Evaluar para transformar: La Universidad Nacional de Salta en el espejo del aseguramiento de la calidad en Argentina
Evaluate to transform: The National University of Salta in the mirror of quality assurance in Argentina
Panza, María Rosa 
Prof. Adjunta Ética Profesional y Metodología de la Investigación Científica.
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. UNSa.
Doctoranda en Educación Superior Universitaria (UAUAIUNRN) Argentina.
DOI https://doi.org/10.59471/debate2026331
Enviado:27/11/2025. Aceptado: 15/1/2026. Publicado: abril 2026
Como citar: Panza, María Rosa. Evaluar para transformar: La Universidad Nacional de Salta en el espejo del aseguramiento de la calidad en Argentina. https://doi.org/10.59471/debate2026331
Resumen
La evaluación de la calidad en la educación superior se ha consolidado como una política estratégica en América Latina. En Argentina, en particular, con la creación de la CONEAU y la Ley de Educación Superior, se ha estructurado un sistema de aseguramiento que articula los mecanismos de autoevaluación institucional y control externo. Este artículo analiza críticamente los procesos de evaluación externa de la Universidad Nacional de Salta realizados en los años 2000 y 2024, destacando sus alcances, metodologías y efectos en el desarrollo institucional. A través de un enfoque comparativo y multirreferencial, se examina cómo una universidad pública y regional responde a marcos normativos homogéneos sin abandonar su misión social ni su identidad territorial.
El trabajo permite reflexionar sobre las tensiones entre estandarización y diversidad, control externo y mejora interna, calidad técnica y pertinencia social. Asimismo, ofrece aportes teóricos y empíricos para repensar el sentido de la calidad en las universidades periféricas, promoviendo una comprensión crítica del aseguramiento como proceso formativo, situado y contextualizado. Al revisar el caso de la UNSa, se evidencian avances, resistencias y aprendizajes institucionales, abriendo un debate sobre la evaluación como herramienta de transformación y como espejo de las desigualdades estructurales del sistema universitario argentino.
Palabras claves: evaluación externa, calidad educativa, universidad pública, autonomía universitaria, regionalización.
Abstract
Quality assessment in higher education has become established as a strategic policy in Latin America. In Argentina, in particular, with the creation of CONEAU and the Higher Education Law, an assurance system has been structured that articulates institutional
self-assessment and external control mechanisms. This article critically analyzes the
external evaluation processes of the National University of Salta carried out between 2000 and 2024, highlighting their scope, methodologies, and effects on institutional development. By resorting to a comparative and multi-referential approach, we examine how a public, regional university responds to homogeneous regulatory frameworks without abandoning its social mission or territorial identity.
This paper allows for reflection on the tensions between standardization and diversity, external control and internal improvement, technical quality and social relevance. It also offers theoretical and empirical contributions to rethink the meaning of quality in peripheral universities, promoting a critical understanding of assurance as a formative, situated, and contextualized process. By reviewing this case at UNSa, progress, resistance, and institutional learning are revealed. All this opens a debate on evaluation as a tool for transformation and as a mirror of the structural inequalities within the Argentine university system.
Keywords: external evaluation, educational quality, public university, university autonomy, regionalization.
Introducción
En las últimas décadas, el aseguramiento de la calidad en la educación superior se ha convertido en uno de los pilares de las políticas universitarias en América Latina. Este fenómeno responde a múltiples factores: la masificación de la matrícula, la diversificación institucional, la creciente demanda de rendición de cuentas por parte de la sociedad y los organismos internacionales, así como la búsqueda de legitimidad y reconocimiento en un contexto de globalización del conocimiento. En ese marco, se han desarrollado sistemas nacionales y regionales que articulan procesos de evaluación institucional, acreditación de carreras, elaboración de estándares y mecanismos de auditoría. En Argentina, este proceso se formalizó con la sanción de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 en 1995 y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), configurando un modelo mixto que conjuga autoevaluación y control externo.
Sin embargo, el despliegue de estas políticas no ha estado exento de tensiones. La aplicación de criterios homogéneos a un sistema profundamente heterogéneo, la irrupción de lógicas gerencialistas en instituciones con misiones sociales diversas, y el riesgo de convertir herramientas formativas en dispositivos burocráticos, han generado un amplio debate académico y político. Estas controversias adquieren particular relevancia en el caso de las universidades públicas regionales, muchas de las cuales han sido históricamente relegadas en términos de financiamiento, visibilidad e incidencia en la formulación de políticas. La Universidad Nacional de Salta (UNSa), fundada en 1972 con un fuerte compromiso territorial y latinoamericanista, constituye un caso paradigmático para analizar estos procesos desde una perspectiva crítica.
El presente artículo se propone examinar comparativamente los dos procesos de evaluación externa realizados en la UNSa —en los años 2000 y 2024— con el objetivo de identificar sus impactos institucionales, sus alcances metodológicos, las transformaciones que promovieron y los desafíos que persisten. Para ello, se adopta un enfoque multirreferencial que combina el análisis documental, la revisión bibliográfica especializada y una lectura interpretativa de los informes de evaluación. El estudio se inscribe en una perspectiva crítica del aseguramiento de la calidad, entendida no como una técnica neutra, sino como una construcción política e ideológica que expresa determinadas visiones sobre la universidad, su rol en la sociedad y sus vínculos con el Estado.
Desde esta óptica, el artículo se estructura en seis secciones. Tras esta introducción, se desarrolla un marco conceptual que recupera los debates en torno a la calidad en la educación superior y el surgimiento del Estado evaluador. Luego, se presenta la evolución normativa e institucional del sistema argentino de aseguramiento de la calidad, con especial atención al rol de la CONEAU y a los debates actuales y desafíos estructurales en el sistema argentino. En la cuarta sección, se aborda la identidad histórica y territorial de la UNSa como universidad periférica. A continuación, se analizan los dos procesos de evaluación externa, atendiendo a sus contextos, metodologías, hallazgos y recomendaciones. Finalmente, se discuten los aprendizajes, tensiones y proyecciones del caso, con el propósito de aportar elementos para repensar el sentido de la calidad en clave de justicia social, autonomía y transformación universitaria.
2. El aseguramiento de la calidad en América Latina y Argentina
La noción de calidad en la educación superior ha sido objeto de múltiples disputas a lo largo de las últimas décadas. Lejos de constituir un concepto unívoco o neutral, la calidad expresa determinadas concepciones sobre los fines de la universidad, sus modos de organización, sus vínculos con el Estado y la sociedad, y su lugar en la producción y distribución del conocimiento. En América Latina, el auge del aseguramiento de la calidad coincidió con la expansión de los sistemas universitarios y la implementación de reformas estructurales impulsadas por organismos multilaterales desde finales de los años ochenta. Este proceso condujo a la creación de agencias nacionales de evaluación y acreditación, a la institucionalización de dispositivos de control externo y a la difusión de una nueva cultura institucional orientada a la eficiencia, la planificación y la rendición de cuentas (Buchbinder y Marquina, 2008; Brunner, 2008; Lemaitre, 2005).
En este contexto, surgieron dos grandes corrientes de interpretación. Por un lado, un enfoque tecnocrático y funcionalista que asocia la calidad con el cumplimiento de estándares, la medición de resultados y la comparación internacional mediante rankings y acreditaciones. Por otro lado, una perspectiva crítica que entiende la calidad como un concepto relacional, situado y multirreferencial, profundamente vinculado a la pertinencia social, la equidad y la construcción de una ciudadanía democrática (Dias Sobrinho, 2005; Fernández Lamarra, 2015). Esta segunda mirada subraya que la evaluación debe ser un proceso formativo que acompañe los proyectos institucionales, más que un mecanismo de control externo que imponga lógicas homogéneas sobre realidades diversas.
En el caso argentino, el debate sobre la calidad se consolidó a partir de la década de 1990 con la sanción de la Ley de Educación Superior Nº 24521 (1995), que estableció por primera vez un marco normativo nacional para el aseguramiento de la calidad. Esta ley dispuso la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo descentralizado que opera como agencia única y generalista en todo el país. Su mandato abarca la evaluación institucional, la acreditación de carreras de grado y posgrado, y el seguimiento de nuevas universidades privadas o extranjeras. A diferencia de otros modelos regionales que permiten múltiples agencias o acreditaciones sectoriales, el sistema argentino se caracteriza por su centralización y su fuerte impronta estatal (Fernández Lamarra y Aiello, 2014).
2.1 Origen y evolución del Estado evaluador
La instalación del aseguramiento de la calidad se inscribe en una reconfiguración más amplia del rol del Estado en el ámbito educativo. A partir de los años noventa, la noción de “Estado evaluador” desplazó progresivamente al modelo del Estado benefactor, impulsando una lógica de gobernanza basada en resultados, estándares y control de desempeño. Este giro implicó una transformación en los instrumentos de gestión universitaria, con la introducción de indicadores de eficiencia, contratos-programa, auditorías y sistemas de información institucional. Si bien estas herramientas permitieron mejorar la planificación y la transparencia, también suscitaron críticas por su sesgo tecnocrático, su impacto sobre la autonomía académica y su tendencia a priorizar dimensiones cuantificables por sobre los aspectos formativos y pedagógicos (Díaz Barriga, 2003).
En América Latina, la CRES 2018 (Conferencia Regional de Educación Superior) promovió una visión alternativa, instando a construir sistemas de calidad “pintados de muchos colores”, que reconozcan la diversidad epistémica, cultural y territorial de las universidades de la región. Esta declaración subraya que la calidad no puede definirse exclusivamente desde parámetros globales o estandarizados, sino que debe articularse con los proyectos institucionales y las necesidades de las comunidades a las que las universidades sirven. Desde esta perspectiva, la evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar el derecho a una educación superior crítica, inclusiva y socialmente comprometida (UNESCO-IESALC, 2018).
La internacionalización, por su parte, contribuyó no solo la movilidad académica y la firma de convenios, sino la influencia de modelos de evaluación adoptados en otras regiones, como el caso de Europa mediante el Proceso de Bolonia, o América del Norte con la variante de acreditación disciplinar y regional.
3. Evolución normativa e institucional del sistema argentino de aseguramiento de la calidad. Rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
La Ley de Educación Superior Nº 24.521, sancionada en 1995, marcó un punto de inflexión en la regulación del sistema universitario argentino. Esta ley fue producto de un intenso proceso de negociación política y académica, y sentó las bases para la evaluación institucional y la acreditación de carreras, en un contexto de modernización del Estado y presión por garantizar estándares mínimos de calidad (Fernández Lamarra y Aiello, 2014).
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran: a) La definición del sistema universitario como un conjunto de instituciones públicas y privadas sujetas a evaluación; b) La obligatoriedad de las evaluaciones institucionales externas cada seis años (art. 44); c) La acreditación obligatoria para las carreras de grado consideradas de interés público (art. 43) y todos los posgrados (art. 45); d) La regulación de nuevas universidades privadas, con informes previos obligatorios de CONEAU para su autorización (art. 63-65).
3.1 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue establecida por la LES como un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación. Su diseño institucional buscó conjugar autonomía técnica con legitimidad académica, incorporando a especialistas reconocidos del ámbito universitario (Fernández Lamarra y Aiello, 2014).
Desde su creación, la CONEAU ha tenido tres funciones centrales: 1) Evaluación institucional (formativa, a partir de autoevaluaciones); 2) Acreditación de carreras de grado y posgrado y 3) Autorización y seguimiento de instituciones universitarias privadas y extranjeras.
A diferencia de los modelos de acreditación sectorial, como es el caso de Estados Unidos o México, la CONEAU actúa como una agencia única y generalista, abarcando todas las disciplinas, niveles y tipos de instituciones. Este diseño permitió consolidar un modelo nacional con criterios comunes, aunque también ha generado tensiones con la autonomía universitaria. Si bien ha logrado institucionalizar una cultura evaluativa, también ha sido criticada por imponer criterios uniformes que no siempre reconocen la diversidad regional ni los proyectos institucionales autónomos.
3.1.1 Evaluación Institucional
La evaluación institucional es el componente más claramente formativo del sistema. Se compone de dos etapas: la autoevaluación realizada por cada universidad, y la evaluación externa coordinada por la CONEAU. El documento “Lineamientos para la Evaluación Institucional” (1997) establece criterios generales pero flexibles, que permiten a las universidades adaptar el proceso a su propio proyecto institucional (Fernández Lamarra y Aiello, 2014).
La CONEAU ha influido no solo en la gestión académica, sino también en áreas como la extensión universitaria. La evaluación ha promovido la reflexión institucional, pero también ha generado tensiones entre estandarización y diversidad de funciones (Gómez Arn, 2019). Sin embargo, este enfoque ha buscado promover la mejora continua sin imponer un modelo único, y ha favorecido la participación activa de la comunidad académica en la definición de sus fortalezas y debilidades.
3.1.2 Evaluación de carreras de grado y postgrado
La acreditación de carreras, en cambio, tiene un carácter más normativo y evaluativo, especialmente para aquellas consideradas de interés público (como Medicina, Psicología, Ingeniería, Contador Público y Abogado). Estos procesos se basan en estándares acordados entre la CONEAU y los equipos de pares evaluadores disciplinares, aunque la agencia conserva un rol decisivo en la evaluación final.
Los estándares abarcan dimensiones como el plan de estudios, la carga horaria práctica, el cuerpo docente, la infraestructura y el vínculo con el medio. También se ha incorporado un enfoque progresivo, permitiendo acreditaciones intermedias de tres años con planes de mejora.
La Ley de Educación Superior Nº 24521 establece en su artículo 46 que las carreras de posgrado deberán someterse periódicamente a procesos de evaluación y acreditación a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o de entidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación. Este mandato legal busca garantizar la calidad académica de las ofertas de especialización, maestría y doctorado, en términos de pertinencia científica, consistencia curricular y solvencia institucional. La normativa dispone que tales procesos contemplen tanto los recursos humanos y materiales disponibles como la coherencia entre los objetivos formativos, los contenidos y los mecanismos de seguimiento de los estudiantes y graduados.
En el caso particular de las carreras de posgrado, la CONEAU ha desarrollado un modelo específico de acreditación sustentado en criterios y estándares diferenciados según el nivel de la formación. Las especializaciones se evalúan principalmente en función de su vinculación con el ejercicio profesional y la actualización de competencias; las maestrías deben demostrar un equilibrio entre la formación académica y la aplicación de conocimiento; y los doctorados se valoran por su capacidad de generar producción científica original y consolidar comunidades académicas. En todos los casos, los informes de autoevaluación institucional y las visitas de pares académicos constituyen instancias esenciales para garantizar la transparencia y la mejora continua del sistema de posgrado universitario argentino.
Por ello, la evaluación de los posgrados en Argentina se enmarca en un enfoque de aseguramiento de la calidad que busca fortalecer la articulación entre docencia, investigación y extensión, promoviendo la internacionalización y la cooperación interinstitucional. Este proceso no sólo tiene implicancias académicas, sino también de política pública, al consolidar la confianza social en los títulos otorgados y asegurar la equivalencia y reconocimiento de los estudios en el ámbito regional e internacional, conforme a los acuerdos del Mercosur Educativo y a las recomendaciones de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES).
La LES también establece mecanismos de auditoría institucional, especialmente para el seguimiento de universidades privadas y extranjeras. En este sentido, la CONEAU debe emitir informes sobre el cumplimiento de los objetivos y el ajuste al proyecto institucional (art. 64-65 de la LES). Además, evalúa solicitudes para crear agencias privadas de evaluación, aunque con funciones limitadas y subordinadas a su aprobación.
3.1.3 Debates actuales y desafíos estructurales en el sistema argentino
El sistema argentino de aseguramiento de la calidad, estructurado a partir de la LES y operado por la CONEAU, ha logrado institucionalizar procesos que combinan la mejora continua con el cumplimiento de estándares mínimos. A pesar de los debates sobre autonomía y control, este modelo ha permitido un avance significativo en la cultura evaluativa de las universidades. Sin embargo, la evaluación de la docencia debe integrarse a los procesos institucionales de toma de decisiones, considerando el contexto específico de cada universidad argentina y sus funciones académicas ampliadas (Fernández Lamarra y Coppola, 2010).
Asimismo, el modelo argentino de aseguramiento de la calidad ha logrado consolidar una cultura evaluativa en muchas universidades, promoviendo prácticas de autoevaluación, planificación y mejora continua. No obstante, persisten desafíos significativos. Por un lado, la homogeneización de criterios tiende a invisibilizar las diferencias entre universidades metropolitanas y regionales, públicas y privadas, de reciente creación o centenarias. Por otro lado, los procesos de evaluación muchas veces se ven afectados por limitaciones estructurales, como la falta de recursos, la baja capacidad técnica de algunos equipos institucionales o la desconexión entre evaluación y toma de decisiones, sin embargo, impactan de en el diseño de proyectos de mejora y el saber organizacional (Guaglianone, 2010; 2017).
A su vez, la creciente influencia de rankings internacionales —como QS, World University Ranking, Times Higher Education (THE) o ARWU, el Ranking Académico de Shangai— ha introducido una lógica de competencia global que puede desvirtuar los objetivos fundacionales de las universidades públicas. Estos instrumentos, basados en criterios como la producción científica indexada, la internacionalización y la reputación, tienden a penalizar a las universidades que priorizan la inclusión social, la extensión territorial y la formación de estudiantes de primera generación. En consecuencia, muchas instituciones se ven presionadas a ajustar sus estrategias para mejorar su visibilidad global, incluso a costa de su misión social (Barsky, 2018).
En este panorama, la Universidad Nacional de Salta representa un caso ilustrativo para analizar cómo una universidad pública regional se posiciona frente a las políticas de aseguramiento de la calidad, intentando equilibrar la adecuación a estándares nacionales con la defensa de su identidad, su autonomía y su compromiso con el desarrollo territorial.
4. La Universidad Nacional de Salta: historia periférica y mandato emancipador
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) fue creada en 1972 en el marco del denominado Plan Taquini, una política de regionalización impulsada durante la última dictadura militar argentina, cuyo objetivo era ampliar la cobertura del sistema universitario y descentralizar la oferta académica (Canal Oficial UNRN, 2018)). Sin embargo, como advierte Candia Sainz (2014), esta fundación no puede leerse únicamente como una estrategia de expansión territorial del sistema, sino también como una construcción discursiva y política orientada a consolidar un polo de desarrollo científico, técnico y cultural en el noroeste argentino. Desde sus orígenes, la UNSa fue concebida como una universidad con identidad propia, fuertemente vinculada a las necesidades de su entorno regional y a la promoción de un modelo de educación superior comprometido con el desarrollo nacional.
El “Estudio de Factibilidad” que sustentó la creación de la universidad propuso una visión original, descolonizadora y no subordinada a las lógicas centralistas que históricamente dominaron el sistema universitario argentino. Sin embargo, en la práctica, la UNSa ha sido tratada con frecuencia como una institución periférica y dependiente, sujeta a los vaivenes de las políticas públicas nacionales, a los condicionamientos del financiamiento y a las brechas estructurales que afectan al interior del país. Esta tensión entre el proyecto fundacional y las condiciones materiales e institucionales ha marcado de manera profunda la trayectoria de la universidad, obligándola a articular su misión transformadora con procesos de adaptación a normativas nacionales homogéneas.
A lo largo de su historia, la UNSa ha sostenido una identidad latinoamericanista, popular e inclusiva, asumiendo el desafío de garantizar el acceso a la educación superior en una región históricamente postergada. Este compromiso se expresa tanto en la expansión de su cobertura territorial —con sedes en localidades del interior provincial como Tartagal, Orán, Metán y Rosario de la Frontera— como en su esfuerzo por articular sus funciones sustantivas con las necesidades sociales y productivas del entorno. La universidad ha procurado formar profesionales con arraigo territorial, desarrollar investigaciones con impacto local y fortalecer prácticas de extensión que respondan a los desafíos del noroeste argentino.
En este marco, el aseguramiento de la calidad y, particularmente, los procesos de evaluación externa, han representado una oportunidad, pero también un desafío. Por un lado, han permitido sistematizar prácticas institucionales, identificar fortalezas y debilidades y promover la planificación estratégica. Por otro lado, han implicado un esfuerzo de traducción institucional de sus especificidades a los marcos estandarizados promovidos por la CONEAU. Esta tensión es central para comprender la experiencia de la UNSa en materia de evaluación institucional y para analizar, desde una perspectiva crítica, los modos en que las universidades periféricas se posicionan frente a las políticas nacionales de calidad.
5. Los procesos de evaluación externa en la UNSa: entre fundación, consolidación y desafíos
5.1. Primer proceso de evaluación externa (año 2000): contexto, enfoque y recomendaciones
La primera evaluación externa de la Universidad Nacional de Salta tuvo lugar en el año 2000, en un contexto nacional de consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad, impulsado por la reciente implementación de la Ley de Educación Superior Nº 24521 (1995) y la puesta en funcionamiento de la CONEAU. Esta instancia se desarrolló en una coyuntura provincial marcada por la expansión acelerada de la matrícula universitaria, demandas sociales intensas y condiciones estructurales desfavorables. La UNSa, como muchas universidades públicas regionales, enfrentaba importantes limitaciones presupuestarias, fragmentación organizativa y desafíos de gobernabilidad.
El proceso se inició con una autoevaluación interna desarrollada por la propia universidad a partir de mediados de los años noventa, en articulación con la Red Columbus. Esta fase incluyó talleres participativos, encuestas, análisis FODA en distintas unidades académicas y secretarías, así como espacios de reflexión institucional. La evaluación externa fue conducida por un comité de pares designado por CONEAU, que adoptó una metodología cualitativa, multirreferencial e interpretativa, priorizando la comprensión holística de la universidad más que la aplicación estricta de indicadores cuantitativos.
El informe final destacó múltiples tensiones estructurales: debilidades en la planificación, escasa articulación entre funciones sustantivas, fragmentación de la estructura organizativa y falta de integración entre sedes centrales y regionales. Sin embargo, también se identificaron fortalezas significativas, entre ellas, el compromiso del cuerpo docente, la orientación social de su proyecto institucional y el papel de la UNSa como referente académico en la región del NOA. Las recomendaciones del comité evaluador hicieron énfasis en la necesidad de explicitar un proyecto institucional de largo plazo, fortalecer las capacidades de gestión, profesionalizar áreas clave y consolidar una cultura institucional orientada al mejoramiento continuo (CONEAU, 2000).
5.2. Segundo proceso de evaluación externa (año 2024): avances, transformaciones y persistencias
La segunda evaluación externa fue realizada en el año 2024, en el marco de los lineamientos actualizados de la CONEAU, que introdujeron nuevos énfasis en la vinculación territorial, la equidad en el acceso y la permanencia, así como en el fortalecimiento de la función de investigación. Este proceso tuvo lugar en una etapa institucional distinta, caracterizada por una mayor madurez organizativa, una cultura evaluativa incipiente pero consolidada, y una expansión significativa en la oferta académica y territorial de la universidad.
Entre los principales avances, el informe del comité evaluador subrayó la modernización de los sistemas de información, la diversificación de carreras tanto en la sede central como en las sedes regionales, y el desarrollo de líneas de investigación vinculadas con problemáticas territoriales. También se valoraron positivamente las políticas de bienestar estudiantil y la apertura de espacios institucionales para la planificación participativa. Asimismo, la UNSa mostró mejoras en la articulación de funciones sustantivas, especialmente entre docencia e investigación, así como en la profesionalización de la gestión académica y administrativa.
No obstante, persistieron desafíos estructurales, tales como la débil articulación entre facultades y rectorado, tensiones políticas internas que obstaculizan procesos de mejora continua, limitaciones presupuestarias crónicas y dificultades para integrar la evaluación como una práctica sistemática en todas las unidades académicas. El comité recomendó profundizar los procesos de formación interna en evaluación, fortalecer los vínculos con el entorno social y productivo del NOA, y consolidar una planificación estratégica a largo plazo (CONEAU, 2024).
5.3. Comparación crítica: trayectorias institucionales y aprendizajes
La comparación entre ambas evaluaciones externas permite observar una evolución institucional significativa. Mientras que el proceso de 2000 supuso una instancia fundacional, con alta carga diagnóstica y escasa sistematización interna, la evaluación de 2024 se inscribe en una etapa de mayor discernimiento organizativo y de apropiación institucional del aseguramiento de la calidad. La UNSa transitó de una lógica reactiva a una progresivamente más proactiva, aunque no exenta de tensiones internas ni de resistencias estructurales.
Ambos procesos reflejan con claridad los vaivenes del sistema universitario argentino: desde las políticas neoliberales de los años noventa, que impulsaron reformas gerencialistas en las universidades públicas, hasta los intentos posteriores por recuperar la función social de la universidad y fortalecer su compromiso territorial. En este sentido, la UNSa ha sido capaz de sostener, en ambos procesos, una identidad institucional anclada en su territorio, reafirmando su misión regional y su apuesta por una educación superior inclusiva, crítica y transformadora.
Este tránsito revela un aprendizaje institucional importante: la evaluación externa, lejos de ser únicamente un mecanismo de control, puede convertirse en una herramienta de fortalecimiento institucional, siempre que se contextualice, se vincule con procesos de planificación realistas y se acompañe de políticas públicas de apoyo.
6. Discusión crítica y desafíos del aseguramiento de la calidad en universidades periféricas
6.1 Evaluar desde los márgenes: tensiones y posicionamientos
El análisis de los dos procesos de evaluación externa en la Universidad Nacional de Salta permite visibilizar las tensiones estructurales que enfrentan las universidades públicas periféricas en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad centralizado, estandarizado y orientado, en muchos casos, por lógicas externas. La UNSa ha debido traducir sus particularidades territoriales, sus desafíos históricos y sus proyectos institucionales a un lenguaje técnico-normativo diseñado desde el centro, en diálogo desigual con modelos de universidad que responden a otros contextos sociales, culturales y económicos.
Una de las principales tensiones reside en la dicotomía entre homogeneización y diversidad institucional. Mientras los marcos regulatorios nacionales exigen estándares comunes, muchas universidades como la UNSa reclaman criterios que reconozcan sus especificidades regionales, sus trayectorias históricas y sus apuestas por la justicia social. Esta demanda ha sido recogida parcialmente por la CONEAU, que en sus lineamientos más recientes ha promovido una evaluación contextualizada, aunque sin romper con la lógica prescriptiva que sustenta el modelo.
Otra tensión se encuentra entre la reputación externa, frecuentemente asociada a rankings, visibilidad internacional y estándares cuantificables, y la pertinencia social, entendida como la capacidad de la universidad para responder a las necesidades de su entorno. En universidades como la UNSa, cuyos aportes se orientan a la inclusión, la equidad y el desarrollo territorial, esta disyuntiva se vuelve crítica. Tal como advierten Barsky (2018) y Strah (2022), los criterios de calidad dominantes tienden a invisibilizar funciones fundamentales de las universidades públicas latinoamericanas, como la extensión universitaria, la formación de primera generación y la vinculación con sectores excluidos.
En este marco, los rankings internacionales han introducido una lógica de competencia global que afecta directamente a las universidades regionales. Estos instrumentos, fuertemente influidos por criterios de productividad científica en inglés, internacionalización y prestigio simbólico, premian a instituciones con mayores recursos, redes consolidadas y proyección global (Barsky, 2012). Las universidades periféricas, en cambio, suelen quedar relegadas, no por falta de calidad, sino por operar bajo otros principios: compromiso territorial, inclusión social, pertinencia cultural. Esta asimetría reproduce desigualdades históricas y tensiona el sentido público de la universidad.
Además, los procesos de evaluación, si bien han promovido instancias valiosas de reflexión institucional, en muchos casos no se traducen en acciones concretas ni en políticas públicas de fortalecimiento. La responsabilidad de la mejora sigue recayendo casi exclusivamente en las universidades, sin garantías de financiamiento adecuado ni acompañamiento sostenido. En este punto, la CRES 2018 ha sido enfática: el aseguramiento de la calidad debe ir acompañado de políticas de apoyo, inversión estructural y respeto por la autonomía institucional.
Desde una perspectiva crítica, es necesario avanzar hacia una resignificación del concepto de calidad. Esta resignificación implica desplazar el foco desde la medición estandarizada hacia la comprensión situada de los procesos institucionales, valorando dimensiones como la inclusión, la equidad, la relevancia social, la democracia interna y el arraigo territorial. Evaluar, en este marco, no es controlar ni auditar, sino reflexionar colectivamente sobre el sentido de la universidad, sus logros y sus límites, sus vínculos con la sociedad y su capacidad transformadora.
La experiencia de la Universidad Nacional de Salta permite afirmar que, incluso en contextos de fuerte desigualdad estructural, es posible construir una cultura institucional de evaluación que no renuncie a los principios fundacionales de la universidad pública latinoamericana. Pero para ello es imprescindible que el aseguramiento de la calidad no se convierta en una herramienta de exposición ni en un obstáculo a la autonomía, sino en una vía para potenciar el sentido público, plural y emancipador de la educación superior.
Conclusiones y recomendaciones para una calidad universitaria situada y transformadora
El análisis comparado de los procesos de evaluación externa realizados en la Universidad Nacional de Salta durante los años 2000 y 2024 permite trazar una trayectoria institucional marcada por la tensión constante entre adaptación normativa y defensa de una identidad regional y socialmente comprometida. A lo largo de estas dos décadas, la UNSa transitó de una cultura evaluativa incipiente, con escasa articulación sistémica y participación desigual, hacia un modelo más consolidado, aunque aún atravesado por limitaciones estructurales, resistencias internas y desafíos de integración institucional.
Ambos procesos revelan que el aseguramiento de la calidad puede convertirse en una herramienta de fortalecimiento si se contextualiza adecuadamente, se integra a la planificación estratégica y se orienta a la mejora continua desde una lógica inclusiva. No obstante, también advierten sobre los riesgos de imponer modelos homogéneos, burocráticos o competitivos que no reconocen las funciones sustantivas que cumplen las universidades regionales y públicas en contextos históricamente postergados. Evaluar no puede ser sinónimo de controlar ni competir: debe implicar comprender, transformar y construir desde las diferencias.
En ese sentido, la experiencia de la UNSa deja al descubierto la necesidad de resignificar el concepto de calidad universitaria desde una perspectiva latinoamericana, plural y emancipadora. Una calidad que no se reduzca a la eficiencia técnica ni a la reputación internacional, sino que integre la inclusión, el arraigo territorial, el pensamiento crítico, la responsabilidad social y el compromiso con la equidad. Solo así será posible que la evaluación sirva no como espejo de desigualdades, sino como catalizador de transformaciones institucionales justas y sostenibles.
Recomendaciones
A partir del estudio realizado, se proponen las siguientes líneas de acción orientadas a fortalecer el desarrollo institucional de la Universidad Nacional de Salta, y de otras universidades públicas regionales, en el marco del aseguramiento de la calidad: a) Reafirmar el proyecto institucional en torno a una misión crítica, socialmente comprometida y territorialmente situada, integrando la evaluación como herramienta estratégica y no como exigencia externa; b) Fortalecer los equipos de investigación institucional y los sistemas de información, promoviendo la producción de datos confiables que permitan planificar, evaluar y tomar decisiones con base en evidencia contextualizada; c) Consolidar espacios de formación y debate interno sobre evaluación y calidad, especialmente en las sedes regionales, con el fin de democratizar el proceso, fomentar la apropiación institucional y evitar su tecnocratización; d) Profundizar la vinculación con actores sociales y gubernamentales del NOA, incorporando criterios de pertinencia territorial en los planes de mejora, la oferta académica y las políticas de investigación y extensión; e) Articular mecanismos internos de evaluación formativa con políticas nacionales y regionales de integración académica, como el sistema ARCU-SUR, sin perder la autonomía ni la especificidad institucional.
Estas orientaciones, si son acompañadas por políticas públicas adecuadas y financiamiento sostenido, pueden contribuir a consolidar una UNSa más reflexiva, integrada y transformadora, capaz de dialogar con los estándares de calidad sin subordinarse a modelos ajenos a su realidad. En definitiva, la evaluación universitaria debe servir para fortalecer el valor público del conocimiento, el derecho a la educación superior y el horizonte de justicia social en América Latina.
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