Origen y evolucion de la Universidad Ecuatoriana
Origin and evolution of the Ecuadorian University
Jorge Mendoza Cedeño 
Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. Docente investigador. Ingeniero Civil-especialización hidráulica. Master en Estadística Aplicada. Doctorando en la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires.
DOI https://doi.org/10.59471/debate2025314
Enviado: marzo de 2025. Aceptado: mayo de 2025. Publicado: 30/06/2025
Como citar: Mendoza Cedeño, J. (2025). Origen y evolución de la universidad ecuatoriana .
Debate Universitario, 17(26). https://doi.org/10.59471/debate2025314
Resumen
El origen y desarrollo de la educación superior en Ecuador, contextualizándola dentro de la evolución de la universidad a nivel mundial. Se resalta que las universidades surgieron en la Edad Media como respuesta a la necesidad de formación en teología, derecho y medicina, influenciadas por instituciones previas en Europa, Asia y el mundo islámico.
En Ecuador, la educación superior colonial estuvo bajo el control de órdenes religiosas como los jesuitas y dominicos. Se crearon instituciones como la Universidad de San Fulgencio (1586), la Universidad de San Gregorio Magno (1622) y la Universidad Santo Tomás de Aquino (1688), las cuales formaban elites criollas dentro de un modelo aristocrático y clerical. En 1786, la Corona española fundó la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino, base de la futura Universidad Central del Ecuador (1826).
Durante el siglo XIX, la educación superior se expandió con la fundación de universidades en Guayaquil y Cuenca. En el siglo XX, la educación universitaria experimentó cambios con la autonomía universitaria (1938) y la creación de nuevas universidades públicas y privadas. La Constitución de 2008 estableció la gratuidad de la educación superior pública y la evaluación de las instituciones, resultando en el cierre de varias universidades de baja calidad.
Palabras claves: Educación superior, Universidad colonia, Jesuitas y dominicos
Abstract
The origin and development of higher education in Ecuador, contextualizing it within the evolution of the university worldwide. It is highlighted that universities emerged in the Middle Ages as a response to the need for training in theology, law and medicine, influenced by previous institutions in Europe, Asia and the Islamic world.
In Ecuador, colonial higher education was under the control of religious orders such as the Jesuits and Dominicans. Institutions such as the University of San Fulgencio (1586), the University of San Gregorio Magno (1622) and the University of Santo Tomás de Aquino (1688) were created, which formed Creole elites within an aristocratic and clerical model. In 1786, the Spanish Crown founded the Royal Public University of Santo Tomás de Aquino, the base of the future Central University of Ecuador (1826).
During the 19th century, higher education expanded with the founding of universities in Guayaquil and Cuenca. In the 20th century, university education underwent changes with university autonomy (1938) and the creation of new public and private universities. The 2008 Constitution established free public higher education and the evaluation of institutions,
resulting in the closure of several low-quality universities.
Keywords: Higher education, Colonial University, Jesuits and Dominicans
INTRODUCCION
A lo largo de la historia, la educación ha sido un elemento fundamental en la sociedad, influyendo en el desarrollo de todos sus miembros, especialmente en los jóvenes. Este proceso ha permitido la formación de personas más competentes para el trabajo y mejor preparadas para vivir en una sociedad democrática. La educación evoluciona junto a las sociedades, reflejando sus estructuras cambiantes, contradicciones, problemas, y su constante crecimiento y diversificación.
Los cambios en la estructura social, los métodos de producción, los avances en la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo cultural, han generado una mayor necesidad de especialización, dando lugar al surgimiento y expansión de la educación superior.
A medida que se intensifica la especialización laboral, aumenta el conocimiento y los Estados buscan garantizar el derecho a la educación y modelar la conducta social, surge de forma gradual una compleja estructura académica, administrativa y financiera. Esta estructura es responsable de establecer los objetivos educativos y de gestionar la educación formal para las nuevas generaciones (Valle, 1996). Dentro de esta estructura, destacan las instituciones de educación superior, en particular la universidad, cuyo origen se analizará a continuación.
Es esencial indicar que las universidades como centros de aprendizaje (para jóvenes y adultos) superiores, permanentes y estructurados, tuvieron su origen en Europa y se desarrollaron institucionalmente durante la Edad Media, especialmente como respuesta a la necesidad de la iglesia y la aristocracia (sectores dominantes de la época) de preparar sacerdotes, juristas y médicos, destinados a satisfacer las tres exigencias elementales del hombre y de la sociedad.
En ocasiones surgieron otras dentro de las escuelas o seminarios religiosos, por iniciativas de jóvenes estudiantes y, posteriormente, mediante creación especial por parte de las autoridades civiles o eclesiásticas(Ghio, 2007).
En sus inicios, la universidad era identificada con el término de «studium generale» o «studium universale», con lo cual se comunicaba a todos los interesados en educación superior, la connotación de escuela abierta. En el siglo XIV, comienza a extenderse la expresión «universitas», la cual era utilizada en estas casas de estudio para referirse más bien al conjunto de maestros que en ellas enseñaban o al conjunto de estudiantes que en ellas habitaban. Es justo indicar que la universidad tiene antecedentes importantes en culturas avanzadas de la antigüedad, entre las que vale la pena mencionar a la célebre y milenaria Academia, fundada en Atenas por Platón en el año 387 antes de nuestra era, así como otras escuelas filosóficas similares que existieron en China, India y Alejandría(Casado Arboniés et al., 2013).
Igualmente, son antecedentes importantes las escuelas jurídicas creadas en época del Imperio Romano, las escuelas de medicina que aparecieron en el siglo VI en el sur de Italia por obra de los monjes benedictinos Benito y Casiodoro, y los grandes centros culturales o filosóficos árabes y hebreos, creados desde el siglo IX en Bagdad, y después en España, en los cuales actuaron figuras notables como Averroes, Avicena, Avicebrón y Maimónides(Rivera Flores & DT-Indacochea Mendoza, 2012).
ORIGEN DE EDUCACION SUPERIOR
Las universidades medievales como resultado de un movimiento, en donde los estudiantes se reunían alrededor de los maestros en escuelas agregadas a catedrales, en centros conocidos como «estudia generalia» y con un enfoque básicamente teológico. Por esta razón, en la edad media, las universidades fueron valoradas por su distanciamiento del mundo.Las universidades de la Alta Edad Media aportaron a los estudiantes educación artística liberal básica y la oportunidad de continuar estudiando Leyes, Medicina o Teología(Palacios, 2020).
En esa época la educación descansaba, sobre todo, en el clero; es decir, en los monjes. Sin embargo, las escuelas monásticas fueron centros de aprendizaje desde el siglo IX y fueron rebasadas en el curso del siglo XI por las escuelas catedralicias, organizadas por el clero secular (monástico). Las escuelas catedralicias se extendieron con rapidez en el siglo XI. En el año 900 había veinte, pero para el año 1000, el número de escuelas se había incrementado a doscientas, ya que cada ciudad catedralicia se sentía obligada a establecer una (Arias Alamilla et al., 2012).
Cabe mencionar que, en la Edad Media, las mujeres no asistían a las escuelas. En esa época no se aplicaban exámenes después de una serie de lecciones, pero cuando un estudiante solicitaba un grado, un tribunal de maestros lo sometía a un examen oral comprehensivo. Estos exámenes se realizaban después de un periodo de estudio que podía alargarse de cuatro a seis años. El primer grado que un estudiante podía obtener era un B.A., o bachiller en Artes, más tarde podía recibir un M.A. (maestro en Artes). Todos los grados eran técnicamente licencias para enseñar, aunque la mayoría de los estudiantes que las recibían no ejercían como maestros(Veloz Navas, 2016).
Una vez que el estudiante completaba el currículo de artes liberales, podía estudiar Derecho, Medicina o Teología, que se consideraban las disciplinas más importantes en el currículo medieval. El estudio de estas ramas era un largo proceso que podría prolongarse una década o más. A un estudiante que aprobara sus exámenes finales orales se le daba el grado de Doctor, lo cual le permitía impartir su cátedra de manera oficial(en Ecuador, 2012).
La fundación de la Universidad de Bolonia coincidió con la renovación del interés por el derecho romano, sobre todo por el redescubrimiento del Código de Derecho Civil de Justiniano, lo cual influenció a las universidades británicas de Oxford y Cambridge, que heredaron su estructura institucional(Remy & Domínguez, 2024).
La invasión de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano habían dejado al país en una gran confusión legislativa. Únicamente algunos grupos locales de juristas (de Pavía, Pisa, Rávena y Bolonia) conservaban cierta tradición jurídica. La actuación destacada de algunos comentaristas jurídicos residentes en Bolonia –especialmente Alberto, Pepón e Irnerio– hace que a inicios del siglo XII comiencen a acudir a esta ciudad, numerosos estudiantes interesados en los estudios de Derecho desde diferentes partes de Europa(Pérez, 1996).
Los jóvenes se agrupaban por naciones y como colectividad global (universitas scholarium), para la defensa de sus intereses comunes, iniciaban prácticas con las cuales posteriormente se consagraban como entes importantes de la institución universitaria, dando origen a lo que hoy se conoce como cogobierno. De este modo contrataban y pagaban a sus maestros, elegían al rector o director de la comunidad, concedían a sus maestros ciertos poderes disciplinarios y lograban, con su unidad y trabajo organizado, que la municipalidad de Bolonia, interesada en retener en el lugar una población que engrandecía y daba fama a la ciudad, confiriera numerosos privilegios a maestros y estudiantes, tales como el derecho a resolver internamente sus conflictos, la protección del recinto universitario y la exoneración de impuestos municipales(Fernando Álvarez-Velázquez, 2022).
De este modo, durante siglos, la Universidad de Bolonia progresa y crece en un ambiente de gran libertad, lo que permitió a sus maestros y estudiantes cumplir avances notables, no solamente en la Ciencia Jurídica y en Medicina, sino igualmente en Matemáticas, área en la cual se reconoce como cuna del Álgebra Moderna y del Cálculo Microscópico, lo mismo que en Botánica, Física y Astronomía. En esta universidad de Bolonia, y en las que la imitaron, el grado más elevado que se otorgaba era el de Doctor (del latín «docere», es decir, «enseñar»), el cual significaba, originalmente, «alguien que enseña»(Rodríguez et al., 2017).
De acuerdo con el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (s.f.), en el mundo hispanoparlante, la Universidad de Salamanca es considerada como la más antigua. Fue fundada en el año 1218 por el rey Alfonso IX de León. Entre la legislación institucional de la universidad salmantina, se destaca la carta otorgada por el rey Alfonso X, con fecha 8 de mayo del año 1254, en la que se establecieron los procedimientos de organización y dotaciones financieras y las autorizaciones pontificias de Alejandro IV, expedidas en el año 1255, por las que se confirmó la fundación universitaria, se reconoció la validez universal de los grados por ella otorgados y se le concedió el privilegio de tener sello propio(Remy & Domínguez, 2024).
Los estatutos de estudios y vida académica de la Universidad de Salamanca, fue obra del papado en los siglos medievales y del monarca y su consejo, mediante la figura de los funcionarios, a partir del siglo XVI. Las reglas universitarias consagraban ciertos libros, autores y materias, que tendrían vigencia hasta las reformas ilustradas: Derecho Romano o Justinianeo en Leyes, Decretales Pontificias en Cánones, Teología Metafísica de Escuelas, en Teología, Galeno e Hipócrates en Medicina, la filosofía de Aristóteles en Artes y Filosofía, así como Euclides y Ptolomeo en Astrología y Matemáticas, junto con otros clásicos latinos y griegos (Menacho, 2008).
A mediados del siglo XVI, la agrupación del Derecho, la Teología Tomista, las nuevas lógicas y las lenguas clásicas se reúnen en la llamada Escuela de Salamanca, representada en la figura de Francisco de Vitoria. Entre sus contribuciones se destaca la reflexión práctica sobre ciertos problemas que resultaron de la expansión europea y colonización y transculturación americana: la naturaleza del poder y de la justicia, los derechos de la persona y del Estado, la comunidad internacional y el derecho de gentes, los conflictos internacionales y guerra justa.
A los cambios preponderantes de transmisión de conocimientos en las distintas materias, se añaden otras interpretaciones del saber y el magisterio, como el pensamiento teológico y filológico de Fray Luis de León. Esto aporta complejidad y riqueza cultural a la Salamanca de aquel entonces (de Vitoria, 2012).
Con estos beneficios especiales, junto con otros adicionales y gracias a la acumulación de un importante patrimonio tanto inmobiliario como mobiliario, se financiaban alrededor de 60 cátedras, tanto temporales como vitalicias, distribuidas en cinco facultades oficiales: Cánones, Leyes, Teología, Medicina, Artes/Filosofía, además de enseñanzas complementarias en Humanidades, Lenguas, Matemáticas y Música. Más adelante, la construcción de las Escuelas Mayores y Menores durante los siglos XV y XVI permitió a la Universidad contar con un espacio propio para impartir sus clases, sustituyendo así las dependencias y locales, que hasta ese momento habían sido alquilados o cedidos para este propósito (de Vitoria, 2012).
En 1837, la ley del programa desamortizador de Mendizábal eliminó los diezmos eclesiásticos, que hasta entonces habían sido la principal fuente de financiamiento de la Universidad de Salamanca. A partir de entonces, la universidad comenzó a financiarse mediante los ingresos obtenidos de los derechos de matrícula y otros pagos académicos, además de los fondos asignados por los presupuestos generales del Estado (en Ecuador, 2012).
ORIGEN DEL SISTEMA ECUATORIANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La historia de la educación superior en Ecuador tiene sus inicios en la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino de Quito, cuyos estatutos provisionales fueron aprobados en 1787 y reformados en 1800. Durante la colonia, esta universidad se mantuvo al margen de las luchas independentistas.
Con la creación de la Gran Colombia, la Ley General de Educación Superior de 1826 estableció universidades centrales en las capitales de los departamentos. En Quito, esto marcó la fundación de la Universidad Central del Ecuador sobre la base de la antigua universidad colonial(Arango, 2005).
En el siglo XX, la educación superior experimentó una serie de reformas significativas. En 1938, se expidió la primera Ley de Educación Superior, otorgando autonomía técnica y administrativa a las universidades. Durante la década de 1940, se impulsó la educación rural como parte de un proceso de democratización(Vallejo Fonseca, 2020).
El período de 1989 a 1992 vio la creación de tres nuevas universidades públicas y una cofinanciada. En 1988, se fundó la Universidad San Francisco de Quito, la primera universidad financiada exclusivamente con fondos privados, que fue reconocida oficialmente en 1995(Vallejo Fonseca, 2020)
A partir de 1992, con la implementación del modelo neoliberal, el sistema de educación superior se reformó, lo que llevó a una proliferación de universidades particulares. Muchas de estas instituciones fueron denominadas “universidades de garaje” por su bajo nivel de calidad.
En 2013, el gobierno creó cuatro nuevas universidades públicas: Uniartes, Unae, Ikiam y Yachay. En 2019, se fundó la Universidad del Río, y en la Universidad Técnica de Manabí se redujo la duración de la carrera de Ingeniería Civil, eliminando 13 asignaturas y reduciendo 70 horas de prácticas comunitarias.
Hasta 2024, Ecuador cuenta con 61 universidades y escuelas politécnicas: 32 públicas nacionales, 2 bajo convenios internacionales, 19 autofinanciadas y 8 cofinanciadas. La Universidad Politécnica Javeriana se extinguió por decreto ejecutivo.
El desarrollo de la educación superior en Ecuador ha estado marcado por cambios políticos y económicos que han influenciado su crecimiento y estructura, reflejando la constante evolución del sistema educativo en el país.
ORDENAMIENTO LEGAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA
Todas las personas tienen derecho a la educación, la instrucción y la cultura. Aunque estos derechos humanos son universalmente reconocidos y deben aplicarse en cada país, requieren un marco constitucional y legal que garantice su protección y evite cualquier interferencia en el desarrollo integral de las personas. La legislación establece deberes para los gobiernos y otros responsables, definiendo acciones obligatorias y prohibiendo aquellas que vulneren estos derechos(Medina Jerez, 2015).
En Ecuador, al igual que en muchos países, los principios de los derechos humanos han sido precisados y codificados en los ordenamientos jurídicos. Estas normas imponen responsabilidades a los titulares de obligaciones en todos los niveles de la sociedad, especialmente a los órganos del Estado.
Los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, están estrechamente vinculados con el desarrollo de los individuos y de la sociedad, beneficiándose directamente de la educación. Por esta razón, la educación forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos de segunda generación. Sin embargo, la regulación de la educación surgió incluso antes de la formalización de estos derechos(Paúcar Espinoza, 2009).
En las primeras décadas del siglo XIX, bajo la influencia de la Revolución Industrial, el positivismo y el pragmatismo, se introdujeron innovaciones en el pensamiento educativo. La formación del ser humano comenzó a concebirse como parte del desarrollo social, alejándose de visiones idealistas y estáticas de la sociedad y el mundo.
Esta nueva ideología incorporó conceptos como la libertad educativa, que sostenía que el conocimiento válido debía tener una función práctica. Así, los programas educativos empezaron a enfocarse en ciencias, experimentación, conocimiento aplicado e investigación de la naturaleza. No obstante, las primeras constituciones ecuatorianas no abordaban explícitamente la responsabilidad del Estado respecto a la educación superior(Krainer, 2023).
La primera entidad encargada de organizar y regular el sistema educativo en Ecuador fue la Dirección General de Estudios, creada en 1835 mediante un decreto del primer Orgánico de Enseñanza Pública. Esta institución, de origen bolivariano, regulaba la instrucción en escuelas primarias, secundarias y universidades.
En los primeros años de la república, la educación tuvo un impacto limitado, pero paulatinamente se ajustó a las necesidades del país, lo que llevó a la promulgación de una Ley Orgánica de Educación Democrática. Durante la presidencia de Vicente Rocafuerte (1835-1839), se implementó una política educativa más estructurada, creando la Dirección General de Instrucción y estableciendo inspecciones de estudios en cada provincia. Además, se prestó atención a los estudiantes universitarios, aunque su número era reducido en ese momento. En esa época, Ecuador contaba con 290 escuelas y 8 colegios. Con el tiempo, las políticas educativas fueron evolucionando para responder mejor a las necesidades de la población (Gutiérrez, 2008).
En 1863, se descentralizó la educación mediante la creación de un Consejo General con representaciones provinciales. Este consejo estaba compuesto por un ministro del ramo y representantes de la Iglesia Católica, la universidad y academias científicas y literarias. Los municipios también asumieron un papel en la supervisión de las instituciones educativas en las que invertían recursos.
Durante el gobierno de Gabriel García Moreno, se estableció que los directores de los establecimientos educativos debían profesar la religión católica oficial. Además, se abolieron los consejos provinciales y se redujo la intervención municipal en educación. Todas las facultades directivas en materia educativa fueron transferidas al Ejecutivo, se declaró la gratuidad de la enseñanza y se garantizó una escuela para cada población con al menos 500 niños.
En 1884, bajo la presidencia de José María Plácido Caamaño, se creó el Ministerio de Instrucción Pública, marcando un cambio hacia una educación laica. Durante la Revolución Liberal (1895-1924), este enfoque se consolidó en todos los niveles educativos. La Asamblea Constituyente aprobó el 29 de mayo de 1897 una nueva Ley de Instrucción Pública, que estableció la enseñanza gratuita, laica y obligatoria. La Constitución de 1897 incluyó por primera vez la responsabilidad del Estado en la educación y los derechos educativos de los estudiantes.
Entre 1930 y 1940, bajo la influencia de ideas socialistas, la educación rural comenzó a ser vista desde una perspectiva que la vinculaba con el contexto social, cultural y económico. Esto llevó a la elaboración de nuevos planes de estudio y a la implementación de políticas para diversificar la educación. En 1938, se promulgó la primera Ley de Educación Superior, otorgando autonomía técnica y administrativa a las universidades.
La Constitución de 1945 introdujo cambios significativos que influirían en las futuras constituciones, aunque no fue sino hasta la Constitución de 1967 que se reconoció explícitamente que la educación es un derecho de todos los seres humanos. En 1971, se promulgó una nueva Ley de Educación Superior que estableció el Consejo Nacional de Educación Superior con amplios poderes.
La Constitución de 1998, en su sección octava titulada “De la Educación” (artículos 66 a 79), reafirmó la educación como un derecho irrenunciable de todas las personas. El Estado tenía la obligación de erradicar el analfabetismo, garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación hasta el nivel de bachillerato y fortalecer la educación en las zonas rurales y fronterizas. Además, se establecieron 14 artículos específicos para garantizar los derechos educativos, aunque la responsabilidad del Estado seguía enfocándose principalmente en los niveles básico y secundario.
La Constitución vigente desde el 28 de septiembre de 2008 amplió la responsabilidad del Estado para incluir la educación superior, situándola en el centro de la política pública. Esta Constitución subraya la importancia de la educación superior y su papel fundamental en el desarrollo del país..
SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN
El artículo 26 de la Constitución de 2008 establece que la educación es un derecho fundamental a lo largo de la vida y un deber ineludible del Estado. Se considera una prioridad de la política pública y de la inversión estatal, garantizando la igualdad, la inclusión social y el buen vivir. Asimismo, reconoce el derecho y la responsabilidad de las personas, las familias y la sociedad en el proceso educativo.
Por su parte, el artículo 27 señala que la educación debe centrarse en el ser humano y fomentar su desarrollo integral, respetando los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la democracia. Se define como participativa, obligatoria, intercultural, democrática, inclusiva y diversa, con un enfoque de calidad y calidez. Además, promueve la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, así como el pensamiento crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias.
El artículo 28 dispone que la educación debe responder al interés público y no estar al servicio de intereses particulares o corporativos. Garantiza el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso sin discriminación alguna, asegurando la obligatoriedad en los niveles inicial, básico y de bachillerato. La educación pública será universal, laica y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior.
AUTONOMÍA Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La Constitución de 2008 permite la existencia de instituciones de educación superior particulares, aunque algunas de estas han expresado su vulnerabilidad ante la regulación estatal, argumentando que ciertos aspectos quedan sujetos a interpretaciones gubernamentales. Según Sevilla Editores (2008), las universidades autofinanciadas consideran que no están suficientemente respaldadas por la Constitución, lo que afecta su autonomía.
El artículo 298 de la Constitución establece una preasignación presupuestaria para la educación superior con transferencias predecibles y automáticas. Sin embargo, se sostiene que el uso de estos recursos debería ser decisión autónoma y responsable de cada universidad y escuela politécnica. Además, los artículos 355 al 357 reconocen la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones de educación superior y garantizan la gratuidad de la educación superior pública, vinculándola con la responsabilidad académica del estudiantado. También se dispone que la asignación de recursos debe basarse en criterios de calidad y otros parámetros establecidos por la ley.
La Constitución garantiza la autonomía universitaria bajo principios de solidaridad y responsabilidad, asegurando la libertad académica, la autogestión y la búsqueda de la verdad sin restricciones gubernamentales. Esto se alinea con la transparencia, los derechos políticos y la producción de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura y arte.
EVALUACIÓN Y REFORMAS LEGISLATIVAS
Según la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, todas las instituciones de educación superior, junto con sus programas y posgrados, debían ser evaluadas y acreditadas en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor de la Constitución. Las instituciones que no cumplieran con estos requisitos serían excluidas del sistema de educación superior. Asimismo, se estipuló la necesidad de elaborar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en concordancia con los principios constitucionales(Vinueza Herrera, 2009).
Antes de la Constitución de 2008, la Ley de Educación Superior vigente había sido aprobada en el año 2000, bajo la Constitución de 1998. Sin embargo, las discrepancias entre ambas normativas hicieron necesaria una reforma. En 2009, se presentó un proyecto de reforma que fue rechazado por la comunidad universitaria, argumentando que vulneraba la autonomía universitaria y contradecía el principio constitucional de la educación superior como un bien público sin fines de lucro(SUPERIOR & OFICIAL, 2010).
El rechazo al proyecto derivó en amplias movilizaciones a nivel nacional, en las que participaron estudiantes, docentes y miembros de la sociedad civil. Este conflicto, ampliamente difundido por los medios, fue aprovechado por el gobierno para promover su propuesta educativa y consolidar el control estatal sobre la educación superior. Como resultado, el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) perdió legitimidad y fue reemplazado como ente regulador(Pardo, 1999).
El 12 de octubre de 2010, el Gobierno Nacional promulgó la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual fue reformada en su totalidad el 2 de agosto de 2018.
ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS EN ECUADOR
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Ecuador contaba con 71 universidades y escuelas politécnicas, distribuidas de la siguiente manera: 29 públicas, 9 cofinanciadas por el Estado y 33 autofinanciadas.
Durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI, el modelo neoliberal predominante alteró el equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. En este contexto, las instituciones de educación superior, en lugar de centrarse exclusivamente en la academia, comenzaron a orientarse hacia el mercado. La regulación del sector quedó en manos del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), compuesto por representantes de las propias instituciones. Esta situación favoreció la mercantilización de la educación y una expansión descontrolada de la oferta educativa, sin garantizar su calidad.
Para revertir este escenario, en 2007 el Gobierno adoptó un modelo económico socialista, que prohibió la creación de nuevas universidades y estableció una política pública para depurar el sistema educativo.
El 22 de julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente emitió el Mandato Constituyente No. 14, encomendando al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) la elaboración de un informe técnico sobre el desempeño de las universidades existentes. Durante ese año, el Conea evaluó 71 universidades y 290 institutos mediante un modelo de análisis basado en una plataforma informática, con el fin de determinar el cumplimiento del principio constitucional de calidad en la educación superior.
La evaluación se centró en cuatro ámbitos fundamentales:
1. Ámbito académico: Formación y dedicación de los docentes, carrera académica, vinculación con la sociedad.
2. Estudiantes y entorno de aprendizaje: Acceso, soporte académico, modelos de evaluación, bibliotecas, laboratorios y tecnologías de la información y comunicación (TIC).
3. Investigación: Políticas y líneas de investigación, así como su pertinencia.
4. Gestión interna: Seguimiento a graduados, transparencia presupuestaria, infraestructura y administración institucional.
El 4 de noviembre de 2009, el Conea presentó su informe, revelando la fragmentación del sistema de educación superior debido a brechas académicas, tecnológicas y de investigación. Según el informe, estos problemas se manifestaban en varios fenómenos:
• Polarización en la concepción y prácticas de universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como particulares, especialmente en aspectos como la conformación del cuerpo docente, el acceso y permanencia de los estudiantes y el rol de la universidad como generadora de ciencia y tecnología.
• Transición y asimetrías tecnológicas, donde las estructuras tradicionales coexistían con nuevas formas de organización, generando contrastes significativos.
• Fragmentación institucional, en la que las universidades públicas incorporaban principios democráticos en su gobierno universitario, mientras que muchas instituciones particulares emergentes se mantenían al margen de esta trayectoria histórica.
El informe también evidenció la falta de una política pública que estableciera principios y criterios universales para el desarrollo del sistema de educación superior.
De las 71 universidades evaluadas, 68 fueron incluidas en el análisis, excluyéndose la FLACSO, el IAEN y la Universidad Andina Simón Bolívar debido a su carácter especial como instituciones de posgrado creadas por acuerdos internacionales o gubernamentales.
Como resultado de la evaluación, las universidades fueron clasificadas en cinco categorías, con base en los cuatro criterios previamente mencionados:
• Categoría A: 11 universidades y escuelas politécnicas con un desempeño sobresaliente y mínimas áreas de mejora.
• Categoría B: 12 universidades con buen desempeño, aunque con deficiencias en investigación y nivel académico.
• Categoría C: 12 universidades con un rendimiento promedio, con debilidades significativas en el personal docente y escasa investigación.
• Categoría D: 12 universidades con un desempeño inferior al promedio, con problemas en admisión y nivelación estudiantil, además de las debilidades de las categorías anteriores.
• Categoría E: 26 universidades con deficiencias graves, requiriendo una reestructuración profunda o su cierre definitivo.
Este proceso de evaluación marcó un hito en la regulación de la educación superior en Ecuador, estableciendo bases para la mejora de la calidad académica y la transparencia institucional.
Universidades y escuelas politécnicas clasificadas por categoría según el informe Conea 2009
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CATEGORÍA A |
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Universidad San Francisco de Quito |
Universidad Central del Ecuador |
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Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Universidad de Cuenca |
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Escuela Politécnica del Ejército |
Universidad del Azuay |
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Escuela Superior Politécnica del Chimborazo |
Universidad Técnica Particular de Loja |
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Universidad Técnica de Ambato |
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Escuela Politécnica Nacional |
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CATEGORÍA B |
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Universidad de Especialidades Espíritu Santo |
Universidad Nacional de Chimborazo |
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Universidad Agraria del Ecuador |
Universidad Nacional de Loja |
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Universidad de Guayaquil |
Universidad Politécnica Salesiana |
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Universidad de las Américas |
Universidad Técnica del Norte |
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Universidad Estatal de Bolívar |
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CATEGORÍA C |
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Escuela Politécnica Agropecuaria |
Universidad Naval Morán Valverde |
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Universidad Católica de Cuenca |
Universidad Técnica de Cotopaxi |
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Universidad Estatal de Milagro |
Universidad Técnica de Machala |
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Universidad Estatal del Sur de Manabí |
Universidad Técnica Estatal de Quevedo |
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Universidad Internacional del Ecuador |
Universidad Técnica L. Vargas Torres |
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Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí |
Universidad Tecnológica Equinoccial |
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Universidad Católica S. de Guayaquil |
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CATEGORÍA D |
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Universidad Casa Grande |
Universidad Regional de los Andes |
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Universidad de los Hemisferios |
Universidad Técnica de Babahoyo |
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Universidad Estatal Amazónica |
Universidad Técnica de Manabí |
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Universidad Internacional SEK |
Universidad Tecnológica Ecotec |
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte |
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CATEGORÍA E |
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Escuela Politécnica Amazónica |
Universidad Intercultural |
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Escuela Politécnica Prof. Montero L. |
Universidad Metropolitana |
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Escuela Politécnica Javeriana |
Universidad Og Mandino |
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Universidad Alfredo Pérez Guerrero |
Universidad Panamericana |
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Universidad Autónoma de Quito |
Universidad Politécnica Estatal de Carchi |
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Universidad Cristiana Latinoamericana |
Universidad San Antonio de Machala |
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Universidad de Especialidades Turísticas |
Universidad San Gregorio de Portoviejo |
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Universidad de Otavalo |
Universidad Técnica José Peralta |
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Universidad del Pacífico |
Universidad Tecnológica América |
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Universidad Estatal de Santa Elena |
Universidad Tecnológica Empresarial |
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Universidad Iberoamericana del Ecuador |
Universidad Indoamérica |
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Universidad Intercontinental |
Universidad Tecnológica Israel |
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Universidad Interamericana del Ecuador |
Universitas Equatorialis |
Fuente: Elaboración propia, a partir del Informe de Evaluación de las Universidades (Conea, 2009)
Un informe destacó las deficiencias en la política pública de educación superior de los últimos años, revelando que el 38% de las universidades y escuelas politécnicas formalmente reconocidas por el Estado ecuatoriano estaban clasificadas en la categoría E, correspondiente a las instituciones de menor calidad, mientras que solo el 16% se encontraban en la categoría A, reservada para las instituciones de excelencia.
Del análisis se desprende que, de las 26 universidades en la categoría E por su baja calidad, 21 eran particulares, todas creadas bajo el modelo neoliberal que delegaba al mercado la responsabilidad de la educación superior. En contraste, de las 11 universidades y escuelas politécnicas en la categoría A, más de la mitad eran públicas, mientras que solo tres eran particulares (una autofinanciada y dos cofinanciadas).
Se observó, además, que las universidades y escuelas politécnicas públicas estaban distribuidas de manera relativamente uniforme entre las cinco categorías de evaluación, mientras que las particulares cofinanciadas tendían a concentrarse en las categorías superiores.
El informe del CONEA, publicado en 2008, reveló que las instituciones de educación superior ofrecían un total de 3.309 títulos, de los cuales 277 correspondían a títulos técnicos y tecnológicos, 2.099 a títulos de tercer nivel y 933 a títulos de cuarto nivel, abarcando 360 carreras distintas. Esta amplia dispersión en la nomenclatura de los títulos evidenciaba que la oferta académica estaba más alineada con estrategias de marketing que con las verdaderas necesidades del mercado laboral(Bernheim, 2008).
Asimismo, se detectó una falta de enfoque en el desarrollo de innovación y tecnología, ya que solo el 20% de los títulos se centraban en ciencias exactas (ingenierías y tecnologías). El 80% restante se distribuía en otros campos: el 24,6% en Administración y Comercio, el 16,8% en Educación, el 11,6% en Salud, y otro 11,6% en Ciencias Sociales y Ambientales, que en conjunto representaban el 64,6% de las instituciones evaluadas.
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada en octubre de 2010, las universidades y escuelas politécnicas clasificadas en la categoría E debían ser reevaluadas en un plazo de 18 meses. Aquellas que no alcanzaran los estándares de calidad exigidos por el Ceaaces serían suspendidas definitivamente.
En concordancia con esta disposición, el 12 de abril de 2012, el Ceaaces publicó los resultados de la evaluación de las 26 universidades y escuelas politécnicas en la categoría E. De estas, 14 instituciones no superaron la evaluación y, en consecuencia, fueron suspendidas.
Para atender a los estudiantes afectados por la suspensión de sus instituciones, el Consejo de Educación Superior (CES) emitió el 25 de febrero de 2012 la Resolución RPC-SE-02-No.004-2012, mediante la cual se aprobó el Reglamento del Plan de Contingencia. Este plan permitió a los estudiantes continuar sus estudios en instituciones de educación superior acreditadas, con financiamiento proveniente de un proyecto de inversión pública cogestionado por el CES y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología(Miño Vaca, 2015).
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2016, el Presidente de la República sancionó y publicó la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Ceaaces, en cumplimiento de la Resolución RPC-SE-05-No.011-2015 del CES. Esta ley formalizó la extinción de las 14 instituciones que, tras el proceso de evaluación y acompañamiento, no cumplieron con los parámetros mínimos de calidad para su funcionamiento(Cira et al., 2010).
Las universidades y escuelas politécnicas extintas fueron:
• Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica
• Universidad Tecnológica América
• Escuela Superior Politécnica Ecológica Profesional Servio Tulio Montero Ludeña
• Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta
• Universidad Tecnológica San Antonio de Machala
• Universidad Autónoma de Quito
• Universidad Cristiana Latinoamericana
• Universidad Alfredo Pérez Guerrero
• Universidad Ecuatoriales
• Universidad Panamericana de Cuenca
• Universidad “OG MANDINO”
• Universidad Interamericana del Ecuador
• Universidad Intercontinental
Es importante señalar que la Universidad Politécnica Javeriana fue extinguida mediante un Decreto Ejecutivo.
En el marco de la reestructuración del sistema de educación superior, en 2013 se crearon cuatro nuevas universidades públicas: Uniartes, Unae, Ikiam y Yachay. Posteriormente, en 2019, se fundó la Universidad del Río. Actualmente, el sistema de educación superior en Ecuador está compuesto por 61 universidades y escuelas politécnicas, distribuidas de la siguiente manera: 32 públicas nacionales, 2 públicas bajo convenios internacionales, 19 privadas autofinanciadas y 8 privadas cofinanciadas.
CONCLUSIÓN
La educación superior en Ecuador enfrenta desafíos significativos que requieren atención urgente y un enfoque estratégico para garantizar su calidad y relevancia en un mundo en constante cambio. A medida que la demanda de educación superior crece, impulsada por una población joven en expansión y una mayor conciencia sobre la importancia de la educación, las instituciones deben adaptarse y evolucionar para satisfacer estas expectativas(Cira et al., 2010).
Uno de los principales desafíos es la desigualdad en el acceso a la educación. A pesar de los esfuerzos para democratizar la educación, persisten disparidades notables entre las zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos. Las políticas educativas deben ser inclusivas, asegurando que todos los sectores de la población, incluidos los grupos vulnerables, tengan acceso a oportunidades de educación superior. Esto no solo implica mejorar la infraestructura educativa en las áreas desfavorecidas, sino también implementar programas de apoyo financiero, como becas y subsidios, que faciliten la matrícula y la permanencia de estudiantes de bajos recursos(Vinueza & Gallardo, 2017).
Otro aspecto fundamental es la calidad académica de las instituciones. La implementación de sistemas de acreditación y evaluación robustos es esencial para garantizar que los programas ofrecidos cumplan con los estándares internacionales de calidad. Las universidades deben adoptar un enfoque de mejora continua, incorporando retroalimentación de estudiantes y egresados para ajustar sus currículos y metodologías de enseñanza. La formación y actualización constante de los docentes también es crucial; contar con educadores bien preparados y motivados es clave para asegurar una enseñanza de alta calidad(Ruiz et al., 2018).
La relevancia curricular es otro desafío que requiere atención. Los planes de estudio deben alinearse con las demandas del mercado laboral, lo que implica una colaboración más estrecha entre las universidades y el sector empresarial. La educación inter y multidisciplinaria puede preparar mejor a los estudiantes para enfrentar problemas complejos y dinámicos en sus futuras carreras. Además, la integración de tecnologías digitales en la enseñanza puede enriquecer la experiencia educativa, facilitando el aprendizaje a distancia y el acceso a recursos globales(Muni & Naranjo, 2018).
El financiamiento es otro aspecto crucial que también necesita ser abordado. Las universidades, a menudo dependientes de recursos públicos limitados, tienen restricciones para invertir en infraestructura, tecnología y programas académicos. Es necesario diversificar las fuentes de financiamiento, explorando asociaciones con el sector privado, donaciones y fondos de investigación. Esto permitirá a las instituciones educativas contar con los recursos necesarios para innovar y mejorar la calidad de la enseñanza.
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