de Perón la Tendencia había ido perdiendo sus espacios de poder con los sucesivos desplazamientos de los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. Tras la muerte del primer mandatario le fue arrebatado su último reducto: el Ministerio de Cultura y Educación. El 14 de agosto Jorge A. Taiana fue reemplazado por Oscar Ivanissevich, un cirujano octogenario que había ocupado el mismo cargo en la primera presidencia de Perón. Católico de extrema derecha con reconocidas ideas pronazis, el nuevo ministro venía decidido a modificar drásticamente la política educativa, en particular la universitaria. Su primera medida fue remover a los rectores normalizadores de casi todas las universidades, con excepción de las de San Luis y Luján. En el caso de esta última parece haber influido la antigua relación de Mignone con Ivanissevich. La política de la llamada “Misión Ivanissevich” consistió en la imposición del terror, el silencio y el orden, como un anticipo de lo que sucedería a partir del 24 de marzo de 1976. Las cesantías de profesores sospechados de “izquierdismo” fueron moneda corriente, del mismo modo que lo habían sido hasta unos meses antes las de quienes no comulgaban con las ideas supuestamente revolucionarias de la Tendencia. Salvo un episodio como el relatado, la UNLu se mantuvo al margen de estos sucesos, constituyendo un remanso de calma dentro de un sistema convulsionado por enfrentamientos más propios de una guerra civil que de la vida académica. Situación que hay que adjudicar a la capacidad política del Rector Interventor, que no por casualidad se mantuvo ininterrumpidamente en su cargo entre 1973 y 1976.
Más alla del indudable mérito de Mignone, que supo conducir la novel institución con pericia y ecuanimidad en una época plagada de conflictos, es necesario también hacer referencia a la peculiaridad del alumnado inicial de la UNLu. El mismo promediaba de 33 años, y la integraban mayoritariamente vecinos de Luján y de los partidos aledaños. Entre los ingresantes se contaba un apreciable número de flamantes empleados de la universidad, que cursaban sus estudios en paralelo con su actividad laboral. Esto fortaleció su actitud de pertenencia a la institución, que fue una condición distintiva del estamento no docente a través del tiempo. Por otra parte, el hecho de que la edad promedio de los estudiantes casi duplicara la habitual en el resto de las universidades tenía un costado beneficioso. La mayor madurez de su población estudiantil contribuyó sin lugar a dudas a mantener el clima ordenado que en general reinó en la UNLu en el período estudiado. Al comenzar el año 1976 la universidad parecía encaminada a su normalización institucional y a la elección democrática de sus autoridades futuras. Tres meses después, los acontecimientos externos darían un rotundo mentís a esta perspectiva.
Mignone E.F. – Op.Cit. pp. 99 – 100
El Civismo, 15/2/1975 y 5/4/1975
El golpe militar y la nueva intervención. El rectorado de Amado (1976 – 1979)
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al tambaleante gobierno de la presidente María Estela Martínez de Perón.. Se inició así al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que se caracterizó por la sistematización del terrorismo de Estado y por el intento de transformar la economía y la estructura social del país. En el caso de la UNLu, el golpe militar terminó con la experiencia encabezada por Mignone. La intervención comenzó con un breve lapso en que la institución estuvo a cargo de dos delegados militares. El primero fue el Teniente Coronel Jorge A. Maríncola, que tuvo a su cargo lo que se puede denominar el “trabajo sucio” (intimidación; confección de “listas negras”; cancelación de contratos y cesantías). El 23 de abril lo reemplazó el Mayor Héctor C. Tommasi, un agrimensor asimilado al Ejército, que tenía una visión más civilizada de lo que es una universidad. Esto no impidió que la represión se ensañara con miembros de la comunidad universitaria como César Lugones, María Marta Vázquez, Mónica Mignone, Elvira Ellacuria. y Oscar Peralta desaparecidos y posteriormente asesinados. Al matrimonio de Raúl Castro y su esposa María Elsa Glass le volaron el domicilio con explosivos. De la misma manera destruyeron una quinta propiedad de Reynaldo Pérez Urbizú, aunque este atribuyó públicamente el atentado a la subversión y obtuvo un amplio resarcimiento económico por parte del gobierno. En Luján siempre se dijo que la explosión, ejecutada con toda profesionalidad, fue realizada por una fuerza de tareas del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes.
Por fin, el 29 de septiembre de 1976 asumió el rectorado el ingeniero Gerardo Amado. Su nombre, junto con el de su colega Pedro Barnech, había sido propuesto a las autoridades educativas por parte de algunos integrantes de la Comisión Pro Universidad de Luján, que tenían canales de comunicación con el gobierno militar. La designación del nuevo rector significó el acceso a la conducción de la universidad del grupo fundacional de la misma. Sin producir un corte violento con las líneas de acción del período anterior, paulatinamente Amado fue introduciendo algunas modificaciones que acercaron la institución al modelo propuesto por el Estudio de Factibilidad. Cualquier cambio en la situación de los Centros Regionales podía generar reacciones con consecuencias imprevisibles en las localidades afectadas. Por lo tanto, las delegaciones no sufrieron cambios, más allá de los deseos de algunas figuras expectables de la universidad. En cambio hubo modificaciones en los diseños curriculares, donde se eliminaron los títulos de prácticos, conservando como escalón intermedio las tecnicaturas. Asimismo, en el área de la producción agropecuaria y la tecnología de alimentos las licenciaturas fueron reemplazadas por ingenierías, y se buscó consolidar el perfil académico de las carreras. Todo esto estuvo acompañado por una decidida política de estímulo a la investigación, que contó con el irrestricto apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológico de la provincia de Buenos Aires (CIC), presidida en esa época por Alberto C. Taquini (h).
Durante la gestión de Amado se inauguraron las primeras instalaciones propias de la universidad y el .16 de diciembre de 1977 se firmó el convenio por el cual el Ministerio de Bienestar Social cedía 250 hectáreas del predio del Instituto Angel T. de Alvear a la UNLu. Este hecho realmente trascendente habla a las claras de la buena sintonía de la conducción de la universidad con el gobierno militar. En lo político el rectorado de Amado estuvo signado por la amplitud de criterio. Puede afirmarse, con conocimiento de causa, que no ejerció ningún tipo de discriminación ideológica. Debe decirse que la amplitud política era mucho más evidente en el Departamento de Política Científica y Tecnológica (DPCyT) que en las restantes unidades académicas. Lo que se pensara de la dictadura no necesariamente se reflejaba en los cursos de física, química, matemáticas, biología o termodinámica. Otra cosa era dar clases de filosofía, sociología o economía.
Por esa razón, si bien el conjunto de la UNLu se caracterizó por su tolerancia en esa época nefasta, el DPCyT constituyó una suerte de oasis, donde no se preguntaba a nadie que ideología tenía sino cuál era su capacitación académica. Todo parecía indicar que Amado había logrado hacer coincidir un ambiente interno de tranquilidad y aceptable libertad académica con una óptima relación con las autoridades nacionales y provinciales. El futuro parecía promisorio, pero los cambios producidos en la conducción educativa a fines de 1978 tuvieron consecuencias funestas para la UNLu.
El ministro Llerena Amadeo y el cierre de la Universidad (1979 – 1980)
El 5 de noviembre de 1978 Juan Rafael Llerena Amadeo asumió el cargo de Ministro de Cultura y Educación en reemplazo de Juan José Catalán. Llerena Amadeo provenía de los sectores más reaccionarios del catolicismo vernáculo. De profesión abogado, en su juventud perteneció a la Juventud de la Acción Católica (J.A.C.) donde conoció a Emilio Mignone. A diferencia de su predecesor en el Ministerio, que intentó sin mucho éxito algunas reformas, Llerena se propuso intervenir activamente en el rediseño del sistema universitario.
Tres meses después de su asunción, el 6 de febrero de 1979, visitó la UNLu en compañía del Subsecretario de Asuntos Universitarios, Eduardo Ventura. Esta visita, aparentemente de carácter protocolar, en realidad no lo fue en absoluto, y sus consecuencias no se hicieron esperar. El jueves 8 de marzo La Opinión publicó un artículo sin firma informando sobre supuestos trascendidos referidos a un “redimensionamiento” del sistema universitario público, que entre otras medidas implicaría la desaparición de algunas universidades nacionales, entre ellas la UNLu. Estos trascendidos, originados en la agencia Noticias Argentinas, involucraban además de la UNLu a las Universidades Nacionales de Entre Ríos y la Patagonia. En respuesta a estas versiones, el rector Amado dio a conocer un comunicado aclaratorio, que fue publicado por el diario Clarin el día 10 de marzo, bajo el título “Reafirma una universidad su nivel y sus objetivos”. En el mismo destacaba que el subsecretario Ventura había desmentido esos dichos, al tiempo que rechazaba enérgicamente la supuesta falta de nivel académico de la UNLu.
A pesar de las desmentidas la señal de alarma estaba encendida, y los hechos posteriores confirmarían que la misma era justificada. El 26 de marzo Gerardo Amado fue notificado por Ventura que su designación como rector no sería renovada, y que en su lugar se designaría un funcionario para atender los asuntos de rutina y luego estudiar la situación y destino definitivo de la Universidad Nacional de Luján. Al día siguiente el rector presentó su renuncia indeclinable, que sorpresivamente fue publicada en los principales diarios del país.14
Tras la renuncia de Amado fue designado “a cargo de la firma del despacho” Roberto Paine, funcionario de carrera del Ministerio de Cultura y Educación, quien asumió sus funciones el 3 de abril. Como abogado desarrolló una larga carrera en el Departamento de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, y estuvo a cargo del despacho de la Universidad Nacional de Tucumán entre 1974 y 1975. Paine trajo como Secretario de Asuntos Académicos a. Oscar Gómez Poviña, un médico con prolongada actuación en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Si bien la cabeza formal de la gestión era Paine, en poco tiempo Gómez Poviña se transformó en el auténtico factotum académico de la misma, y en un interlocutor válido del cuerpo docente. Esta virtual intervención respetó las autoridades departamentales, por lo cual los cuatro directores continuaron en sus puestos, lo mismo que Pedro Hernández en su condición de presidente del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la universidad (CODICYT).
Con el correr de los días, el equipo encabezado por Paine dio muestras de tomarse en serio una de las misiones que le habían sido encomendadas: producir un informe sobre la situación de la UNLu. Con fecha 31 de mayo, a través de la Resolución Nº 156/79 se creó una comisión para elaborar un proyecto de plan de evaluación integral de la universidad. La presidía Gómez Poviña y la integraba un grupo de docentes de la casa con una respetable trayectoria académica.
Retrocediendo un poco en el tiempo, debe decirse que las gestiones en defensa de la universidad se iniciaron no bien comenzaron a circular las versiones sobre su posible cierre.
En la medida de sus posibilidades, los miembros de la comunidad universitaria aportaron su esfuerzo para que la situación de la universidad fuera conocida en su verdadera dimensión por el gran público y por los distintos factores de poder. Quienes participaron en forma ´más activa en esta tarea fueron Pedro Hernández, Alfredo Jaoand, Alfredo Salibián, José Antonio Olabe, Enrique Fliess, Carlos F. Cuidet, Jaime de la Plaza y Alberto Jech; los tres últimos en su doble condición de docentes y miembros de la Comisión Pro – Universidad Nacional de Luján.
Clarín, La Nación 28/03/1979
La campaña de esclarecimiento destinada a mostrar la verdadera situación de la UNLu e desarrollaba en varios frentes. Quienes tenían algún tipo de llegada a los sectores afines al gobierno militar utilizaron esos contactos. Los que circulaban por andariveles políticos más democráticos buscaron hacer conocer la realidad de la universidad a aquellos dirigentes que se oponían a la dictadura. En este contexto quien escribe estas líneas, militante radical desde su adolescencia, mantuvo reuniones con los principales dirigentes de la UCR: Arturo Illia, Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. A través de este último, figuras interesadas en la política educativa como Carlos Alconada Aramburú y Jorge Esteban Roulet incorporaron el “problema Luján” al conjunto de preocupaciones que por entonces ocupaban la agenda política. A los fines prácticos, estas vinculaciones no parecían tener una relación muy significativa con el futuro de la UNLu, por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, a la vuelta de los años resultaron ser uno de los factores determinantes del resurgimiento de esta casa de altos estudios. En lo inmediato tuvo mayor importancia la conexión con el Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 6 General Viamonte, con sede en Mercedes, el Teniente Coronel Osvaldo Marcelo Necchi. Este se reunió varias veces con Hernández, Jaoand y Fliess, y en todo momento mostró una predisposición favorable a la UNLu. Todas estas gestiones se desarrollaban en forma discreta, aunque seguramente eran conocidas a grandes rasgos por las autoridades a cargo de la intervención.
Estas dejaban hacer pero se mantenían prescindentes.
Dentro de ese contexto Gómez Poviña solicitó al autor de estas líneas que le gestionara una entrevista con el jefe del regimiento. Unos días después tuvo lugar la reunión en Mercedes, a la que concurrieron Gómez Poviña, Hernández y Fliess. La actitud de Necchi, como de costumbre, fue de franca colaboración. En cambio resultó sorprendente la vehemencia con que Gómez Poviña asumió la defensa de la UNLu, se explayó sobre su calidad académica y terminó solicitando al militar su colaboración para garantizar la supervivencia de la institución. Si hasta entonces era considerado un interlocutor objetivo y dispuesto a escuchar, a partir de ese momento quedo definitivamente en claro de qué lado estaba.
También los que defendían la universidad desde afuera se mantenían activos. Ya fuera utilizando sus contactos políticos en forma más o menos reservada, o bien manifestándose en forma pública a través de la prensa.
En este orden de cosas, el Intendente Municipal de Luján, Silverio Pedro Sallaberry gestionó entrevistas de personalidades de la zona con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y con el Comandante en Jefe de la Armada, en las que se trató la situación de la Universidad Nacional de Luján. 15 16
Un hecho auspicioso fue que la comisión creada en el mes de mayo para elaborar un plan de evaluación integral de la universidad elevó al Dr. Paine su informe, que incluía un instrumento técnico que definía los parámetros necesarios para iniciar un proceso evaluatorio de la institución. El 10 de setiembre el delegado ministerial procedió a crear una Comisión Evaluadora de La UNLu. presidida por Oscar Gómez Poviña, e integrada por representantes de los cuatro departamentos académicos (Resolución Nº 324/79).
La actividad de esta comisión fue efímera, habida cuenta de la rápida evolución de los acontecimientos. No obstante vale la pena destacar que con su creación y con la elaboración de un instrumento “ad hoc” para la evaluación interna, la UNLu se adelantó casi dos décadas a los procesos evaluatorios generalizados a partir de la instalación de la CONEAU.
El embate ministerial contra la casa de estudios lujanense dio origen a distintas hipótesis que buscaban explicarlo. Una de ellas lo atribuía a un supuesto “capricho” ministerial al que serían ajenos tanto el presidente de facto como las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Fiel reflejo de esta línea de pensamiento es un artículo aparecido en El Civismo el 10 de noviembre, que tras hacer un panegírico del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” cargaba las tintas contra Llerena Amadeo, afirmando que su gestión ponía en riesgo los supuestos logros educativos del gobierno 17 Desde un punto de vista diferente, en el mes de octubre comenzó a circular un documento, elaborado por José Antonio Olabe y Enrique Fliess, que intentaba dar una interpretación más abarcativa al ataque contra las universidades de Entre Ríos, Luján y la Patagonia.
15 El Civismo, 25/07/1979
16 El Civismo, 04/08/1979
Se relacionaba esta ofensiva con la llegada a la conducción educativa de un grupo estrechamente ligado a la derecha católica, a lo que se sumaría el interés de la Facultad de Agronomía de la UBA por tomar posesión del apreciable capital que constituía la estructura de la UNLu. Estas apetencias coincidirían con el meollo de la política educativa de Llerena Amadeo, consistente en la centralización de la enseñanza superior en las “universidades tradicionales” y la paulatina desaparición de aquellas surgidas con posterioridad a 1970.18
Transcurridas cuatro décadas, quien escribe estas líneas no suscribiría todas las afirmaciones vertidas en el documento, que simplificaba en exceso algunas cuestiones. No obstante, tenía el mérito de apuntar a una política educativa que involucraba en su conjunto al gobierno de la dictadura. Retomando el relato cronológico, el 16 de noviembre el Ministerio de Cultura y Educación dio a conocer el número de vacantes para el ingreso de 1980 de doce de las veintiséis universidades nacionales, entre las que no estaba incluida la UNLu. Ante esta situación la Comisión Empresarial Lujanense de Acción Comunitaria (CELAC) y la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján expresaron su inquietud en una declaración conjunta.19 Por otra parte el 30 de noviembre La Nación publicó una solicitada suscripta por 815 integrantes de la “Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Luján” dirigida al Presidente de la Nación, que atribuía el proyectado cierre a “sectores
extraviados del gobierno” 20
El lunes 3de diciembre, más de un millar de manifestantes provenientes de Luján y de los centros regionales de Chivilcoy, Campana, Nueve de Julio y José C. Paz se manifestaron frente al edificio municipal y entregaron un petitorio en defensa de la UNLu al intendente Sallaberry. Esa misma tarde tuvo lugar en la Municipalidad de Luján una reunión de intendentes de la región para tratar la situación de la UNLu. Además del anfitrión estuvieron presentes los intendentes de 17 partidos y representantes de la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján y de la CELAC. Al finalizar las deliberaciones se elaboró un documento que fue entregado el día 4 de diciembre al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, por una comisión encabezada por Sallaberry.21 En la mañana del 5 de diciembre, José Enrique Miguens entrevistado por Radio Continental hizo un pormenorizado relato de la situación de la universidad, mencionando por primera vez en forma pública la existencia de un antiguo conflicto entre Llerena Amadeo y Mignone, que justificaría la inquina ministerial contra la UNLu.
El 14 de noviembre, la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján y la CELAC ofrecieron una conferencia de prensa en Buenos Aires. Los expositores reseñaron la historia y las características originales de la institución, la situación actual de sus carreras y sus líneas de investigación. Se informó asimismo sobre las gestiones realizadas para asegurar la continuidad de la universidad.22 La semana siguiente, sorpresivamente, medios periodísticos nacionales comenzaron a publicar trascendidos que pronosticaban una solución favorable para la UNLu que “no sería afectada por el redimensionamiento estructurado en el Ministerio de Educación” 23 y que el 20 de diciembre se designaría el nuevo rector y se fijarían los cupos de ingreso correspondientes a 1980.24 Estas versiones generaron un moderado optimismo en los miembros de la comunidad universitaria. Tres días después, la realidad les daría una brutal desmentida. La tarde del 20 de diciembre de 1979 el ministro Llerena Amadeo anunció por cadena nacional el cierre de la UNLu y el traspaso de sus instalaciones y alumnos a la UBA. Los fundamentos de esta medida extrema fueron diversos, imprecisos y falaces. En su discurso, el ministro afirmó que los títulos de la Universidad de Luján no tenían validez, y que la carencia de bibliografía adecuada, de laboratorios y de “profesores de mérito”, impedían el desarrollo de una “real actividad académica”. Concluía informando que la UBA, “universidad de reconocido prestigio”, se haría cargo de las actividades que se desarrollaban en Luján.25
17 El Civismo, 10/11/1979
Fliess E, Olabe J.A. – La situación de la Universidad de Luján. Archivo del autor, 1979.
El Civismo, 21/11/1979; La Prensa, 21/11/1979
La Nación, 30/11/1979
El Civismo, 05/12/1979; La Nación, 05/12/1979
La Prensa, 17/12/1979, Clarín, 17/12/1979
Clarín, 18/12/1979
Todos sus argumentos fueron prolijamente refutados por diferentes miembros de la comunidad educativa de la UNLu, en tanto que Oscar Gómez Poviña, en su renuncia al cargo de Secretario de Asuntos Académicos, criticó duramente la alocución ministerial. Las respuestas a Llerena Amadeo fueron recopiladas posteriormente en un folleto de 34 páginas titulado “Mensaje azul y blanco de la Universidad Nacional de Luján”.26
Ese mismo día la Asamblea de la Comunidad Universitaria de Luján decidió abrir las puertas de la UNLu a la sociedad para que constatara la falsedad de las aseveraciones de Llerena Amadeo. En respuesta a la convocatoria se acercaron figuras de la política y de la vida académica. Pero lo realmente llamativo fue la masiva concurrencia de padres de alumnos, de estudiantes de otras universidades y de vecinos de Luján y de ciudades cercanas, que superó holgadamente el medio millar. Como parte de las acciones de protesta contra el cierre, el 23 de diciembre un grupo de cincuenta estudiantes inició unas jornadas de ayuno y oración en las escalinatas de la Basílica Nacional, en protesta por el cierre de la universidad. Ese mismo día, La Nación se hizo eco de un comunicado de prensa de la Comunidad Universitaria de Luján, en el que se afirmaba que la medida era “la indudable puesta en marcha de un plan destinado a revertir el proceso de expansión universitaria
iniciado alrededor de los años 70”.27
En vista del éxito que tuvieron las “visitas guiadas”, se decidió convocar a una reunión informativa sobre la realidad de la UNLu, que tendría lugar el 27 a las 19 horas. A tal efecto se invitó a personalidades destacadas del mundo académico y de la política, al periodismo y a la población en general. Aunque el desarrollo de la reunión fue planificado minuciosamente no todo salió como estaba previsto. La concurrencia superó todas las expectativas, y pronto los visitantes desbordaron los ámbitos previstos para la reunión informativa. Ante esta situación, los organizadores apelaron a una solución heroica. Debajo del puente carretero, ubicado a la entrada de la universidad, se improvisó un palco con el acoplado de un camión y presurosamente se instaló un equipo de sonido. La conferencia se transformó en un acto público al aire libre, para el que no se había solicitado ningún tipo de autorización. Ante un público cercano al millar de personas, de la Plaza, Jech y Fliess se refirieron a las adhesiones recibidas, expusieron lo realizado hasta ese momento y reafirmaron la voluntad de continuar luchando por la subsistencia de la UNLu. El acto se desarrollaba ordenadamente, pero se percibía en el ambiente una tensión subterránea. No era para menos. A pocos metros del palco, vestido de civil, el Teniente Coronel Necchi estaba atento a los acontecimientos, y a unas pocas cuadras de distancia se encontraban estacionados camiones con soldados armados, dispuestos a intervenir si se producían disturbios. Afortunadamente todo transcurrió con tranquilidad, y atendiendo a la invitación de Jaime De la Plaza, la multitud comenzó a desconcentrarse en dirección al centro de Luján. Encabezaba la marcha un compacto grupo de caminantes, seguido por una caravana de vehículos. A medida que la columna avanzaba se iban incorporando nuevos adherentes, tanto a pie como motorizados. A llegar a la Plaza Belgrano, la manifestación silenciosa estaba integrada fácilmente por dos mil personas, a las que habría que sumar a quienes se habían acercado espontáneamente a las cercanías de la Basílica. No importaba tanto la cantidad, sino que por primera vez sectores muy diversos de la ciudadanía se expresaban públicamente contra una decisión de la dictadura militar. Ante la multitud que ocupaba la plaza, los alumnos ayunantes dieron por terminada su protesta. Se entonó el Himno Nacional, se repitieron cánticos contra el Ministro de Educación y otros solicitando la presencia de Videla y las cúpulas militares en Luján “para conocer la verdad”.
24 La Prensa, 18/12/1979
Clarín; La Nación, 21/12/1979
Mensaje Azul y Blanco de la Universidad Nacional de Luján. Respuesta de la Comunidad Universitaria Nacional de Luján a la conferencia del señor Ministro de Cultura y Educación de la Nación del 20 de Diciembre de 1979. Edición de la Comunidad Universitaria de Luján. Luján, 1980.
La Nación, 23/12/1979
Pasadas las fiestas de fin de año, llegó enero, el mes del receso académico tradicional en la vida universitaria, que se transformó en un período de actividad febril gracias al ingenio del conjunto de docentes, alumnos y no docentes, que convirtieron la sede de la institución en su centro de operaciones hasta fines de febrero. Debe recordarse que en 1980 atreverse a expresar en forma pública y masiva el repudio a cualquier medida de gobierno equivalía a exponerse a múltiples represalias. En función de este contexto llaman la atención dos cosas: la primera, el grado de decisión de un grupo de personas sin una militancia política aglutinante, que en función de una causa justa no dudaron en enfrentar a funcionarios de un poder dictatorial. La segunda, la tolerancia gubernamental ante el desafío de la Comunidad Universitaria de Luján. La extraña ocupación veraniega pudo concretarse gracias a una curiosa situación legal. Tanto Paine como tres de los cuatro Directores de Departamento habían sido nombrados por resoluciones del ministro de turno y sus funciones podían ser limitadas directamente por el Ministerio de Cultura y Educación. En cambio, Alfredo Jaoand fue designado directamente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Mientras un decreto presidencial no lo hiciera cesar en su cargo o una ley no disolviera la institución era el funcionario responsable de las instalaciones y los bienes de la universidad. Esta anomalía sirvió de paraguas protector a las actividades desarrolladas en la sede de la UNLu aquel verano. La presencia de los docentes, alumnos y no docentes estaba avalada por la única autoridad legítima: el Director del Departamento de Política Científica y Tecnológica. La estrategia defensiva de la comunidad universitaria consistía en obstruir en lo posible la acción del Ministerio de Cultura y Educación y paralelamente conseguir la mayor cantidad de apoyo posible. En pos del primer objetivo se presentaron recursos judiciales para tratar de impedir o al menos dilatar la aplicación de las resoluciones ministeriales. La búsqueda de apoyos se orientó en dos direcciones. La primera consistía en interesar en el problema a figuras destacadas del elenco gubernamental y a las cúpulas militares para lograr que Videla modificara la decisión anunciada por Llerena Amadeo. Quienes podían llevar a cabo esta tarea, en virtud de sus conexiones políticas eran algunos miembros de la Comisión Pro Universidad que mantuvieron reuniones con diversos funcionarios aportando documentación sobre la UNLu.
La otra línea de acción estaba dirigida a concitar la adhesión de personalidades de la política, la cultura, la vida académica y la actividad económica. Para evitar una inútil duplicación de esfuerzos se decidió sistematizar la recepción de adhesiones, y unificarlas a través de una única solicitada, cuyo texto, deliberadamente conciliador, fue redactado por José Antonio Olabe.
Una ayuda muy importante para esta tarea fue aportada por las agrupaciones estudiantiles de distinto origen político. La colaboración no se limitó a efectuar declaraciones de apoyo, y conseguir firmas, sino también concurrir a las asambleas que tenían lugar semanalmente en la sede de la universidad. No todos los integrantes de la Comunidad Universitaria veían con buenos ojos esta presencia. Comenzaban a evidenciarse diferencias que habían estado latentes hasta entonces, y con el correr de los acontecimientos iban a salir a la superficie. Un sector, integrado por docentes y estudiantes con una militancia partidaria definida, consideraba positiva la colaboración de personas ajenas a la universidad y aceptaba su participación, con voz pero sin voto, en las reuniones. En el otro extremo, aquellos que sostenían la tesitura de no irritar a los militares abogaban lisa y llanamente por prohibirles el acceso a las asambleas. Por último, un tercer grupo se ubicaba en una posición intermedia, aceptando la presencia foránea, pero sin permitirle intervenir en las deliberaciones. Al cabo de una larga polémica esta fue la decisión adoptada por consenso, aunque en el interín hubo acaloradas discusiones. En paralelo, en el ámbito estudiantil surgieron diferencias internas referidas a otro tema. La relación con militantes de otras universidades hizo que algunos alumnos consideraran la posibilidad de crear centros de estudiantes de las distintas carreras y unificarlos en una Federación Universitaria de Luján. Muchos adhirieron a la iniciativa, pero un sector numéricamente importante se opuso a la misma, sosteniendo que era preferible seguir funcionando como “un grupo de amigos”. Eran reacios a darse una estructura orgánica, y confiaban la orientación del movimiento a lo que en cada momento decidieran las asambleas. El primer grupo era minoritario entre los estudiantes de Luján, pero había cobrado fuerza en el Centro Regional General Sarmiento. El sector espontaneísta, con fuerte arraigo en la Sede Central, exhibía tintes de un anarquismo romántico, y en líneas generales reflejaba el temor de ser usados por intereses ajenos a la universidad. Lamentablemente, las diferencias surgidas impidieron que en el corto plazo los estudiantes lograran construir una estructura orgánica. Producido el cierre, esta oportunidad fue cortada de cuajo, y la falta de una organización permanente trajo consecuencias negativas con el correr del tiempo. El 17 de enero, La Nación descalificó en su editorial a la UNLu, pero no ahorró críticas a la decisión ministerial, que objetaba por fomentar el gigantismo de la UBA. Lo interesante de este artículo editorial, más allá de su deliberada ambigüedad, es que reflejaba el pensamiento de los sectores que consideraban al modelo tradicional de universidad profesionalista como el más adecuado para la Argentina. En el fondo, no se estaba criticando el achicamiento del sistema, sino la forma de llevarlo a cabo. 28
El mes de febrero llegó acompañado por una aceleración de los acontecimientos. Según informaba La Nación, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) habría recibido el anteproyecto de ley que disolvía la Universidad Nacional de Luján. 29
En la misma fecha, bajo el título de ¿Luján vale una ley?, Clarín afirmaba que “no tiene por qué pensarse que el criterio del organismo legislativo que representa a las tres ramas de las Fuerzas Armadas deba ser forzosamente el mismo que el sustentado por el Ministerio de Cultura y Educación”. Concluía especulando con la posibilidad de que la CAL rectificara la decisión del ministerio, lo que a su entender constituiría “una madura prueba de responsabilidad institucional.” 30
Como era de esperar, los defensores de la UNLu redoblaron sus esfuerzos, apuntando ahora fundamentalmente a la CAL. Delegaciones de profesores y alumnos, miembros de la Comisión Pro Universidad y de la CELAC expusieron ante dicha Comisión, aportando una abundante documentación que avalaba sus dichos, y en general se retiraron satisfechos con las entrevistas. Quienes tenían acceso al mundo castrense intensificaron sus contactos informales, recibiendo respuestas alentadoras y promesas de interceder ante las instancias con poder de decisión. Todo esto hizo que buena parte de la Comunidad Universitaria alertara esperanzas acerca de un final feliz del conflicto. El autor de estas líneas no compartía ese optimismo, basándose en que el envío a la CAL del proyecto de ley que disolvía la UNLu necesariamente debía contar con el visto bueno del Presidente. En realidad, esa autorización ya se había concedido, aunque ni los escépticos ni los esperanzados lo supieran en aquel momento. El 13 de febrero, en una sesión plenaria de la CAL, el ministro expuso sus argumentos favorables al cierre de la UNLu, basados en la supuesta falta de nivel académico y en la “concepción marxista” de la universidad, lo que la hacía irrecuperable.31 Lo tratado en esta reunión no trascendió al periodismo y sólo tomó estado público mucho tiempo después, al desclasificarse los archivos de la CAL, quedando demostrado entonces que la comprensión y buena voluntad de los uniformados convertidos en legisladores no era más que una puesta en escena.
La Nación, 17/01/1980
La Nación, 01/02/1980 – La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era un remedo de cuerpo legislativo creado en 1976 por la dictadura militar. En la práctica funcionó como una escribanía que daba un barniz legal a las decisiones del Poder Ejecutivo. .
Clarín, 06/02/1980
Comisión de Asesoramiento Legislativo, Plenario del día 13 de febrero de 1980, http://www.archivosabiertos.com/ downloads/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf).
Ignorante de estos entretelones, el grupo que centralizaba la recepción de adhesiones, decidió concentrar sus esfuerzos en la publicación de la solicitada que familiarmente habían bautizado “la mundial”. La misma expresaba el apoyo a la causa de la UNLu de distintas personalidades del mundo de la política y del intelecto, así como de organizaciones gremiales, educativas y de la comunidad en general. En la primera semana de febrero la recolección de firmas estaba prácticamente concluida y consecuentemente se planteó en la asamblea dar a luz este manifiesto. Imprevistamente surgieron cuestionamientos por parte de algunos participantes, que consideraban inoportuno difundir la solicitada en ese momento. Sostenían que podía incomodar a sectores gubernamentales que supuestamente “estaban de nuestro lado”. También se manifestaron reparos en relación al franco predominio de opositores a la dictadura militar que existía entre los firmantes. Al cabo de una larga discusión, se aceptó diferir por unos días la publicación y tratar de balancear el contenido político de las adhesiones. Efectuadas algunas modificaciones cosméticas en el orden de las firmas, que quedaron encabezadas por Guillermo Acuña Anzorena y Carlos Alconada Aramburú, se pensó que la solicitada estaba en condiciones de ser publicada. Sin embargo, surgió un nuevo escollo. Con tono misterioso se habló de una gestión reservada ante el Comandante en Jefe del Ejército, que podía dar un vuelco definitivo al conflicto en que estaba envuelta la universidad. Había que seguir esperando, y no irritar a los militares. Obviamente este contacto, si es que alguna vez existió, no arrojó ningún resultado positivo. El 20 de febrero, Clarín informaba que Videla había firmado la ley de disolución de la UNLu, después que la CAL diera su conformidad. 32
Al día siguiente, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 22167, que derogaba la norma legal por la cual se creó la Universidad Nacional de Luján. La nueva ley disponía el traspaso de las instalaciones y los bienes de esta institución a la UBA, y la incorporación de la carrera de Ingeniería de Alimentos a dicha universidad. La celeridad con que la CAL produjo su dictamen, que respetaba hasta la última coma el proyecto elaborado en el ministerio del ramo, al igual que la premura con que fue promulgada la ley, hablaba a las claras del sostén político con que contaba Llerena Amadeo. La Universidad Nacional de Luján ya no existía. Los que en aras de su defensa dedicaron un año de sus vidas a combatir algo que a todas luces era una arbitrariedad, habían perdido la batalla. La batalla, seguramente sí. ¿Pero la guerra? El tiempo demostraría que esta guerra, como tantas otras,
Entre varias asignaturas pendientes quedaba definir que se hacía con la solicitada. La importancia adquirida por “la mundial”, tanto por la cantidad de firmantes como por la trayectoria de los mismos, imposibilitaba guardarla en un cajón así como así. El 24 de febrero, en formato y lugar destacado, La Nación difundía la “Solicitada a la opinión pública” intitulada “La Universidad Nacional de Luján no debe desaparecer” y firmada por 2224 personas.
El texto rescataba el proyecto universitario de Luján, afirmando que su anunciado cierre reflejaba una concepción claramente limitativa del sistema universitario que no condecía con las legítimas aspiraciones de progreso intelectual de la juventud argentina.
Dado que la publicación se efectuó una vez clausurada la UNLu, se agregó un texto aclaratorio en el que la Comunidad Universitaria agradecía el apoyo recibido y declaraba que se mantendría firme en la legítima defensa de la universidad, por entender que “CLAUDICAR ES PERMITIR LA REGRESION DE LA EDUCACION DEL PAIS”.33
La solicitada la suscribieron políticos como el justicialista Antonio Cafiero; los radicales Raúl Alfonsín, Carlos Alconada Aramburú, Raúl Borrás, Juan M.Casella, Alejandro Gómez, Luis A. León, entre otros; los socialistas Alfredo P. Bravo y Alicia Moreau de Justo; integrantes de la Fuerza Federalista Popular como Guillermo Acuña Anzorena y María Cristina Guzmán y el presidente del Partido Intransigente, Oscar Alende. Entre las personalidades de la cultura se destacaban los nombres de Jorge Luis Borges, Aída Bortnik Abelardo Castillo, Ernesto Sábato y María Elena Walsh. Se recibió también la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia que al año siguiente sería galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
32 Clarín, 20/02/1980
33 La Nación, 24/02/1980
Más allá de las repercusiones favorables, muchos pensaron en aquel momento que su publicación no pasaba de ser un acto testimonial. Es cierto que el caudal de adhesiones era significativo y que incluía a muchas de las figuras más representativas de la vida intelectual y política, que de este modo avalaron la validez académica del reclamo. Pero a comienzos de 1980 esto parecía tener poca importancia. Si la conducción económica era sostenida contra viento y marea por el poder militar, más allá de las críticas provenientes desde los sectores más diversos, con la política educativa ocurría algo parecido. Los integristas católicos, cuyo representante más conspicuo era Llerena Amadeo, parecían haberse afianzado luego del cierre de la UNLu.
La travesía del desierto (1980 – 1984)
La promulgación de la Ley 22167 llenó de incertidumbre a los distintos estamentos de la disuelta universidad. Salvo los estudiantes de Ingeniería de Alimentos, que continuaron sus estudios en Luján, el resto del alumnado debió buscar su reubicación en las facultades de la UBA; emigrar a otras universidades o lisa y llanamente abandonar su carrera universitaria. Si la situación de los alumnos resultaba problemática, no lo era menos la de los docentes y no docentes. Parte del personal no docente continuó con sus tareas habituales, otros optaron por renunciar. Quienes prestaban servicios en los Centros Regionales directamente fueron declarados prescindibles. En lo que respecta al claustro docente, como todas las designaciones docentes eran interinas, se renovaban anualmente con fecha primero de marzo. A último momento los contratos fueron prorrogados por un mes, para permitir la constitución de las mesas de examen. Esto brindaba un poco más de tiempo para buscar nuevas alternativas laborales, ya que las posibilidades futuras no eran las mismas para todos los docentes. Los únicos que podían abrigar expectativas de permanecer en sus cargos eran los afectados a la carrera de Ingeniería en Alimentos, que continuaría dictándose en Luján.
Cuando los funcionarios de la UBA se hicieron cargo de la conducción de la carrera de Ingeniería en Alimentos comenzaron a citar a algunos docentes, a los que con cuentagotas se les ofreció continuar con su actividad. Del área de las ciencias básicas, sólo dos profesores titulares fueron convocados para incorporarse a la planta docente de la UBA: José Antonio Olabe y Leonardo Malacalza. El primero declinó el ofrecimiento, en tanto que el segundo lo aceptó. Algunos auxiliares que participaban del dictado de materias básicas fueron confirmados, pero a los docentes con mayor trayectoria se los dejó de lado. Hay que agregar que a quienes habían ocupado puestos de conducción en la UNLu se les vedó expresamente la continuidad en sus cargos docentes. Esto hablaba a las claras de una decisión política originada en instancias superiores al Rectorado de la UBA, y la existencia de las listas negras tan habituales en los gobiernos autoritarios.
Desaparecida la UNLu, muchos buscaron dar respuesta a un interrogante que sería objeto de un prolongado debate: ¿Por qué se cerró la universidad? Se han esgrimido distintas hipótesis al respecto, adjudicando la medida a informes de los servicios de inteligencia que hablaban de un “santuario de terroristas”; a la incongruencia del proyecto de Luján con el modelo de país buscado por la dictadura; a la influencia del integrismo católico en la política educativa y, por fin, a enfrentamientos personales.
La primera hipótesis, de neto corte conspirativo, era sostenida por Emilio Mignone, quien sostuvo que la clausura se debió a una indicación de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, agregando que “hay que desechar, por cierto, el propósito de redimensionar el sistema de educación superior, porque fue el único establecimiento clausurado”.34 Esta última afirmación es cuestionable, pues existen suficientes indicios para pensar que el cierre de la UNLu formaba parte de un plan mucho más vasto, que quedó abortado por la inusitada repercusión que tuvo la defensa de esta casa de estudios.
Mignone Emilio, Op. Cit., p. 138.
Por su parte, Leonardo Malacalza atribuía las causas del cierre a “una decisión política de abortar un modelo educativo que no coincidía con el pensamiento político represor del gobierno nacional” 35 Otros protagonistas, entendían que se trataba de un programa más abarcativo que pretendía constreñir la enseñanza universitaria pública a las universidades tradicionales. Todas las hipótesis que plantean como motivo del cierre la originalidad del proyecto de Luján, y la animadversión que el mismo habría suscitado en distintos sectores, tienen su parte de verdad. Es real que los servicios de inteligencia estaban obsesionados con la “infiltración marxista” en las universidades. Pero si su influencia sobre el gobierno militar hubiera sido tan grande, la UNLu hubiera desaparecido poco después de producido el golpe, y no cuatro años más tarde. Queda en claro que el embate contra la universidad aparece recién con la llegada al ministerio de Llerena, que tenía un plan concreto de redimensionamiento del sistema universitario, el cual pudo ponerse en marcha porque contaba con la venia, tanto de Videla como de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Pero hay otro ingrediente que ayuda a comprender la inusual inquina del ministro hacia esta casa de estudios.
Ya se ha dicho que Mignone y Llerena Amadeo tenían un común origen en la Acción Católica Argentina. Durante la autodenominada “Revolución Argentina” ambos fueron funcionarios del gobierno de facto y posteriormente compartieron una misión para evaluar los proyectos en Educación, Ciencia y Cultura de la OEA en Bolivia, Paraguay y Perú. 36 Hasta aquí la relación de ambos personajes era armoniosa, pero la situación debe haber cambiado cuando, al regreso de su gira, Mignone se afilió al Partido Justicialista e integró su Consejo de Planificación.37 Este cambio radical en su posicionamiento político debe haber sido intolerable para sus viejos amigos de la Acción Católica. Es cierto que la frontera entre la derecha nacionalista y el justicialismo siempre ha sido porosa, y saltar el cerco nunca constituyó un problema. Pero para los integristas puros y duros como Llerena Amadeo, que un histórico compañero de creencias se acercara al populismo peronista, era lisa y llanamente una traición. El distanciamiento seguramente se profundizó cuando Mignone, tras la desaparición de su hija Mónica, abrazó decididamente la causa de los derechos humanos. En síntesis: un reaccionario que llegó al Ministerio de Cultura y Educación con un plan de achicamiento del sistema universitario bendecido por sus mandantes castrenses y que abrigaba un profundo resentimiento contra Emilio Mignone. El chivo expiatorio no podía ser otro que la Universidad Nacional de Luján.
El tiempo transcurrió, y en 1981 se produjeron novedades en el ámbito político. El 29 de marzo, de acuerdo al cronograma establecido por la dictadura, Roberto Eduardo Viola asumió como presidente “de facto” en reemplazo de Jorge Rafael Videla. En la cartera educativa fue designado Carlos Alberto Burundarena, cuya trayectoria profesional y su posición ideológica cercana al desarrollismo permitían pensar que su visión del “caso Luján” fuera distinta de la de su predecesor. El perfil del nuevo ministro, así como la supuesta actitud propensa al diálogo de Viola, hizo que algunos integrantes de la comunidad universitaria de Luján abrigaran esperanzas de que el gobierno reviera la clausura dispuesta por la gestión anterior. Por esta razón las actividades de los fundadores de la universidad y de otros grupos afines se incrementaron, al igual que los contactos reservados con personeros del gobierno. El viernes 23 de octubre se llevó a cabo un acto en el Teatro Municipal Trinidad Guevara de Luján, organizado por la Comisión Pro Universidad. Los oradores centrales, Gerardo Amado y Alberto C. Taquini (h), reiteraron los argumentos en defensa de la disuelta casa de estudios, y expresaron su esperanza de que la misma fuera reivindicada y vuelta a poner en marcha. La noticia fue recogida por Clarín en su Panorama Educativo y por medios periodísticos locales. 38 39
Malacalza Leonardo, La Universidad Nacional de Luján: entre utopías, mitos y realidades. Ed. UNLu, Luján 2008. p. 53
Del Carril Mario, La vida de Emilio Mignone. Emecé, Buenos Aires 2011. p. 164
Del Carril Mario, Op. Cit. p. 182
Pocos días después, bajo el título de “Trascendido”, El Civismo informaba de una reunión privada en la que habrían participado “un centenar de personas entre los que se contaban alumnos, egresados y algún profesor de la ex Universidad Nacional de Luján”. Lo significativo de dicha reunión era que a la misma, según el bisemanario lujanense, habrían asistido extraoficialmente “altas autoridades de la Presidencia de la Nación”. 40
Por desgracia, este resurgimiento del interés por el “caso Luján”, que iba de la mano con la posibilidad de una tibia apertura política, terminaría en una nueva frustración. El segundo turno del gobierno militar fracasó en su intento de reordenar la economía. A esto se sumaba el embate de los sectores más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas contra cualquier asomo de democratización del régimen. El oscuro panorama se ensombrecía aún más gracias a las desmedidas ambiciones del Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, convencido de que era un hombre providencial, y que su momento había llegado. En síntesis: las horas de Viola en la Casa Rosada estaban contadas. El 11 de diciembre, ante su supuesta incapacidad para ejercer el gobierno, por causa de una afección coronaria, la Junta Militar lo destituyó. Por fin, el 22 de diciembre, Galtieri vio satisfecho su anhelo. Ese día asumió la Presidencia de la Nación, para completar el período de su antecesor que supuestamente debía durar hasta el 31 de marzo de 1984. La caída de Viola arrastró a las figuras del elenco gubernamental que supuestamente veían con buenos ojos una futura rehabilitación de la UNLu. Quienes pusieron sus expectativas en los “militares buenos”, fueron nuevamente defraudados. Para colmo, el ascenso de Galtieri al poder significó el fin de cualquier intento de acuerdo con las distintas fuerzas políticas para posibilitar una salida negociada de la dictadura militar. A partir de ese momento, la fuga hacia adelante fue el único recurso imaginado por los mandos castrenses para encontrar una solución a los problemas creados por su propia ineptitud.
La recuperación de la democracia y la reapertura de la UNLu (1982 – 1984)
El 2 de abril, para sorpresa de la mayoría de la población, tropas de infantería de marina ocuparon las islas Malvinas en una acción militar prácticamente incruenta. La aventura más alocada pergeñada por los responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional había comenzado. El conflicto entre nuestro país y Gran Bretaña, desencadenado a partir de la ocupación argentina del archipiélago sureño, tuvo repercusiones internacionales. Los Estados Unidos intentaron una mediación, que lamentablemente fracasó, al igual que una iniciativa similar del Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. Lo que parecía una escaramuza táctica se transformó en una escalada bélica con todas las de la ley, cuyo final estaba cantado, ya que poco podían hacer las tropas argentinas contra la segunda potencia militar de la OTAN, con el apoyo implícito de la primera. El 14 de junio, el General Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, firmaba la rendición incondicional ante el comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, General Jeremy Moore.
Al día siguiente Galtieri convocó a la ciudadanía a la Plaza de Mayo, pensando que todavía podía controlar la situación. Las expresiones de repudio de miles de personas que acudieron a la cita, impidieron que hablara en público, aunque esa noche emitió su mensaje por radio y televisión. Fue su canto del cisne. El 17 de junio, ante la exigencia de los mandos militares, presentó su renuncia, y el 1º de julio asumió la Presidencia el General Reinaldo Bignone. En un desencantado fin de fiesta, sería el responsable de conducir una vez más la transición de una dictadura militar a la democracia. El nuevo cuadro de situación obligó a un cambio de estrategia en la lucha por la reapertura de la UNLu. No se trataba ya de hacer lobby con los funcionarios del gobierno militar, o buscar aliados en los sectores civiles que habían apoyado la dictadura. El retorno a la democracia traía aparejada la necesidad de interesar a los partidos políticos, y convencerlos no sólo de la legitimidad de la causa lujanense, sino también de la conveniencia práctica de apoyar el reclamo. Así fue que algunos protagonistas de esta historia se acercaron al Partido Justicialista, en tanto que otros comenzaron a operar en el marco de fuerzas con escasa significación electoral, como el Partido Federal, la FUFEPO, el Partido Demócrata Cristiano o el MID.
38 Clarín, 28/10/1981
39 El Civismo, 28/10/1981
40 El Civismo, 04/11/1981
En el caso del autor de estas líneas, quien en todo momento buscó movilizar a la UCR en defensa de la universidad, el cambio de escenario no trajo aparejadas modificaciones significativas. Continuar con esta línea de acción era lo lógico, pero atrapado por la dinámica política desatada a partir del mes de julio, sin olvidar a la UNLu, dedicó la mayor parte de su tiempo al proceso de reorganización partidaria. En fecha tan temprana como el 16 de ese mes, el Movimiento de Renovación y Cambio (MRC) organizó un acto en la Federación Argentina de Box, donde se lanzó la precandidatura de Raúl Alfonsín. El acto, que superó largamente las expectativas de los organizadores, fue el comienzo de un año y medio de febril actividad para los militantes del MRC. La recompensa estuvo acorde con la magnitud de los esfuerzos realizados: el 10 de diciembre de 1983 el dirigente de Chascomús asumía la Presidencia de la Nación.
Más allá de los reacomodamientos generados por el cambio de la situación política, en la búsqueda de una solución al “caso Luján” aparecieron nuevos actores, desconocidos hasta entonces para quienes habían protagonizado la defensa contra el cierre. Antiguos alumnos de los Centros Regionales, principalmente de General Sarmiento, y otras personas vinculadas en su momento a la universidad comenzaron a reunirse, a instancias de Luis Samolski un docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien dictaba las asignaturas Economía I y Economía II para los alumnos provenientes de la ex UNLu.
En los primeros días de febrero se llevó a cabo una reunión de este grupo en la residencia lujanense de Emilio Mignone en la que se decidió organizar un acto público por la reapertura de la universidad. El 19 de febrero se realizó una nueva reunión, esta vez en el estudio de Rubén Darío Rampazzi, a la que asistieron los representantes de los Centros Regionales, el sector peronista que respondía a Miguel Prince, y la delegación radical integrada por el dueño de casa, José Enrique González y Enrique Fliess. Ese día se acordó que el acto público se realizaría el sábado 19 de marzo en Luján y que en el mismo hablarían representantes de la Comunidad Universitaria y de los partidos políticos que adhirieran a la convocatoria. También se decidió difundir una declaración, que comenzaba afirmando “La reapertura de la Universidad Nacional de Luján es un acto de justicia” y tras criticar duramente el cierre de la misma solicitaba a los partidos políticos que incluyeran en sus plataformas electorales la reapertura de esa casa de estudios. Culminaba diciendo que Reabrir la Universidad Nacional de Luján por unanimidad en la primera sesión ordinaria reunida la Cámara de Diputados en comisión, es un acto de reparación que exige la República. La declaración, firmada por la “Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Luján”, fue enviada a medios periodísticos locales y nacionales, que se hicieron eco de la misma.41
La aparición de la declaración de la Comunidad Universitaria tuvo repercusiones inmediatas. Más allá de algunas críticas, las opiniones fueron en general favorables, pero hubo excepciones. Alfredo Salibián manifestó en una carta su desacuerdo con el citado documento. En ella cuestionaba fuertemente la reivindicación de los Centros Regionales y consideraba absurdo pretender que la Cámara de Diputados “en comisión, por unanimidad” reabriera la UNLu en su primera sesión extraordinaria, habiendo temas más importantes que enfrentar como los crímenes de la dictadura y su política económica, merecedores de juicio y castigo.42
Debe reconocerse que las objeciones planteadas por Salibián eran absolutamente válidas. Pero más allá de los defectos de la declaración y del voluntarismo que trasuntaba, esta debe ser evaluada como lo que realmente era: una convocatoria a trabajar por la resurrección de la UNLu, entendida como un objetivo político.
41 El Civismo, 26/02/1983
42 Carta de Alfredo Salibián al autor, fechada el 4 de marzo de 1983.
En sintonía con la reacción de Salibián, y diferenciándose de los mentores de la Comunidad Universitaria, la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján publicó un comunicado en el que expresaba su decisión de seguir luchando por la reapertura de la Universidad e informaba que trabajaba en la formulación de un nuevo proyecto para la misma. 43
Por fin, la tarde del sábado 19 de marzo se realizó el acto que constituyó una multitudinaria expresión de apoyo a la reapertura de la UNLu, a la que concurrieron más de 600 personas. Abrió la lista de oradores Francisco Mugnolo, en nombre del grupo iniciador de esta nueva etapa de la lucha por la rehabilitación de la universidad. Militante radical y antiguo docente, Mugnolo fue uno de los gestores de la creación del Centro Regional General Sarmiento. Luego hablaron Pablo Márquez, integrante de la Juventud del MID; Enrique Fliess en representación de la UCR; Nemesio Giacaglia, del MAS y Rogelio Berraute, del Plenario de Agrupaciones y Unidades Básicas del PJ, un grupo opositor a la conducción oficial del peronismo lujanense. El último orador, que cosechó un aplauso unánime, fue Jaime de la Plaza, quien enumeró las numerosas actividades desarrolladas en pro de la reivindicación de nuestra universidad y culminó su intervención recordando “Una universidad significa docencia e investigación en el más alto nivel. Y como las circunstancias nos van a colocar en la mira de todos, la situación exige el máximo de eficacia organizativa y académica para alcanzar ese objetivo”.
A fines de marzo, el Partido Justicialista local publicó una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Vocaturo, que luego de aclarar que: “El siguiente es el texto del ÚNICO mensaje oficial del Partido Justicialista de Luján, que se hiciera llegar a la comunidad universitaria con motivo del acto que organizara el pasado sábado 19” afirmaba rotundamente que: “Los hombres del Justicialismo de Luján estamos dispuestos a poner nuestros mejores esfuerzos en procura de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján”.44 Es de destacar el énfasis con que se insistía en que era la ÚNICA manifestación oficial de esa fuerza política, descalificando al sector encabezado por Miguel Prince que había participado en la reunión del club Atlanta. Por otro lado, tanto el contenido como la redacción del texto parecían provenir de la pluma de personas vinculadas a la ex – UNLu, como quedó confirmado pocos días después. En una conversación privada que tuvo lugar en una confitería céntrica de Luján, Pedro Hernández se sinceró con el autor de estas líneas y con Ana Pacín. Con mucha convicción sostuvo que “las elecciones las va a ganar el justicialismo” por lo cual “para reabrir la universidad hay que trabajar dentro de ese partido”, ante lo cual sus interlocutores manifestaron su desacuerdo, confiando en el triunfo de la UCR. La posición adoptada por Hernández llamaba la atención, porque no era un peronista histórico, ni formó parte de los sectores juveniles que a principios de los años ’70 fueron atraídos por el movimiento creado por Juan Perón. Por el contrario, había militado activamente en el PC. Fuera como fuera, era evidente que ahora trabajaba políticamente con Juan Carlos Vocaturo, representante del peronismo más tradicional. La introducción del “tema Luján” en la agenda electoral del justicialismo avanzó con rapidez. En el Congreso Nacional de Cultura y Educación organizado por esa fuerza política, en el que participó Hernández, se reivindicó la reapertura de la UNLu, recomendando su inclusión en el capítulo educativo de la plataforma electoral. 45
En el radicalismo se dio un proceso similar del que fue responsable Enrique Fliess, quien en febrero de 1983 se había incorporado al Centro de Participación Política (CPP) de la UCR, dirigido por Jorge Esteban Roulet. El CPP, constituyó un importante ámbito de difusión del pensamiento de los sectores más progresistas del radicalismo. Entre mediados de 1982 y fines de 1983 la institución desarrolló su actividad a través de cursos, seminarios y talleres, orientados a la elaboración de propuestas políticas programáticas que en su momento aportaron insumos importantes a la plataforma electoral de la UCR.
43 El Civismo, 02/03/1983
44 El Civismo, 31/03/1983
45 El Civismo, 30/04/1983
En este ámbito el “caso Luján” tuvo desde el comienzo una acogida favorable. La actividad de Fliess en el CPP, junto al decidido apoyo de Roulet, de Manuel Sadosky, de Carlos Abeledo y de Marcelo Stubrin, hizo posible que la Convención Nacional de la UCR incorporara en su Plataforma Electoral la reapertura de la Universidad Nacional de Luján.46
El 18 de junio se realizó en el Club Italiano de José C. Paz el segundo acto público por la reapertura de la Universidad Nacional de Luján que contó con una concurrencia de más de 800 personas. Hablaron Lucía Oroño y Miguel Difino en representación de los ex – alumnos; Enrique Fliess, como ex docente de la UNLu y representantes de los partidos políticos locales. Cerraron el acto Emilio Mignone y Luis Gregorich quien acercó el apoyo del mundo de la cultura. 47
Un hecho importante en esa maratón político – académica fue el Encuentro Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, organizado por el CPP, que tuvo lugar en el Comité Nacional de la UCR entre el 12 y el 16 de octubre de 1983. El encuentro fue inaugurado por Raúl Alfonsín, que en su discurso expuso los grandes lineamientos que el futuro gobierno desarrollaría en el área científico – tecnológica. En las deliberaciones participaron más de quinientos profesionales y académicos del radicalismo y de otros partidos democráticos. En esa ocasión, Carlos Abeledo y Enrique Fliess presentaron una ponencia intitulada: “Luján: un proyecto piloto de Universidad” en la que a partir de la experiencia original de la UNLu proponían un modelo novedoso de universidad. El mismo giraba alrededor de cuatro premisas fundamentales: estructura departamental; flexibilización curricular; integración de los alumnos a proyectos de investigación y/o desarrollo y vinculación efectiva con el medio socio – económico.48
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, el interés político por el futuro de la clausurada universidad se incrementó y comenzaron las visitas de dirigentes partidarios a su antigua sede. El 13 de julio, El Civismo informó sobre la realizada por Juan Carlos Vocaturo, candidato a intendente de Luján por el Partido Justicialista, acompañado por Alberto Lago, Néstor Bárbaro y Pedro Hernández miembros de los equipos técnicos de Italo Argentino Luder.49
Al mes siguiente, el CPP desembarcó en Luján. El 20 de agosto una delegación integrada por Jorge Roulet, Carlos Abeledo, Héctor Camberos y Enrique Fliess visitó las instalaciones de la ex UNLu acompañada por dirigentes del radicalismo local, brindando posteriormente una conferencia de prensa en el domicilio del autor de estas líneas. 50
Entre los meses de agosto y octubre también hicieron también acto de presencia Francisco Manrique, Guillermo Belgrano Rawson y Antonio Salonia, así como dirigentes de la Alianza Demócrata Socialista y el Partido Demócrata Cristiano.
A pocas semanas de las elecciones, el apoyo de las distintas fuerzas políticas a la reapertura de la universidad era prácticamente unánime, con la única excepción de la UCD. Quedaba en claro que, ganara quien ganara, la resurrección de la casa de estudios era un hecho. La cuestión era quien conduciría el proceso. La candidatura de Pedro Hernández se había fortalecido dentro del justicialismo, en virtud de su participación en los equipos técnicos que trabajaban para Italo Luder. Contaba también con el beneplácito de Juan Carlos Vocaturo, que se consideraba el seguro triunfador en la próxima elección de intendente. La postulación de Enrique Fliess como futuro rector, surgida a partir de los “Think tanks” educativos de la UCR, contó con el apoyo de la dirigencia radical de Luján y, dentro de la comunidad universitaria, con la decidida adhesión del grupo orientado por Luis Samolski. También la Comisión Pro Universidad y el grupo de ex docentes cuyas figuras más visibles eran Jaime de la Plaza, Alberto Jech y Leonardo Malacalza, aspiraban a terciar en esta discusión, aunque carecían de respaldos políticos significativos.
UCR. Plataforma Electoral Nacional. Capítulo IV, Nivel Universitario. P. 12. Buenos Aires, 1983.
El Civismo, 25/06/1983
Fliess Enrique, Abeledo Carlos. Luján: un proyecto piloto de universidad. Trabajo presentado al Encuentro Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo organizado por el Centro de Participación Política de la Unión Cívica Radical. Comisión B2 : Formación de Recursos Humanos. Buenos Aires, 12 al 16/10/83.
El Civismo. 13/07/1983
El Civismo. 24/08/1983
Por fin llegó el 30 de octubre y las urnas dieron su veredicto. En comicios fuertemente polarizados, la fórmula Alfonsín – Martínez obtuvo 7.724.559 votos (51,75%) frente a 5.995.402 ( 40,16%) del binomio Luder – Bittel. En la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz derrotó con claridad a Herminio Iglesias, en tanto que en Luján la sorpresa fue el triunfo de Rubén Darío Rampazzi, candidato a intendente del radicalismo, sobre Juan Carlos Vocaturo, por una diferencia de 1.640 votos. Todo hacía suponer que, una vez reabierta la UNLu, el autor de estas líneas sería designado Rector Normalizador, lo cual fue confirmado por el futuro Ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada
Aramburú en conversaciones privadas.
La nueva situación impactó en los restantes grupos que fogoneaban la causa de la reapertura. Leonardo Malaclaza relata que con un grupo de docentes, alumnos y no docentes se entrevistó con Alconada Aramburú, quien se comprometió a elevar al Congreso el proyecto de ley de reapertura propiciado por los solicitantes.51
También la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján volvió al ruedo en ese agitado mes de noviembre. A través de contactos oficiosos, sus integrantes obtuvieron una audiencia con el presidente electo que tuvo lugar el viernes 18 de noviembre, cuyos detalles fueron posteriormente transmitidos a los medios de prensa.52
Finalmente, el sábado 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín juró como Presidente de la Nación, poniendo término a casi ocho años de dictadura militar. Unos días después el Poder Ejecutivo envió el primer paquete de leyes que debían ser tratadas en el Congreso en el período de sesiones extraordinarias en el que se incluía la reapertura de la UNLu. 53
En el interín, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 154/83 fechado el 13 de diciembre, intervino las Universidades Nacionales y designó Rectores Normalizadores, cuya misión sería conducir la reorganización democrática de esas casas de estudios. El 26 de diciembre, en un acto realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, el Ministro de Educación y Justicia puso en funciones al Rector de la misma, y en forma simbólica a sus colegas de las restantes universidades. Vale la pena detenerse en el análisis de algunos tramos del discurso pronunciado en esa ocasión por Alconada Aramburú, porque de algún modo son una síntesis del pensamiento que orientó el accionar inicial del gobierno radical en el campo de la educación superior. Tras referirse a los antecedentes históricos que sustentan el concepto de autonomía universitaria, el ministro expresó su convicción de que la autonomía era un requisito indispensable para el adecuado desarrollo de la vida universitaria. En la visión del ministro, una vez normalizadas, las casas de estudio podrían cumplir en plenitud con sus misiones y funciones. Aunque no se lo manifestaba explícitamente, de alguna manera se pensaba que la solución de los problemas del sistema universitario era el retorno a la “época de oro” de la universidad argentina 54
Sin embargo, no en vano habían pasado diecisiete años: el país era diferente y el sistema universitario había sufrido cambios importantes. A las nueve universidades nacionales existentes a mediados de la década del ’60, se habían sumado diecisiete nuevas casas de estudio a partir de 1968. Sus orígenes, trayectoria histórica y modalidades de funcionamiento eran disímiles, aunque en todos los casos se trataba de instituciones que carecían de la experiencia autonómica y del gobierno de los claustros. A eso hay que agregar el deterioro producido en las universidades “históricas” por casi dos décadas de autoritarismo académico. Visto con la perspectiva que dan los años, creer que la devolución de la autonomía solucionaría automáticamente los problemas inherentes al sistema, era pecar de un exagerado optimismo. No obstante, esta fue la posición adoptada por las autoridades educativas en un primer momento, aunque debe reconocerse que a posteriori el gobierno tuvo intervenciones activas en la problemática del sector.
Malacalza Leonardo. La Universidad Nacional de Luján: entre utopías, mitos y realidades. Ed. UNLu, Luján, 2008., p. 57.
Clarín; El Civismo, 23/11/1983
La Nación, 19/12/1983; Clarín, 21/12/1980
Mensaje Pronunciado por el Ministro de Educación y Justicia de la Nación, Dr. Carlos R.S. Alconada Aramburú, con motivo de poner en funciones a los Rectores Normalizadores de Universidades Nacionales. Ministerio de Educación y Justicia, Buenos Aires, 1984. pp 7 – 9 .
Volviendo a la reapertura de la UNlu y su trámite parlamentario, el proyecto de ley llegó por fin al recinto de la Cámara de Diputados el 11 de enero de 1984. Los miembros informantes fueron Rubén Rabanal, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y René Pérez por la Comisión de Educación. Ambos destacaron el valioso aporte de la UNLu a la educación superior de nuestro país y la manifiesta arbitrariedad de su clausura. Parecidos argumentos esgrimieron el presidente de la Comisión de Educación, Adolfo Stubrin, el diputado justicialista por Córdoba, Orlando J. Sella, y el radical lujanense José Ignacio Gorostegui. Una vez finalizado el debate, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en general y en particular, con la sola abstención de los dos diputados pertenecientes al bloque de la UCD. La cámara alta trató el proyecto que ya tenía media sanción de Diputados el 25 de enero, en una sesión extraordinaria presidida por el vicepresidente de la Nación, Víctor Hipólito Martínez. El debate tuvo como punto de partida el dictamen favorable de la Comisión de Educación, presidida por la senadora radical Margarita Malharro de Torres, quien fue miembro informante. También hicieron uso de la palabra Olijela del Valle Rivas, Francisco Villada y Libardo Sánchez (justicialistas); Juan Trilla y Ricardo Laferrière (radicales) y el desarrollista Manuel Vidal, procediendo luego el cuerpo a aprobar por unanimidad la ley de reapertura de la UNLu. La Ley 23.044, sancionada por el Congreso el 25 de enero de 1984, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 1º de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de febrero.
Para todos los efectos legales, la UNLu había vuelto a existir. Tres años, once meses y quince días habían transcurrido desde el arbitrario úkase de Videla y Llerena Amadeo, cuando haciendo realidad la leyenda, el Ave Fénix lujanense renacía de sus cenizas.
Refundación y Normalización de la Universidad (1984 – 1986)
La Universidad Nacional de Luján había sido rehabilitada. Ahora, era menester reconstruirla. No fue un trabajo sencillo, pero a pesar de todo pudo llegarse a buen puerto. Del proceso de normalización surgiría una institución continuadora de lo imaginado antes de 1972 y de lo realizado entre 1973 y 1980, pero con características diferentes, producto tanto de su dinámica interna como de las circunstancias externas.
El diseño de este proyecto refundacional estaba relacionado con aportes anteriores, como el de Carlos Abeledo y quien escribe estas líneas, al que ya se ha hecho referencia. También con las propuestas del CPP, sintetizadas en lo que Jorge Roulet llamó la “Segunda Reforma Universitaria”. La misma implicaba no solamente la democratización de las casas de estudio, sino una modernización del sistema, al que se buscaba vincular estrechamente con los organismos de ciencia y tecnología, tanto nacionales como provinciales, y con el aparato productivo.
Ante la certeza de ser designado Rector Normalizador, el autor de estas líneas comenzó a definir los candidatos a ocupar cargos de conducción. Al grupo originario integrado por Luis Samolski (futuro Director del Departamento de Ciencias Sociales), Jorge Quinteros (Secretario de Coordinación General) y Ana Pacin (Secretaria de Extensión Universitaria) se agregaron Alfredo Salibián, que se haría cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; Hernán Casas, futuro Secretario Administrativo y Pedro Hernández a quien se le ofreció la dirección del Departamento de Ciencias Básicas. Esta decisión, aparte de la idoneidad de Hernández y su compromiso con la institución, estuvo basada en una apreciación de índole política. Designar en un cargo de esa importancia a quien seguramente hubiera sido Rector Normalizador en caso de triunfar el peronismo, era una muestra de la amplitud de criterio con la que se quería refundar la universidad. Planificando el futuro de la institución se plantearon algunas modificaciones en su estructura, dividiendo el antiguo Departamento de Política Científica y Tecnológica (DPC y T) en dos unidades académicas: el Departamento de Ciencias Básicas y el Departamento de Tecnología. Por su parte, los Departamentos de Política Social y Política Educativa pasarían a denominarse Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Educación, respectivamente.
La llegada del nuevo equipo de conducción a la UNLu se produjo días antes de la sanción de la ley de reapertura, gracias a que, por una sugerencia de Fliess a Delich, Ana Pacín fue designada el 18 de enero Delegada Rectoral en la carrera de Ingeniería en Alimentos, para gestionar la transición entre la UBA y la UNLu.
A partir del mes de febrero comenzaron a acercarse nuevos personajes, algunos de los cuales tendrían protagonismo en la etapa que se iniciaba. A través de la relación con Hernández llegó Carlos Cappelletti, un estadístico - matemático, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, que había formado parte de los equipos técnicos del justicialismo. Roulet acercó el nombre de Haydée Gorostegui de Torres, que había tenido un breve paso por la universidad antes del cierre. En su retorno puso en marcha la Licenciatura en Historia, una propuesta innovadora destinada a ofrecer una capacitación superior a los profesores de historia egresados de institutos terciarios. Ese fue el punto de partida de una construcción académica que alcanzó relevancia a nivel nacional e internacional. Por fin, el 12 de marzo el Ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú, ofreció una conferencia de prensa reseñando la labor de la cartera a su cargo en los primeros cien días de gobierno. En ese contexto destacó la promulgación de la ley de reapertura de la UNLu, y comunicó la designación de Enrique Fliess como Rector Normalizador de la misma.
Quedaba por resolver quienes serían los Directores de los Departamentos de Tecnología y de Educación, y quienes ocuparían las Secretarías de Planeamiento y de Asuntos Académicos. Para el Departamento de Tecnología se barajaron los nombres de algunos antiguos docentes de la universidad pero ninguno de ellos pudo aceptar la propuesta. Finalmente se le ofreció la dirección del Departamento de Tecnología a Luis De León Rosa, un reconocido edafólogo uruguayo recomendado por Sadosky, quien había establecido una buena relación personal con el equipo de conducción. Sin embargo, su desconocimiento de la estructura histórica de la UNLu hizo que con el correr del tiempo generara conflictos que resultaron irresolubles. Algo similar ocurrió con los candidatos a conducir el Departamento de Educación. Tras varios intentos fallidos fue designada Susana Vior, por recomendación de Cecilia Braslavsky. En lo que respecta a la Secretaría de Asuntos Académicos, fue ocupada por Carlos Cappelletti que se autopostuló para el cargo. Las tres designaciones parecieron acertadas en el primer momento pero con el correr del tiempo, surgieron diferencias ideológicas y ambiciones personales que dificultaron el funcionamiento de la institución. La Secretaría de Planificación y Desarrollo demoró un tiempo en ser cubierta. Finalmente la designación recayó en Alejandro Roberti un Ingeniero en Alimentos que dio muestras de una gran capacidad de trabajo y una decidida vocación por el planeamiento estratégico.
Si bien entre el anuncio de la designación de Fliess como Rector Normalizador y su efectiva asunción del cargo pasaron casi dos meses, en el curso de esos sesenta días se avanzó en el armado institucional. Con respecto a las actividades académicas, repitiendo lo acaecido en 1973, se decidió iniciar los cursos lectivos en el segundo cuatrimestre de 1984. En su momento, Mignone necesitaba que la universidad dejara cuanto antes de ser un proyecto y se transformara en una institución en plena actividad, para garantizar su subsistencia. Una década después las razones para comenzar a funcionar “contracorriente” eran distintas. La UNLu era una niña mimada, cuya reapertura fue uno de los símbolos de la democracia recuperada. Precisamente por eso, pareció oportuno demostrar que existía la voluntad de volver a ponerla en marcha en forma inmediata, respondiendo así a las expectativas que se habían generado. En este contexto, se enfrentaban desafíos de distinta índole. Por un lado, la apertura de los cursos correspondientes a la nueva etapa de la universidad. En segundo lugar, la reinserción de los alumnos que en su momento habían sido transferidos a distinta facultades de la UBA. Por fin, como integrar al proyecto refundacional la carrera de Ingeniería en Alimentos, que había perdurado en el tiempo, pero cuyo perfil fue desvirtuado durante el interregno de la UBA.
En el primer caso, se decidió la creación de un Ciclo de Formación General (CFG) común a todas las carreras, inspirado en el antiguo Ciclo de Estudios Generales, que tenía un cuatrimestre de duración. (RRN 017/84: 12/06/1984). En lo que respecta a los antiguos estudiantes se procedió a levantar un censo, a los efectos de planificar su reinserción en la UNLu. Otro problema a resolver eran los Centros Regionales, y para facilitar su reapertura comenzaron a establecerse contactos con los municipios de General Sarmiento, Campana y Chivilcoy y con el gobierno provincial. Las gestiones fueron exitosas: la Dirección General de Educación y Cultura provincial autorizó la utilización en horario vespertino de escuelas localizadas en esos municipios, en tanto que los intendentes aportaron personal administrativo y de maestranza, a través de comisiones de servicios. De esta forma, tanto en General Sarmiento como en Chivilcoy a partir del mes de agosto comenzó a dictarse el ciclo introductorio común a todas las carreras. En lo que se refiere a Campana, de común acuerdo con la intendencia se acordó que los cursos se iniciarían en 1985. La situación de Nueve de Julio difería de la de los otros municipios mencionados. Tras el cierre de la UNLu, en esa localidad el gobierno de la Provincia de Buenos Aires había creado el Instituto Superior de Estudios en Tecnología de Alimentos (ISETA), una institución terciaria no universitaria de buen nivel, monitoreada por la Dirección General de Educación y Cultura y la CIC. Su existencia llevó a pensar en una articulación de este instituto con la carrera de Ingeniería de Alimentos.
La tarea de las flamantes autoridades se repartía entre dos escenarios: el interno de la universidad donde todo estaba por hacer, y el representado por los organismos del Poder Ejecutivo, responsables de la implementación práctica de lo establecido por la ley de reapertura. Ese frente externo era de crucial importancia, ya que del mismo dependía que en el curso de ese año la universidad dispusiera de un presupuesto adecuado, se efectivizara la transferencia del campo y contara con los docentes y el personal administrativo, técnico y de maestranza acorde con sus necesidades. Las gestiones contaron con el decidido apoyo de los ministerios de Educación y Justicia y de Economía y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y llegaron con rapidez a buen puerto.
En lo que hace a la organización académica a partir del mes de julio se constituyeron comisiones para elaborar los planes de estudios de las diferentes carreras, a saber: Ingeniería en Alimentos (RRN 034/84: 13/07/1984); Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Desarrollo Social, Licenciatura en Historia Argentina y Americana y Profesorado Superior en Historia, (RRN 093/84: 22/08/1984); Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, (RRN 098/84: 28/08/84). En el interín, el 28 de junio se constituyó el Consejo Superior Provisorio, integrado inicialmente por el Rector Normalizador y los Directores Normalizadores de los departamentos académicos. Por primera vez en su historia, la UNLu contaba con un cuerpo colegiado de gobierno con capacidad de decisión. En paralelo se había iniciado un proceso de pre – inscripción de futuros ingresantes, que alcanzó un total de :1503 aspirantes, 1036 en la Sede Central y 467 en los Centros Regionales.55
Promediaba el año 1984 y se acercaba el momento en que la UNLu iba a reanudar a pleno sus actividades académicas. Antes de que esto ocurriera, resultaba conveniente producir un hecho que marcara simbólicamente el comienzo de la nueva etapa institucional. Por eso se comenzó a estudiar la posibilidad de una inauguración presidida por el Dr. Raúl Alfonsín. Realizadas las gestiones pertinentes, el presidente confirmó su asistencia al acto refundacional, que tuvo lugar el lunes 30 de julio en horas de la mañana.
La convocatoria a esta ceremonia inaugural tuvo una entusiasta respuesta. La concurrencia fue masiva, y puso de manifiesto que la población de Luján y las localidades aledañas en esta nueva etapa estaban dispuestas a apoyar a la universidad resucitada. También debe señalarse la asistencia de un importante número de funcionarios de alto rango, lo que daba cuenta de la trascendencia que tenía la reapertura de la UNLu. No era común que el Presidente Alfonsín y el Vicepresidente Martínez encabezaran un acto en forma conjunta; tampoco ocurría con frecuencia que el Gobernador Armendáriz y la Vicegobernadora Roulet coincidieran en un acontecimiento de estas características. Hay que agregar a esto la presencia del Ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú y de otros funcionarios del ramo, así como de legisladores nacionales. Estuvieron presentes también los intendentes de Luján, General Rodríguez y San Andrés de Giles y los Rectores Normalizadores de las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, de Mar del Plata y de La Pampa. Entre la concurrencia podía observarse a los ex rectores Emilio Mignone y Gerardo Amado; a Alberto C. Taquini (h) a miembros de la Comisión Pro Universidad y a otras personalidades del ámbito educativo.
55 El Civismo, 23/06/1984
A la hora de los discursos hablaron el Rector Normalizador y el Presidente de la Nación, en ese orden. Fliess abrió el acto con una alocución cuidadosamente estudiada que fijaba posiciones respecto a la política universitaria, en sintonía con lo que en su momento había postulado el CPP.
Tras rendir homenaje a quienes lucharon por la reapertura de la UNLu, y referirse a lo que significó para la vida universitaria la Reforma de 1918, afirmaba:
No podemos en la actualidad plantearnos una Universidad que debe ser la Universidad del siglo XXI con estructuras que en muchos casos aún son estructuras del siglo XIX, de la vieja universidad napoleónica del siglo XIX. {…} La necesidad entonces de plantearnos cuál es la función de la Universidad es clara y es importante. Tenemos que hacer cambios estructurales; necesitamos una Universidad firmemente insertada en el proceso de desarrollo científico – tecnológico y que está vinculada a la comunidad y sus reclamos. Necesitamos una Universidad ágil, flexible, que en sus disciplinas docentes y científicas realmente sea un motor para el desarrollo nacional, para un desarrollo autónomo, al servicio del pueblo.
Raúl Alfonsín cerró el acto con un discurso más breve pero de similar contundencia en el que rindió homenaje a quienes lucharon por la reapertura de la UNLu, al tiempo que hacía un llamado a la responsabilidad académica:
No viene un gobierno a asumir con algún grado de paternalismo la iniciativa de la obra; viene por el contrario el presidente de los argentinos a dar algo así como un testimonio de que la labor que los hombres y las mujeres que han estado vinculados a la lucha por la reapertura de la Universidad, ha sido realizada y ha tenido el éxito correspondiente. {…} Quien no esté dispuesto a esforzarse y a estudiar como corresponde, traiciona a la democracia y traiciona a la Argentina.
Una de las preocupaciones centrales de la gestión normalizadora fue dar impulso a las actividades en ciencia y tecnología. Su desarrollo en la nueva etapa de la universidad tuvo algunas características diferenciales que es menester destacar. Desde el momento de la asunción formal de las autoridades se constituyó la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el ámbito del rectorado. Con anterioridad se había comenzado a trabajar en el área, relevando el estado de los escasos proyectos existentes y buscando la inserción de grupos de investigación. Por otra parte desde el comienzo de la normalización hubo una relación fluida con los organismos científico – tecnológicos a nivel nacional y provincial. Los vínculos más estrechos se entablaron con la SECYT el CONICET y la CIC. El hecho de que el Rector Normalizador hubiera participado activamente en la formulación de las propuestas políticas de la UCR para el área facilitó esta relación, que se manifestó a través del apoyo económico y logístico al proyecto universitario de Luján. En este período se constituyeron la Red Científico – Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires integrada por la CIC y las universidades nacionales con sede en esa provincia y el Consejo Interuniversitario Permanente de Ciencia y Tecnología (CIPCYT). Ambos organismos se originaron en iniciativas conjuntas de las autoridades de la Universidad Nacional de Luján; con la CIC en el primer caso, con SECYT – CONICET en el segundo. Desde el punto de vista institucional era crucial la aprobación del futuro Estatuto de la universidad.
El Decreto 154/83 en su artículo 4º expresaba: “Decláranse de aplicación los estatutos universitarios vigentes al 29 de julio de 1966; debiendo las universidades creadas con posterioridad a esa fecha adoptar, entre ellos, el que resulte más apropiado a sus fines”, exigencia confirmada por la Ley 23.068 de Normalización Universitaria. Para cumplir con estas normas legales, y en virtud de la común estructura departamental, se decidió adoptar el Estatuto de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y designar una comisión revisora del mismo, que debía proponer las modificaciones a realizar para ajustarse al texto de la mencionada ley (RCSP 04/84: 09/08/1984). La comisión cumplió con la tarea encomendada en tiempo y forma, y a fines de septiembre el Consejo Superior provisorio aprobó el Estatuto de la UNLu “ad referendum” del Ministerio de Educación y Justicia (RCSP 018/84: 25/09/1984). La norma legal exhibía modificaciones respecto a la que le había servido de modelo, algunas meramente de forma, y otras que representaban diferencias de fondo. Entre estas últimas la principal fue la supresión del cargo de Profesor Director de Departamento, que de acuerdo al antiguo estatuto de la UNS era designado por concurso. El nuevo estatuto lujanense incorporaba al gobierno de la institución a los Directores Decanos de Departamentos, que serían designados por el voto de los Consejos Directivos Departamentales. La conformación del Consejo Superior también se modificó. En la casa de estudios bahiense estaba integrado por el Rector, y por representantes de los profesores, los alumnos y los graduados. En la UNLu también formarían parte del cuerpo los mencionados Directores Decanos.
Visto con la perspectiva que da el tiempo, es evidente que el reemplazo de un Director de Departamento concursado por un Director Decano elegido por los claustros fue el cambio más importante que introdujo la comisión revisora del Estatuto, y el que mayores consecuencias tuvo a posteriori. En aquel momento, sin embargo, no se tuvo conciencia de que esta decisión, al cambiar una figura académica por una política, contribuiría a desnaturalizar el sistema departamental y a transformar a la estructura de gobierno de la UNLu en un híbrido.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional, se puso en vigencia la planta docente asignada a la institución y se procedió a su distribución por departamentos (RCSP 013/84: 25/09/84), y a los efectos de poner en marcha la normalización del claustro docente, el Consejo Superior Provisorio aprobó “ad referendum” del Ministerio de Educación y Justicia el Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios (RCSP 018/84: 25/09/1984).
En lo que se refiere a la cobertura de los cargos correspondientes al personal administrativo, técnico y de servicios, al producirse la reapertura, a la UNLu se le restituyó la planta no docente que tenía al momento de su cierre. Parte de la misma estaba integrada por aquellos empleados que habían continuado su actividad bajo la férula de la UBA entre 1980 y 1984, entre los cuales se encontraba la mayor parte del personal jerárquico. Quedaba por cubrir alrededor de un centenar de vacantes, lo que requirió la puesta en marcha de un proceso en el que intervinieron factores tanto administrativos como políticos.
En el caso de la UNLu, durante la gestión de Emilio Mignone, gran parte de los puestos no docentes fueron ocupados por militantes del Partido Justicialista, en tanto que en la etapa posterior a 1976 se incorporaron personas vinculadas al vecinalismo. La llegada al gobierno de la UCR en 1983 hizo pensar a algunos radicales que ahora era su turno. En esta circunstancia fue necesario mantener un delicado equilibrio para garantizar, por una parte, que las designaciones respondieran a los méritos de los aspirantes, y al mismo tiempo evitar que se suscitaran conflictos políticos.
En un primer momento se pensó en resolver el problema mediante la sustanciación de concursos, que hubiera sido la solución ideal, pero una norma legal impidió utilizar este método. Se decidió entonces realizar una selección interna, la cual estuvo a cargo de una comisión que analizó los antecedentes y entrevistó a los postulantes. No faltaron las recomendaciones políticas, provenientes tanto de la UCR como del justicialismo. En el primer caso, la multiplicidad de solicitudes trajo algunos inconvenientes, como la pretensión de un grupo de concejales radicales de disponer de un cupo de designaciones en la UNLu. La respuesta negativa del rector generó rispideces, que con el tiempo desaparecieron. En el caso de la principal fuerza opositora, desde un principio se generó una amistad entre Vocaturo y Fliess, que perduró a través de los años, más allá de sus diferencias políticas. Esta relación resultó muy beneficiosa para el proceso de normalización, ya que la conducción de ATUL estaba integrada mayoritariamente por militantes peronistas, que respondían a ese sector partidario. Las cosas podían complicarse si el sindicato adhería activamente al plan de lucha lanzado por FATUN, en sintonía con la oposición salvaje al gobierno nacional orquestada por Saúl Ubaldini. Afortunadamente, la mediación de Vocaturo permitió un acercamiento entre los dirigentes gremiales y el autor de estas líneas, y a partir de ese momento los no docentes fueron un baluarte en la reconstrucción de la universidad.
Cuando comenzó el plan de lucha de FATUN, la dirigencia de ATUL manifestó que si bien compartía los reclamos salariales, no estaba dispuesta a paralizar la universidad, porque entendía que eso perjudicaría el proceso refundacional. En consecuencia, sus paros consistieron en una interrupción simbólica de actividades de unos pocos minutos, acompañada de un pequeño acto explicativo.
Finalizaba 1984 y aún quedaba pendiente la constitución definitiva del Consejo Superior Provisorio, con la incorporación de los representantes de los claustros de estudiantes y de docentes. Un paso importante en ese sentido fue la creación de la Federación Universitaria de Luján, oficializada el 10 de diciembre de 1984 (RRN 334/84). Contemporáneamente se convocó al claustro de profesores para elegir consejeros superiores. La elección se realizaría por un sistema de doble vuelta. En una primera instancia, en cada departamento se elegirían por voto directo dos candidatos a titulares y dos candidatos a suplentes. En una segunda vuelta, el total de los profesores de la UNLu elegiría entre estos candidatos sus representantes en el Consejo Superior Provisorio. (RCSP 028/84: 15/11/84). El comicio se llevó a cabo sin inconvenientes en la instancia departamental, pero al llegar a la segunda vuelta salieron a la luz algunas diferencias subyacentes. La elección de los consejeros superiores que representarían a los profesores fue la ocasión para que las discrepancias dieran lugar a la constitución de dos sectores contrapuestos. El primero, decididamente alineado con la gestión normalizadora aglutinaba a la casi totalidad de los profesores del Departamento de Ciencias Sociales, a la mayoría de los del Departamento de Tecnología y a parte del Departamento de Ciencias Básicas. El segundo grupo, más crítico, estaba constituido por docentes de los departamentos de Ciencias Básicas y de Tecnología. Esta división dio lugar a la existencia de dos listas de profesores para la segunda vuelta, una que apoyaba la gestión normalizadora y otra que tenía un cariz opositor. La constitución de esta última deparó algunas sorpresas ya que uno de los candidatos era el Secretario de Asuntos Académicos, quien violó un acuerdo tácito, en virtud del cual ningún integrante de la conducción de la universidad participaría en la elección. La segunda vuelta electoral concluyó con un amplio triunfo de la lista oficialista demostrando que la gestión era apoyada por una sólida mayoría de profesores. Tras la renuncia de Cappelletti, Alejandro Roberti se hizo cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos, en tanto que Ricardo Bonano ocupó la Secretaría de Planeamiento (RRN 381/84 y 386/84 del 28/12/84).
Una iniciativa conjunta de la CIC y la UNLu que comenzó a desarrollarse en esa época, fue la constitución de la Red de la Cuenca del Río Luján, en la que participaban también las intendencias de Luján, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar y Tigre. El emprendimiento adquirió relevancia práctica a raíz de las graves inundaciones que se produjeron en la región a partir de junio de 1985. Como puede observarse, en aquel momento histórico la interrelación entre la CIC y las universidades nacionales con sede en la PBA, había pasado claramente del estadío de las declaraciones al de las acciones. La constitución formal de la Red Científico y Tecnológica fortaleció esta tendencia y poco a poco, aquella idea germinal de lograr una integración real entre el sistema científico tecnológico y las universidades públicas comenzó a tomar forma. Contemporáneamente, el vínculo entre la UNLu y la CIC se estrechó aún más debido a la incorporación de Enrique Fliess al directorio de esa agencia, lo que ocurrió en el mes de abril, poco antes de iniciar un viaje oficial a la República Federal de Alemania. Las alternativas generadas por los enfrentamientos políticos internos no entorpecieron las actividades sustantivas de la universidad. El 28 de junio el Consejo Superior Provisorio aprobó la designación de los primeros jurados que intervendrían en la selección de profesores ordinarios (RCSP 052/85)
y el primer llamado a concursos. (RCSP 053/85).
A partir de ese momento se puso en marcha un ajustado cronograma, que en un período de cinco meses permitió que se sustanciaran 73 concursos para cubrir cargos de profesores ordinarios, de los cuales solamente cuatro fueron declarados desiertos. Más de un centenar de jurados intervinieron en este proceso, entre los que se contaban figuras externas a la UNLu de reconocido prestigio académico, que se desempeñaban en distintas universidades nacionales, el CONICET, la CIC y la UNESCO. Todos ellos contribuyeron con su aporte a que la universidad llevara adelante un proceso de sustanciación de concursos caracterizado por su transparencia y su impecable organización.
Uno de los hechos más relevantes producidos durante el período de la normalización fue la participación de la UNLu en la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI). Este emprendimiento fue probablemente el más ambicioso de la gestión de Manuel Sadosky al frente de la SECYT. Por su iniciativa se creó la Subsecretaría de Informática y Desarrollo, y por Decreto PEN 621/84 quedó constituida la Comisión Nacional de Informática, integrada por representantes de todos los ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Su misión era efectuar un diagnóstico de situación del área y proponer políticas para la misma. En 1985 la comisión produjo un informe aconsejando poner especial énfasis en la investigación y en la formación de recursos humanos altamente capacitados, recomendando específicamente la creación de “Un centro de excelencia nacional o regional cuyas funciones serán brindar una formación intensiva a alumnos seleccionados que estén promediando carreras universitarias afines”. 56
En función de estos antecedentes, Sadosky decidió encomendar a un grupo de sus colaboradores encabezado por Rebeca Cherep de Guber la organización de una escuela de altos estudios informáticos. La ESLAI estaba programada para recibir un número reducido de estudiantes que hubieran aprobado al menos el segundo año de alguna carrera afín con la informática, para luego cursar tres años de estudios intensivos en un régimen de dedicación exclusiva. Los alumnos provenientes de distintos países latinoamericanos, pero con cupo mayoritario de argentinos, serían incorporados luego de un riguroso proceso de selección. El financiamiento principal del proyecto corría por cuenta de la SECYT y la Oficina Intergubernamental para la Informática (IBI) con sede en Roma. También participaban la Comunidad Económica Europea, los gobiernos de Italia y Francia, la UNESCO y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quedaba por resolver cual sería la Universidad Nacional que otorgaría el título de Licenciado en Informática. La vicegobernadora bonaerense, Elva Roulet, que apoyó decididamente el proyecto, veía con buenos ojos que dicha función la cumpliera la Universidad Nacional de La Plata, pero las autoridades de esa casa de estudios se mostraban remisas para asumir el compromiso. La vinculación con la UBA también fue descartada por razones similares, y así surgió la posibilidad de que la UNLu participara en este trascendente emprendimiento académico. Luego de algunas reuniones con Sadosky y Rebeca Guber se iniciaron los trámites para vincular formalmente la ESLAI con la universidad lujanense. Una vez redactado el proyecto de convenio, el mismo fue aprobado por el Consejo Superior Provisorio (RCSP 149/85 del 18/10/85) y el 7 de noviembre se procedió a la firma del acuerdo en un pequeño acto realizado en la SECYT. Es indudable que la incorporación al proyecto de la ESLAI constituyó un espaldarazo para la renacida casa de estudios. Además de fortalecer sus lazos con los organismos de ciencia y tecnología, colocaba a la universidad en una situación estratégica, habida cuenta del interés del gobierno nacional en el desarrollo de las disciplinas informáticas.
Volviendo a los sucesos internos, la celeridad con que se estaba desarrollando el proceso de sustanciación de los concursos docentes, posibilitó que para el mes de noviembre se superara el número de profesores ordinarios requerido por el Ministerio de Educación y Justicia para convocar a elecciones de los claustros. 57
Informe de la Comisión Nacional de Informática. Secretaría de Ciencia y Técnica, Subsecretaría de Informática y Desarrollo. Ministerio de educación y Justicia. Buenos Aires, 1985
El Ministerio de Educación y Justicia había establecido que, para normalizar los claustros, más del 50% de los pro-
fesores debía pertenecer a la categoría de regulares u ordinarios, y haber sido designado por concurso de oposición y antecedentes.
En función de esto, el 23 de septiembre se constituyó la Comisión Coordinadora de las Elecciones de Claustros (CCEC), encargada de organizar el proceso electoral (RRN 379/85) que culminó el 4 de diciembre con el acto comicial (RCSP 163/85).
La normalización de la UNLu llegaba a su fin, lo que incrementó la actividad política interna, ocupando el centro del escenario el tema de las candidaturas, especialmente la referida al futuro rectorado. Desde el comienzo de su gestión, había quedado en claro que Fliess no aspiraba a ningún cargo electivo en la universidad en el futuro inmediato. En vista de esta realidad, un grupo mayoritario de profesores levantó la candidatura de José Luis Moreno, docente del Departamento de Ciencias Sociales, que fue apoyada por sectores de los claustros de alumnos y graduados. Moreno era una figura bien vista en el seno de la comunidad universitaria, y había colaborado activamente en la organización de la UNLu durante el período de la normalización. Alrededor de su postulación se constituyó un movimiento que proponía avanzar en el camino iniciado por la conducción normalizadora. En el campo opositor no aparecía con claridad una figura que pudiera encabezar un conglomerado que se caracterizaba por su extrema heterogeneidad.
El 4 de diciembre los alumnos, docentes y graduados de la UNLu, por primera vez en su historia concurrieron a las urnas para elegir autoridades. La jornada electoral transcurrió normalmente, y el 11 de diciembre el Consejo Superior Provisorio aprobó el acto comicial, oficializando los resultados del mismo. Finalmente, a las 12 de la mañana del jueves 19 de diciembre se constituyó en la Sede Central de la UNLu su órgano máximo de gobierno. Tras el discurso de apertura del Rector Normalizador, la Asamblea eligió sus autoridades definitivas, y luego se abocó a la elección del nuevo rector, postulándose las candidaturas de José Luis Moreno y de José Roberto Momo. Efectuado el acto eleccionario y tras el correspondiente escrutinio, que arrojó 42 votos para Moreno, 12 votos para Momo y 5 abstenciones, la Asamblea Universitaria proclamó al Licenciado José Luis Moreno como Rector de la Universidad Nacional de Luján para el período 1985 – 1988. 58
La UNLu tenía un nuevo rector. Culminaba una gestión en la que se debió reorganizar la universidad, dotarla de las normas legales que rigieran su funcionamiento, sustanciar los concursos que permitieran la normalización de su claustro de profesores y, por fin, llevar adelante el proceso electoral que desembocó en los comicios del 4 de diciembre. Todo ello en el lapso de un año, siete meses y cuatro días. Así, luego de recorrer un camino poblado de luces y de sombras, se había alcanzado la meta fijada: la UNLu, organizada y en marcha, estaba en condiciones de gobernarse a sí misma. Podía decirse entonces: misión cumplida.
Conclusiones
Del análisis del período estudiado pueden extraerse algunas conclusiones. Hay que hablar de un proyecto originario fuertemente influenciado por el pensamiento desarrollista que postulaba un modelo departamental ambientado en un campus centralizado, algo novedoso para la Argentina y cuya principal originalidad consistía en su oferta de carreras y en la articulación entre las mismas que postulaba. Es interesante señalar el papel otorgado a la investigación en este contexto, ya que se proponía explícitamente que estas actividades se orientaran a los aspectos aplicados, y estuvieran vinculadas al requerimiento concreto de la comunidad. Este proyecto no llegó a concretarse en la práctica, por los cambios producidos en el escenario político externo a escasos tres meses de la creación de la universidad. El segundo proyecto, impulsado por Emilio Mignone, fue el que se adoptó cuando la UNLu comenzó a funcionar realmente y se acercaba más a un instituto terciario que a una universidad propiamente dicha. Esto se evidencia en la organización de los planes de estudios, con ciclos de creciente especialización, pero con un nivel máximo de tecnicatura en la mayoría de las carreras. Hay que agregar que en el período en cuestión no se visualizó a la investigación como una misión sustantiva de la nueva universidad. No queda del todo claro si la modificación del proyecto original se debió exclusivamente a las convicciones del nuevo rector o tuvo su origen en la impronta fuertemente populista del gobierno que asumió el poder el 25 de mayo de 1973. La asunción del rectorado por parte de Gerardo Amado marcó un retorno a los lineamientos principales del Estudio de Factibilidad tanto en el aspecto académico como en el de relacionamiento con el medio. La eliminación del título de práctico universitario; la creación de nuevas licenciaturas y la transformación de dos de ellas en ingenierías tenían como objetivo la jerarquización de la institución. También se registran las primeras acciones concretas en el sector de Ciencia y Técnología, como la creación del CODICYT, y la puesta en marcha de un apreciable número de proyectos de investigación. Si en los aspectos académicos los rectorados de Mignone y Amado tuvieron marcadas diferencias, también fueron distintos los contextos políticos en los que les tocó actuar. El período 1973 – 1976 estuvo caracterizado por un extremada violencia política, fruto de los enfrentamientos intestinos del peronismo gobernante. Si bien la situación de la UNLu en ese período fue de relativa calma, hay que reconocer que Mignone tuvo que extremar sus dotes de hábil político para perdurar en su cargo bajo ministros tan disímiles como Taiana e Ivanissevich. En el caso de Amado, su pertenencia a un sector político afín a la dictadura militar, le permitió llevar adelante una gestión moderada sin desatar inicialmente la ira de los sectores militares más retrógrados.
Acta de Constatación de la reunión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Luján., certificada por la Escribana Clara Luz Burgos. Luján 19/12/1985
Más allá de sus diferencias, las dos gestiones tuvieron una característica en común, que fue la concentración del poder de decisión en los rectores. Desde la intervención a las universidades nacionales decidida por la dictadura de Juan Carlos Onganía, estos eran funcionarios dependientes del Ministerio de Educación, que los controlaba en mayor o en menor medida, pero en el orden interno su autoridad era omnímoda. En el caso de una casa de estudios recién creada, esta relación de poder le permitió a Mignone rediseñar la universidad a su gusto y posteriormente a Amado restaurar el proyecto original sin mayores dificultades.
La situación que se vivió durante el período de normalización posterior a la reapertura de la UNLu fue muy diferente, tanto en lo que se refiere al contexto político externo como en el ámbito interno de la institución. A partir de la asunción del presidente Alfonsín el país comenzó a vivir en una democracia republicana, en la que predominaba el diálogo político y se respetaba la separación de poderes. La intervención a las universidades, cuyo objetivo era el retorno a la autonomía plena, tuvo un marco legal específico, que limitaba la autoridad de los Rectores Normalizadores e incorporaba Consejos Superiores Provisorios con poder de decisión. El Poder Ejecutivo se reservaba únicamente el carácter de Asamblea Universitaria, como última instancia para dirimir conflictos. En la dinámica interna de una institución cada vez más participativa influyeron también la lucha contra el cierre y las posteriores movilizaciones en pos de la reapertura. Todo esto generó visiones distintas sobre el futuro de la institución, como se ha señalado anteriormente.
No obstante, las gestiones de Amado y de Fliess coincidieron en el impulso dado a la investigación científica y tecnológica, y en su vinculación con los organismos promotores de estas actividades. Puede concluirse finalmente que si bien existió un hilo conductor entre el proyecto de universidad propuesto en el Estudio de Factibilidad, la experiencia de Mignone y la universidad real surgida de la gestión normalizadora; las diferencias entre lo imaginado y lo que efectivamente sucedió permiten afirmar que lo que ocurrió a partir de 1984 fue una verdadera refundación y no una simple reapertura.