Editorial
Osvaldo Barsky 
Magister Scientae en Sociología, CLACSO-PUCE. Investigador del Centro de Altos Estudios de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Director de la revista Debate Universitario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de Argentina. Consultor de diversos organismos nacionales e internacionales sobre temas de educación superior y agrarios. Autor de numerosas publicaciones sobre estas temáticas. Ex Coordinador del Área de Acreditación de Posgrados de la CONEAU. Ex Coordinador Académico del FOMEC. Docente del Doctorado en Educación Superior de la UNRN-La Universidad Austral y la UAI.
DOI https://doi.org/10.59471/debate2025312
Como citar: Barsky, O. (2025). Editorial. Debate Universitario, 17(26). https://doi.org/10.59471/debate2025312
Este número de Debate Universitario está dedicado a analizar distintos aspectos de la evolución de la educación superior universitaria en Ecuador. Los mismos están asociados a la compleja organización social y política del país. Fuertes diferenciaciones regionales (esencialmente entre Sierra y Costa, pero últimamente zonas selváticas de ocupación tardía), y étnicas, a partir de la ocupación española original de regiones con fuerte presencia indígena, y un sostenido proceso de mestización y de expansión de la religión católica y de la Iglesia, y luego del liberalismo, están en el trasfondo de la historia de la organización de sus entidades educativas y por ende, de los estudios superiores. La notable expansión cuantitativa del sistema en las últimas décadas planteó importantes desafíos dificultosamente resueltos en políticas estatales de variado signo. Los artículos aquí presentados abordan estos temas desde distintas perspectivas.
Jorge Mendoza Cedeño en su artículo “Origen y evolución de la universidad ecuatoriana” centra su análisis en reseñar las distintas etapas que atravesó el sistema público y privado universitario, concentrándose luego en lo sucedido en las últimas dos décadas.
Señala que en Ecuador la educación superior colonial estuvo bajo el control de órdenes religiosas como los jesuitas y dominicos. Se crearon instituciones como la Universidad de San Fulgencio (1586), la Universidad de San Gregorio Magno (1622) y la Universidad Santo Tomás de Aquino (1688), las cuales formaban elites criollas dentro de un modelo aristocrático y clerical. En 1786, la Corona española fundó la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino, base de la futura Universidad Central del Ecuador (1826).
Con la creación de la Gran Colombia, la Ley General de Educación Superior de 1826 estableció universidades centrales en las capitales de los departamentos. En Quito, esto marcó la fundación de la Universidad Central del Ecuador sobre la base de la antigua universidad colonial. Durante el siglo XIX, la educación superior se expandió con la fundación de universidades en Guayaquil y Cuenca. En el siglo XX, la educación superior experimentó una serie de reformas significativas. En 1938, se expidió la primera Ley de Educación Superior, otorgando autonomía técnica y administrativa a las universidades.
En el período de 1989 a 1992 se crearon tres nuevas universidades públicas y una cofinanciada. En 1988, se fundó la Universidad San Francisco de Quito, la primera universidad financiada exclusivamente con fondos privados. A partir de 1992 el sistema de educación superior se reformó, lo que llevó a una proliferación de universidades particulares. Muchas de estas instituciones fueron denominadas “universidades de garaje” por su bajo nivel de calidad. En 2013, el gobierno creó cuatro nuevas universidades públicas: Uniartes, Unae, Ikiam y Yachay..
La Constitución de 2008 estableció la gratuidad de la educación superior pública y la evaluación de las instituciones. Este último proceso, además de tipificar a las universidades para orientar la demanda de los estudiantes, llegó incluso al cierre de varias universidades de baja calidad. El 22 de julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente emitió el Mandato Constituyente No. 14, encomendando al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) la elaboración de un informe técnico sobre el desempeño de las universidades existentes. Durante ese año, el Conea evaluó 71 universidades y 290 institutos con el fin de determinar el cumplimiento del principio constitucional de calidad en la educación superior.
La evaluación se centró en cuatro ámbitos fundamentales:
Ámbito académico: Formación y dedicación de los docentes, carrera académica, vinculación con la sociedad. Estudiantes y entorno de aprendizaje: Acceso, soporte académico, modelos de evaluación, bibliotecas, laboratorios y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Investigación: Políticas y líneas de investigación, así como su pertinencia. Gestión interna: Seguimiento a graduados, transparencia presupuestaria, infraestructura y administración institucional.
El 4 de noviembre de 2009, el Conea presentó su informe, revelando la fragmentación del sistema de educación superior debido a brechas académicas, tecnológicas y de investigación. Según el informe, estos problemas se manifestaban en varios fenómenos:
• Polarización en la concepción y prácticas de universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como particulares, especialmente en aspectos como la conformación del cuerpo docente, el acceso y permanencia de los estudiantes y el rol de la universidad como generadora de ciencia y tecnología.
• Transición y asimetrías tecnológicas, donde las estructuras tradicionales coexistían con nuevas formas de organización, generando contrastes significativos.
• Fragmentación institucional, en la que las universidades públicas incorporaban principios democráticos en su gobierno universitario, mientras que muchas instituciones particulares emergentes se mantenían al margen de esta trayectoria histórica.
El informe también evidenció la falta de una política pública que estableciera principios y criterios universales para el desarrollo del sistema de educación superior. Las 71 universidades evaluadas fueron clasificadas en cinco categorías, con base en los cuatro criterios previamente mencionados:
Categoría A: 11 universidades y escuelas politécnicas con un desempeño sobresaliente y mínimas áreas de mejora. Categoría B: 12 universidades con buen desempeño, aunque con deficiencias en investigación y nivel académico. Categoría C: 12 universidades con un rendimiento promedio, con debilidades significativas en el personal docente y escasa investigación. Categoría D: 12 universidades con un desempeño inferior al promedio, con problemas en admisión y nivelación estudiantil, además de las debilidades de las categorías anteriores. Categoría E: 26 universidades con deficiencias graves, requiriendo una reestructuración profunda o su cierre definitivo.
Este proceso de evaluación marcó un hito en la regulación de la educación superior en Ecuador, estableciendo bases para la mejora de la calidad académica y la transparencia institucional.
El informe del CONEA, publicado en 2008, reveló que las instituciones de educación superior ofrecían un total de 3.309 títulos, de los cuales 277 correspondían a títulos técnicos y tecnológicos, 2.099 a títulos de tercer nivel y 933 a títulos de cuarto nivel, abarcando 360 carreras distintas. Esta amplia dispersión en la nomenclatura de los títulos evidenciaba que la oferta académica estaba más alineada con estrategias de marketing que con las verdaderas necesidades del mercado laboral. Asimismo, se detectó una falta de enfoque en el desarrollo de innovación y tecnología, ya que solo el 20% de los títulos se centraban en ciencias exactas (ingenierías y tecnologías).
El autor señala que la educación superior en Ecuador enfrenta desafíos significativos que requieren atención urgente y un enfoque estratégico para garantizar su calidad y relevancia en un mundo en constante cambio. A medida que la demanda de educación superior crece, impulsada por una población joven en expansión y una mayor conciencia sobre la importancia de la educación, las instituciones deben adaptarse y evolucionar para satisfacer estas expectativas. Uno de los principales desafíos es la desigualdad en el acceso a la educación. A pesar de los esfuerzos para democratizar la educación, persisten disparidades notables entre las zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos. Otro aspecto fundamental es la calidad académica de las instituciones. La implementación de sistemas de acreditación y evaluación robustos es esencial para garantizar que los programas ofrecidos cumplan con los estándares internacionales de calidad. La relevancia curricular es otro desafío que requiere atención. Los planes de estudio deben alinearse con las demandas del mercado laboral, lo que implica una colaboración más estrecha entre las universidades y el sector empresarial. El financiamiento es otro aspecto crucial que también necesita ser abordado. Las universidades, a menudo dependientes de recursos públicos limitados, tienen restricciones para invertir en infraestructura, tecnología y programas académicos. Señala que es necesario diversificar las fuentes de financiamiento, explorando asociaciones con el sector privado, donaciones y fondos de investigación.
El artículo de Xavier Valencia Zambrano “Evolución de la Universidad Ecuatoriana: autonomía, reformas e implicaciones” revisa el desarrollo del sistema universitario en el Ecuador como un reflejo claro de las tensiones socioeconómicas y políticas de cada época y de las políticas de los gobiernos de turno y sus representantes. Se analiza el período colonial con universidades bajo el control eclesiástico de diversas órdenes religiosas. Las tres primeras décadas de la República del Ecuador se caracterizaron por escenarios de tensión como consecuencia de las disputas regionales originadas que desarrollaron conflictos entre el poder latifundista de la Sierra ligado al incipiente Estado central y sectores terratenientes de la Costa que conformaban una burguesía comercial que a fines de siglo jugarían un rol protagónico en la Revolución Liberal.
Bajo la presidencia de la República de Gabriel García Moreno, ex rector de la Universidad Central y muy crítico de las leyes educativas vigentes, se desarrolló una reforma educativa que estableció las bases de la autonomía universitaria y limitó el poder de la iglesia al interior de las universidades. La creación de las universidades de Guayaquil y Cuenca en 1867 se explican no solo en la necesidad de contar con instituciones académicas sino también en la premura por fortalecer al Estado a través del fomento al desarrollo regional.
García Moreno otorgó prioridad a la educación científica técnica que lo llevó en 1869 a crear la Escuela Politécnica Nacional en Quito y a clausurar la Universidad Central e intervenir las universidades de Guayaquil y Cuenca que en su opinión no respondían a los intereses de la sociedad debido a que los profesionales como abogados y médicos solo buscaban empleo y de esta manera se privaba a la nación de inteligencias útiles y productivas. No pudo impedir la promulgación de la ley Orgánica de Instrucción Pública en 1863 que introdujo el Consejo General de instrucción Pública mediante la cual se controlaba la enseñanza en todos los niveles. En 1869 García Moreno derogó la Ley de Educación y dio más poder a la Iglesia y al estado central para articular mejor el proyecto político, económico y moral del gobierno. De esta forma consolida una visión más moderna del estado e impulsa obras de infraestructura necesarias para integrar la Sierra con la Costa, pero a su vez implementa escuelas y colegios bajo la tutela religiosa.
Con el triunfo de la Revolución Liberal protagonizada por Eloy Alfaro en 1895 se iniciaron importantes transformaciones que promovieron una sociedad inclusiva. Se establecieron institutos normales para la preparación del magisterio, desde una visión laica y se crearon escuelas nocturnas en beneficio de los trabajadores. La doctrina cristiana fue reducida de manera paulatina y se promovió también la secularización de las instituciones académicas y en las universidades se suspendieron los estudios teológicos y toda gestión educativa por parte de la Iglesia. La agenda liberal tuvo mucha resistencia por parte de la Iglesia Católica que calificó de intruso al Estado al querer decidir sobre la educación de los hijos. Fue así como mientras la Constitución de 1897 promulgó la educación obligatoria y gratuita, la Ley de Instrucción Pública determinó que la educación debía ser moral y religiosa a pesar de que la Constituyente aprobada el 29 de mayo de 1897 decretara que la educación primaria debía ser gratuita, laica y obligatoria. El régimen liberal no pudo cambiar los textos escolares elaborados por la Iglesia, las mujeres no tuvieron acceso pleno a la educación. De esta manera la resistencia al cambio por parte de la sociedad hizo que el laicismo se implementara de manera muy lenta y la instrucción pública se declaró laica de forma constitucional solo a partir de 1905 en el segundo período presidencial de Eloy Alfaro.
A partir de 1907 el clero fue apartado de la educación superior, el congreso comenzó a elegir al rector de la universidad Central, el vicerrector fue elegido por los profesores, de la malla curricular fueron eliminadas asignaturas como derecho público eclesiástico y teología, se incrementó el presupuesto y se amplió la matrícula para estratos mestizos de la población. En 1918 se expide la primera Ley de Educación Superior, en 1919 los estudiantes universitarios se organizan y para 1925 se expide una nueva Ley de educación superior que fortalecería la naciente autonomía universitaria.
Los siguientes años estuvieron caracterizados por las tensiones y resistencias entre gobernantes y universidades, los unos desconociendo la autonomía universitaria y los otros en su defensa. Varias fueron las clausuras de universidades y varias las reaperturas de acuerdo con la visión de los gobernantes del país. Estos eventos forman parte del proceso que el autor califica como la primera reforma universitaria. El hecho de que las universidades todavía estuvieran sometidas a ciertas decisiones dependientes del Ministerio de Educación provocó levantamientos estudiantiles y fue en 1945 cuando la Constitución declara de manera oficial la independencia del sistema universitario del resto del sistema educativo.
Los preceptos constitucionales se mantuvieron hasta 1963 cuando la dictadura militar derrocó a Carlos Julio Arosemena a nombre de la defensa del país y en contra del desarrollo del comunismo en la región. Según los militares el centro de subversión se gestaba en las universidades razón suficiente para intervenirlas y apresar y/o desterrar a algunas de sus autoridades.
Durante la década dictatorial de 1970 impuesta por un nuevo gobierno militar, se produjo la apertura de la era petrolera en el país. En este tiempo además de la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se crearon dos universidades ligadas a las Fuerzas Armadas, la Escuela Politécnica del Ejército y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Los acontecimientos ocurridos durante la etapa dictatorial militar en el país marcaron el preludio de la segunda reforma, que coincide con la llamada época de ajuste o de modernización del estado y se caracteriza por políticas de corte neoliberal. En este período el desarrollo educativo en Ecuador estuvo caracterizado por conflictos y resistencias de los sectores universitarios en función de los designios gubernamentales. En el período 1969-1971 se produjeron hechos relacionados a la defensa por el libre ingreso a la educación superior en los cuales hubo intervenciones a las universidades e incluso escenarios de enfrentamientos y muertes tanto Guayaquil como en Quito.
Con posterioridad se crearon 53 universidades, de las cuales 39 fueron privadas, una tendencia que expresa el proceso de mercantilización de la educación superior con consecuencias perjudiciales para la calidad académica que además ya contaba con alrededor 195 mil estudiantes universitarios. En este proceso de multiplicación de universidades privadas el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) realiza en 1989 la primera evaluación a universidades y escuelas politécnicas y diagnostica ausencia de un sistema de educación superior.
Para el año 2000 como parte de la nueva Ley de Educación Superior se crea el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) encargado de normar y volver operativos los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación. Los resultados fueron objetados desde diferentes estamentos universitarios y no provocaron cambios sustanciales en el Sistema de Educación Superior lo que trajo como consecuencia la orden por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2008 para que se elabore un informe sobre el desempeño de las universidades. Los resultados de esta evaluación obligatoria ubicaron a 11 universidades en categoría A, 9 en la B, 13 en la C, 9 en la D y 26 en la categoría E.
El artículo de Adrián Alexandre Macías Neocato “Inicios de la educación militar en el Ecuador 1830-1930. Creación de la universidad militar en el Ecuador”, plantea que desde la independencia del Departamento del Sur de la Gran Colombia para convertirse en el actual Ecuador el 13 de mayo de 1830, las Fuerzas Armadas fueron el principal soporte para los gobiernos que dirigieron al país. Para el general Juan José Flores, primer presidente que gobernó a partir de 1830, la socialización de sus políticas y disposiciones del ámbito político, económico y social fueron fortalecidas por el accionar de las Fuerzas Armadas, especialmente en esos lugares del territorio en donde no existían autoridades civiles, sino únicamente la presencia de entidades militares.
Para Vicente Rocafuerte, segundo presidente del Ecuador, la estructuración de un ejército nacional fue su prioridad. Una de sus prioridades fue fomentar los valores morales de honradez, lealtad y patriotismo, así como su preparación técnica-científica. Se determina la necesidad de un instituto de educación militar para los jóvenes de la época. El 08 de marzo de 1838 el presidente de la república emite el decreto de creación de “Colegio Militar”, el cual permitirá la formación de oficiales científicos que contribuyan a reemplazar las bajas del ejército. Este decreto consta de cuatro artículos en los cuales se detalla el lugar de funcionamiento y la organización de la parte directiva y administrativa del colegio. Se establece que funcionará en la capital de la república. Las primeras instalaciones fueron el convento de San Buenaventura perteneciente al de San Francisco. Respecto a los planes de estudio inicialmente fueron asignaturas básicas, sin embargo, con el pasar de los años se fueron complementando, es así que se incluyen las cátedras de filosofía y de ingeniería civil, adicionales a las iniciales: matemáticas, táctica y códigos militares. Posteriormente asume el poder del Estado el Dr. Gabriel García Moreno, quien el 02 de abril de 1862, expide el decreto de creación de la nueva Escuela Práctica de Cadetes. Durante los años 1868 y 1869 período en el cual la escuela fue dirigida directamente por García Moreno, alcanzó los mayores progresos en su organización interna y reglamentación, lo cual satisfacía las exigencias de los adelantos profesionales de la época.
Paralelamente la creación de la escuela náutica en el Ecuador tiene el justificativo de buscar un instituto naval que forme a los futuros oficiales que tripularían los buques de guerra y buques mercantes del Ecuador. Es así, que el Libertador Simón Bolívar el 9 de octubre de 1822, emite el decreto con el cual crea la Escuela Náutica de Guayaquil. La escuela náutica abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1823, en las instalaciones de la casa consistorial. Para esa fecha, la escuela náutica era una de las primeras a nivel de Sudamérica.
Para el 3 de noviembre de 1832 el Congreso Constitucional del Ecuador decretó la creación del departamento marítimo del Ecuador, en reemplazo del apostadero de Guayaquil. La escuela fue clausurada el 2 de noviembre de 1828 debido a la invasión del Perú a nuestro territorio. Mediante decreto del Senado y Cámara de Diputados del Ecuador en 1867, se establece la reapertura de la escuela náutica de Guayaquil con el propósito de mantener el progreso de la marina nacional
Mediante el decreto ejecutivo del 02 de abril de 1869 se dispuso que continúe funcionando la Escuela Práctica de Cadetes mientras se establecía en la capital del país, un verdadero Colegio Militar, cuyas instalaciones serían el Convento de San Agustín y luego la casa No. 31 de la calle Venezuela. Para cumplir esta disposición, se actualizó el plan de estudios. Una de las grandes iniciativas del presidente Gabriel García Moreno fue coordinar la llegada de una misión extranjera con la finalidad que asesore a la dirección de la escuela, es así que realizó gestiones con Francia trabadas por la guerra franco-prusiana.
Todo este período de crecimiento institucional de la Escuela Practica de Cadetes tuvo su final con la muerte del presidente García Moreno el 6 de agosto de 1875, hasta que el 6 de febrero de 1876 el presidente Antonio Borrero decreta la clausura definitiva de la Escuela, con lo cual se afecta a la formación de oficiales del ejército de la época. El 8 de agosto de 1888, siendo presidente don Antonio Flores Jijón, mediante el Ministerio de Guerra y el Congreso de la República, se decreta la reapertura del colegio militar en la capital de la república y la escuela naval en la ciudad de Guayaquil.
Posteriormente, en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado, por medio del Decreto Ejecutivo del 11 de diciembre de 1899 se realizó la fundación de varias instituciones militares, entre ellos el Colegio Militar. Para complementar la formación de los oficiales del ejército, mediante decreto del 31 de enero de 1900 se crea en la capital de la república la Academia de Guerra. Mediante el mismo decreto, el general Eloy Alfaro preocupado de la formación de tropa, funda la Escuela de Clases, que tenía el propósito de la instrucción de cabos y sargentos del ejército.
Gestiona la contratación de la primera misión militar de Chile. En esa fecha Chile contaba con una gran escuela militar y su prestigio a nivel del continente era sumamente grande, gracias a los logros alcanzados en el campo de batalla (Guerra del Pacífico, Chile contra Bolivia y Perú) y su influencia alemana, lo que permitió iniciar y desarrollar un proceso de modernización muy fuerte en comparación a los demás países de la región.
En 1902, la misión militar chilena presenta un proyecto de Ley Orgánica Militar, en donde se establece la creación de tres establecimientos que permitirían la formación militar, técnica y profesional de los estudiantes. Estas instituciones fueron la Academia de Guerra, la Escuela Militar y la Escuela de Clases. Para lograr estos objetivos se realizó en 1905 una reforma a la administración y mando del ejército, en donde se reestructuraba la composición, jerarquía militar, división territorial del país, organización del cuerpo de tropa en tiempo de paz y la organización de las unidades mayores combinadas.
El objetivo de la misión militar chilena fue establecer a la academia de guerra como el instituto de formación de oficiales superiores y al colegio militar como la cuna de la formación de los subtenientes del ejército. Impulsaron la obtención de títulos profesionales civiles de alta calidad. El ejército ecuatoriano alcanzó así una notoriedad muy importante a nivel de la sociedad, lo que mejoró su prestigio.
Una de las aspiraciones que tenían las Fuerzas Armadas a inicios del siglo XX fue la creación de una universidad que permita especializar y profesionalizar a sus oficiales. El primer hecho histórico relacionado con esta aspiración fue la organización del primer curso especial de ingenieros el cual fue decretado por el gobierno de José Luis Tamayo el 16 de junio de 1922. Se desarrolló en la escuela de oficiales ingenieros. La escuela de ingeniería cerró sus puertas en 1932, luego de diez años de formación de profesionales oficiales del Ejército.
Se contrata una misión militar italiana en 1922 cuyo propósito fue brindar asesoramiento académico a los institutos de educación del ejército. La experiencia que tenía este grupo fue alcanzada en la Gran Guerra, en donde Italia asombró al mundo por el singular ingenio y el poderío de sus recursos. Se dedicaron a revisar la organización y los planes de estudio de la escuela militar, y son de resaltar los cursos intensivos de infantería, artillería, caballería, armas automáticas y guerra de montaña, que se impartieron al inicio de su gestión. La misión tuvo grandes resultados, es así como para fines de 1930 se habían implementado los siguientes cursos: ametralladora, mecánicos armeros, enfermeros, camilleros y telegrafistas. En 1940 se rescindió el contrato.
A fin de continuar con la preparación de los oficiales alumnos de la Escuela de Artillería e Ingeniería, una vez que la misión militar italiana terminó su contrato, llegó al país la misión militar estadounidense. Uno de los hechos importantes con relación al reconocimiento de los títulos alcanzados en la escuela, se obtuvo con el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente del 07 de febrero de 1947, en donde se reconoce los títulos alcanzados por los graduados en ingeniería civil. Con este hecho se formaliza la educación universitaria militar. Con la intención de aprovechar de la mejor manera al grupo de profesionales recién graduados de la Escuela, el Ministerio de Defensa creó el Departamento de Obras públicas, compuesto por las secciones de vialidad y construcciones. Con la intención de continuar con la preparación de los oficiales del ejército ecuatoriano, en 1948 se cambia el nombre de escuela de artillería e ingenieros a escuela técnica de ingenieros – ETI. El 26 de octubre de 1961, la escuela técnica de ingenieros fue reconocida como instituto superior. En 1964, se crea la carrera de ingeniería geográfica.
Para 1975 se inaugura el instituto de idiomas de inglés, francés y alemán. Posteriormente, el 13 de octubre de 1976 se crean la facultad de mecánica y electrónica con la intención de formar profesionales que contribuyan al manejo y mantenimiento de motores, armamento y termodinámica del sector industrial del país y del sector de las Fuerzas Armadas. El 25 de abril de 1977 se crea la facultad de ingeniería electrónica. En diciembre de 1977, nace la escuela politécnica del ejército, Conscientes de las exigencias de los entes de control, especialmente de los aspectos de evaluación de la calidad, la institución inicia una revisión interna de los procesos administrativos, académicos, logísticos, etc, con la finalidad de establecer un diagnóstico inicial y de esta manera establecer planes de acción acordes a los parámetros de calidad establecidas para las instituciones de educación superior.
Para el 30 de mayo de 2012, la ESPE abre en la ciudad de Latacunga una sede con una infraestructura de punta y con todas las facilidades de la tecnología actual. Esta sede dio acogida a cerca de 10.000 estudiantes. Cabe indicar que este campus fue construido por el cuerpo de ingenieros del ejército y lleva el nombre de general Guillermo Rodríguez Lara. Las carreras que se ofrecieron en la sede fueron las siguientes: mecánica, electricidad y electrónica, ciencias administrativas, computación, ciencias humanas y sociales y seguridad y defensa.
Posteriormente el Consejo de Educación Superior aprueba la creación de la universidad de las Fuerzas Armadas – UFA - ESPE, en reemplazo de la escuela politécnica del ejército. En la mencionada disposición se fusionan la universidad naval Comandante Rafael Morán Valverde, el instituto tecnológico superior aeronáutico y la escuela politécnica del ejército.
La universidad realizó varios procesos internos de evaluación, los cuales estuvieron alineados a la nueva Ley Orgánica de Educación Superior emitida en el año 2018 y las directrices del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CACES, cuyo objetivo fue articular los procesos de evaluación interno y externo de las instituciones de educación superior. Cabe resaltar que la UFA-ESPE fue evaluada en los aspectos de docencia, investigación e innovación, vinculación con la sociedad y condiciones institucionales, alcanzando resultados satisfactorios, lo que sitúa a la institución entre las mejores a nivel del Ecuador.
El autor destaca que el desarrollo de la educación militar en el Ecuador transitó un camino lleno dificultades, que permitieron aprender las mejores alternativas y decisiones en beneficio de las personas que estaban siendo formados o capacitados en los institutos militares.
Cabe resaltar los grandes impulsos que tuvieron los presidentes Vicente Rocafuerte, José Luis Tamayo, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro Delgado y Guillermo Rodríguez Lara para la apertura y reapertura del colegio militar, escuela de cadetes, escuela técnica de ingenieros, escuela náutica, academia de guerra del ejército y la universidad militar.
Es importante remarcar los grandes aportes que hicieron nuestros oficiales en el desarrollo del país, especialmente en el ámbito de la construcción de carreteras, puentes y demás infraestructura que permitieron, crear mejores condiciones a los conciudadanos ecuatorianos. Este gran aporte permitió llegar a lugares olvidados brindándoles mejores oportunidades de vida.
En el ámbito académico de destacan influencia de las misiones militares de Chile e Italia, que contribuyeron a que se establezcan estándares de muy alto nivel para los institutos de educación militar, lo que impulso un gran prestigio de exigencia y dedicación de directivos, profesores y estudiantes militares de la época.
Finalmente, el autor señala que el relato realizado de la educación militar en el Ecuador destaca el compromiso permanente de la institución militar con el país, con profesionales de excelencia y calidad para solucionar los problemas de la época, y la gran visión de los precursores de la universidad militar, que transformó la profesionalización de los oficiales del ejército ecuatoriano y mejoró la preparación de cada uno de ellos, especialmente en el conocimiento de ciencias militares de tipo estratégico y táctico militar, así como conocimientos en la rama de la ingeniería civil.
