Dinámicas históricas de expansión de las universidades privadas en la Argentina

Florencia Moore 1

Escuela de Educación. Universidad Austral

Ángela Corengia 2

Escuela de Educación. Universidad Austral

Laura Inés Rovelli 3

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata

Resumen

En el presente estudio se exploran y reconstruyen las dinámicas históricas que han impulsado la expansión del sector privado universitario en Argentina, así como la evolución de su cuerpo docente. Se analizan las principales tensiones surgidas en los distintos ciclos de reforma de la Educación Superior en el país. Así mismo, se identifican los principales factores que han influido en su crecimiento o ralentización, desde su creación hasta la consolidación actual, marcados por los cambios de gobierno y la influencia de sectores sociales en los diferentes momentos históricos en el marco de la compleja relación entre el estado, el mercado y la universidad, destacando cómo en las décadas más recientes ha habido una mayor convergencia entre estos actores. Inicialmente, los proyectos fundacionales del sector estaban mayormente impulsados por representantes de la religión católica, pero con el tiempo se diversificaron y ampliaron, involucrando a otros sectores de la sociedad, como militares, empresarios, políticos, científicos y académicos, quienes también buscaron influir en la creación de estas instituciones. Se concluye que, si bien el sector privado sigue siendo relativamente marginal en el sistema universitario argentino, ha experimentado un crecimiento constante y muestra una composición heterogénea en cuanto a las características e impronta de sus instituciones. Algunas de ellas han demostrado un mayor dinamismo para adaptarse a las políticas universitarias vigentes. Por último, a través del reclutamiento de investigadores y becarios del sistema científico tecnológico, ha logrado establecerse como referente en áreas específicas del conocimiento dentro del ámbito universitario nacional.

PALABRAS CLAVES: sector privado universitario; políticas universitarias; dinámicas históricas; convergencia.

1. Profesora en la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Doctoranda en el Doctorado de Educación Superior. UNRN - Universidad Austral-UAI.

2. Secretaria Académica de la Universidad Austral.

3. Profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata. Politóloga y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del CONICET.

Recibido: Noviembre 2023 / Aceptado: Enero 2024 / Publicado: Junio 2024

Historical dynamics of expansion of private universities in Argentina

Abstract

This study explores and reconstructs the historical dynamics that have driven the expansion of the private university sector in Argentina, as well as the evolution of its teaching staff. The main tensions that have arisen in the different cycles of Higher Education reform in the country are analyzed. The main factors that have influenced its growth or slowdown are identified from its creation to the current consolidation, marked by changes in government and the influence of social sectors at different historical moments. Within the framework of the complex relationship between the State, the market and the university, highlighting how in recent decades there has been greater convergence between these actors. Initially, representatives of the Catholic religion mainly promoted the founding projects of the sector, but over time they diversified and expanded, involving other sectors of society, such as the military, executives, politicians, scientists and academics, who also sought to influence the creation of these institutions. The studies concludes that, although the private sector remains marginal in the Argentine university system, it has experienced constant growth and shows a heterogeneous composition in terms of the characteristics and imprint of its institutions. Some of them have shown dynamism by adapting to current university policies. Likewise, through the recruitment of researchers and scholarship holders from the scientific and technological system, it has managed to establish itself as a reference in specific areas of knowledge within the national unive sity environment.

KEY WORDS: private university sector; university policies; hystorical dynamics; convergence.

Introducción

El surgimiento y configuración del circuito universitario privado en la Argentina se caracterizó por ser un proceso complejo, atravesado por fuertes resistencias y tensiones por parte de diversos sectores de la sociedad, así como también por la situación política nacional en general. En palabras de Algarañaz Soria (2019), “grandes polémicas y enfrentamientos se desataron entre sectores que defendían una educación superior de tipo laica, encabezados fundamentalmente, por universitarios reformistas, frente a aquellos que propugnaban por un espacio para las universidades libres (principalmente con referentes de la iglesia católica)” (p. 283).

Un acontecimiento de relevancia internacional en la historia de las universidades argentinas fue la “Reforma Universitaria” que tuvo lugar en Córdoba en 1918, a partir del cual las corporaciones profesionales adquirieron un mayor peso y presencia en las instituciones, desplazando el control de las elites en las instituciones académicas y en la vida universitaria.

Los objetivos y reivindicaciones de dicho movimiento se centraron en promover la participación estudiantil en instancias de gobierno y poder de decisión en cuestiones académicas. Esta situación conllevó a cambios en los estatutos que regulan las funciones principales de la Universidad, docencia e investigación, mediante la implementación de un sistema de co-gobierno, entendido como la participación de los estudiantes en la elección de los profesores que integrarían los órganos colegiados de gobierno (Del Bello et al, 2007). Estas conquistas de las universidades argentinas trascendieron e influyeron las dinámicas institucionales de otras universidades en la región, afectando la relación entre universidad, estado y sociedad. Lo que no pudo prosperar en ese período histórico fue el tema de los concursos docentes para renovar las plantas de profesores, ya que la designación de profesores y autoridades se realizó directamente por decreto, según el autor.

Un punto importante de aclarar es que estas agrupaciones estudiantiles rechazaban la visión clerical y aristotélica del conocimiento proveniente de la iglesia católica. Hasta casi fines de 1950 la educación superior argentina dependía exclusivamente del Estado, lo que implicaba que las únicas universidades habilitadas para expedir títulos académicos eran las de gestión estatal. En este escenario, y tal como lo expresa Algarañaz Soria (2019), la autonomía universitaria estuvo fuertemente vinculada con la actividad académica y cultural en general, distinguiéndose con claridad tanto del otorgamiento de títulos profesionales como de la responsabilidad de habilitación y control de sus actividades, funciones que se consideraba debían quedar en manos del Estado (p. 277).

Si bien habían surgido ciertas iniciativas y proyectos de creación de universidades científicas y tecnológicas privadas por parte de referentes del sector católico, así como también por destacadas personalidades de la ciencia (Bernardo Houssay; Enrique Gaviola; Eduardo Braun Menéndez, entre otros), las mismas no lograron prosperar. En parte porque el Gobierno peronista se oponía a este tipo de proyectos, pero también debido a la inexistencia de un marco legal y tradición normativa que avalara la creación de universidades privadas en el país. Además, el exilio o la persecución política de algunos dirigentes connotados y la falta de visibilidad legal de estas iniciativas hacían escasamente atractivo a distintos sectores involucrarse en las mismas, según Del Bello et al. (2007).

Ahora bien, es importante señalar que, si bien las propuestas de instituciones privadas mencionadas anteriormente tenían ciertas diferencias entre sí, en líneas generales, coincidían en proponer un esquema institucional alternativo, similar al modelo de universidad alemana o incluso norteamericana. Los referentes de estos proyectos argumentaban que era necesario un régimen de dedicación exclusiva para los profesores, ya que de ese modo tendrían un mayor porcentaje de tiempo destinado a investigar y producir conocimiento, capacitarse, formar a otros, entre otras tareas, además de transmitir conocimientos.

Sin embargo, hasta fines de la década del cincuenta sólo existían nueve instituciones universitarias, todas ellas de carácter nacional (García de Fanelli y Balán, 1994:6). Si bien ya existían ciertas instituciones privadas dedicadas a la educación superior, en su mayoría vinculadas a la Iglesia Católica, no poseían carácter o estatus oficial, y, por lo tanto, no estaban autorizadas a otorgar títulos oficiales. Es a partir del gobierno militar que le sucedió al presidente Perón, en el año 1955, que se produjo una ruptura con respecto a esta situación. El entonces gobierno de turno emitió un Decreto-Ley N 6403/55 sobre educación superior, en cuyo artículo 28 mencionaba la posibilidad de que la iniciativa privada cree universidades libres, tal como lo ilustra la siguiente cita: (...) “La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado nacional. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de organismos que designe el Estado nacional. Dichas universidades no podrán recibir recursos estatales y deberán someter sus estatutos, programas y planes de estudio a la aprobación previa de la autoridad administrativa, la que reglamentará las demás condiciones para su funcionamiento (…)”.

Al respecto, resulta conveniente aclarar que, dicho decreto fue ampliamente discutido y resistido por estudiantes universitarios, académicos de las universidades públicas, gremialistas, entre otros sectores sociales, y, en consecuencia, no pudo entrar en vigencia hasta 1958.

En el año mencionado, Arturo Frondizi asume la presidencia y promulga la Ley N° 14.557, comúnmente conocida como la Ley Domingorena. Esta legislación marca un hito al regular por primera vez la participación del sector de gestión privada en la educación universitaria. Durante este período, diversos sectores de la sociedad argentina fueron partícipes del debate conocido como laica vs libre. Esta célebre controversia polarizó las posturas de diversos actores sociales respecto a la aceptación o rechazo de las instituciones educativas privadas, las cuales, a partir de entonces, compartieron con las instituciones estatales el privilegio de constituirse en una vía restringida para el acceso a las profesiones de mayor prestigio e ingreso (García de Fanelli y Balán, 1994:6), con un funcionamiento relativamente autónomo. El aspecto más destacado de esta legislación radica en que sentó las bases normativas que permitieron a las instituciones universitarias de carácter privado iniciar su organización y desarrollo.

Es así como, se derogó el artículo 28º del Decreto ley 6.403/51 y en su lugar se aprobó el artículo 1°, el cual, si bien refiere a todos los puntos del mencionado Decreto, también explicita la necesidad de que las ofertas y su orientación académica se asemejara a las ofrecidas por las instituciones de gestión estatal. El siguiente fragmentado del citado artículo pone en evidencia este planteo: “El Poder Ejecutivo no otorgará autorización, o la retirará si la hubiese concedido, a las universidades privadas cuya orientación y planes de estudio no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural en los graduados, por lo menos equivalente a la que imparten las universidades estatales y/o que no propicien la formación democrática de los estudiantes dentro de los principios que informan la Constitución Nacional.” De tal forma, si bien se autorizaba la presentación y creación de proyectos institucionales pertenecientes al sector privado (incluso si aún no habían iniciado el trámite de reconocimiento ante el estado), los mismos se encontraban estrictamente regulados por parte del Estado nacional.

En este contexto se crearon las primeras instituciones privadas, mayormente con una impronta confesional, como, por ejemplo, la Universidad Católica de Córdoba (UCCor), la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)-con sede en Buenos Aires y en Rosario, Universidad del Salvador (USAL) y Universidad Católica de Santa Fe, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad Católica de Cuyo. Tal es así que, en el año 1961, se encontraban funcionando cinco universidades privadas, tres de ellas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, según datos del Ministerio de Educación y Justicia. Además, había simultáneamente siete universidades privadas más en trámite de reconocimiento, con un total de 2.889 alumnos y 693 docentes (Plotkin 2006:46). Siguiendo al autor, hacia fines de la década del sesenta se encontraban en funcionamiento doce universidades privadas en todo el país, con un total de 16.122 alumnos. Algunas de estas instituciones se caracterizaban por su carácter laico, marcando un contraste con las primeras universidades privadas que, en su mayoría, surgieron en respuesta a la tradición eclesiástica y tuvieron sus raíces en motivaciones principalmente religiosas. Un ejemplo paradigmático de estas últimas es la Universidad del Museo Social Argentino, cuyo origen se encuentra estrechamente vinculado a creencias/ideales liberales y sociales que definieron a un sector del conservadurismo, guiado por objetivos humanistas, científicos y artísticos (Del Bello et al., 2007:123). Asimismo, destaca el caso del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuya creación respondió a la necesidad de incorporar profesionales de la ingeniería a la Armada Argentina, enfocándose especialmente en ingeniería naval, telecomunicaciones, aeronáutica y

armamentismo.

Unos años más tarde, surgieron otras instituciones de carácter laico, impulsadas en este caso por el sector empresarial y productivo del país. Entre ellas se encuentran la Universidad de Morón, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad Belgrano (UB), la John F. Kennedy y la Universidad Notarial Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. El origen y las iniciativas académicas de estas instituciones evidencian intereses contradictorios. Por un lado, un conjunto de instituciones se orienta exclusivamente a promover el desarrollo de carreras innovadoras para adaptarse a las cambiantes necesidades y demandas del mercado, como es el caso de la UADE. Por otro lado, existen instituciones que se centran en ofrecer carreras profesionales tradicionales, pero desde una perspectiva pluralista y laica, como, por ejemplo, la UB y la Notarial Argentina.

Es importante destacar que las universidades privadas creadas durante esta década comparten ciertos aspectos con las universidades estatales. En ambos casos, ofrecen carreras de grado de larga duración, con una orientación fundamentalmente profesional, haciendo hincapié en la enseñanza de disciplinas humanísticas y de ciencias sociales, así como en carreras más clásicas como Medicina, Ingeniería Civil, Ciencias Económicas y Arquitectura, entre otras. Estos datos reflejan una expansión notablemente rápida del sector privado en un lapso de tiempo relativamente acotado. Sin embargo, la participación de estas universidades en la matrícula universitaria total (237.256 alumnos continuó siendo comparativamente pequeña con respecto a las universidades de gestión pública. Según datos de la Secretaría del CONADE, el sector privado representaba tan solo un 5%. Este hecho se puede explicar, en parte, porque la primera oleada de creación de universidades privadas coincidió con la “edad de oro” de las universidades públicas. El 68% de los 220 mil alumnos matriculados en la educación universitaria durante la década del setenta, se concentraba en las tres universidades nacionales más antiguas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata (Pérez Lindo, 1985. En estas últimas, se había conformado un grupo significativo de docentes investigadores que se ocupaban de sus tareas con dedicación exclusiva, y que habían hecho una fuerte inversión en sus carreras académica (Plotkin, 2007:47).

Recuperando el planteo de Algarañaz Soria (2019), esta característica tuvo que ver con el hecho de que la Argentina fue uno de los países latinoamericanos que más tardíamente vio nacer sus primeras universidades privadas, las cuales comenzaron a funcionar oficialmente recién a partir de 1958. Además, a diferencia de otros países del Cono sur, es uno de los países que cuenta con una de las tradiciones más fuertes en educación superior pública, en términos de Plotkin (2006. Desde la sanción de la primera Ley Universitaria o Avellaneda, en 1885, las instituciones de educación superior han sido siempre, en su mayoría, creadas, sustentadas y reguladas por el Estado (p. 276).

En este punto resulta conveniente aclarar que, el Estado Nacional continúo ocupando un lugar central en el proceso de expansión y regulación del sector privado, resguardándose la potestad de habilitación profesional de sus graduados y prohibiéndoles la obtención de subsidios o recursos para el desarrollo de actividades de investigación, entre otras funciones.

En síntesis, el proceso de institucionalización del circuito de universidades privadas en el sistema universitario nacional no transcurrió de manera sencilla y careció de una legitimación pacífica, según señala Algarañaz Soria (2019. En el contexto de una política universitaria que buscaba reconstruir la histórica relación conflictiva entre el Estado y la educación superior privada, el sector se configuró y experimentó un crecimiento acelerado. A esta primera ola de instituciones se las identificó como universidades de la iglesia, evidenciando la influencia predominante de la Iglesia Católica sobre otros sectores sociales. Cabe señalar que, a las instituciones privadas se les prohibió recibir ayuda económica o subsidios del Estado, y tampoco lograban atraer financiación de instituciones filantrópicas nacionales o extranjeras. En consecuencia, se enfrentaban a dificultades para contratar a docentes e investigadores reconocidos por su experiencia y trayectoria, llevar a cabo actividades de investigación para atraer a más alumnos, y ofrecer carreras que implicaran un mayor nivel de inversión y costos (por ejemplo, medicina), entre otros motivos. Estos factores contribuyeron a explicar, en cierta medida, el crecimiento relativo a nivel institucional del sector durante el período analizado.

Creación de nuevas universidades privadas (1968-1988)

Los factores que de alguna manera coadyuvaron a impulsar la expansión de la matrícula del sector privado, así como también la creación de nuevas universidades (aunque en este período la cantidad de nuevas instituciones fue significativamente menor con respecto al período anterior, están estrechamente relacionados con los momentos de inestabilidad social y crisis que atravesó la Argentina, principalmente a través de la intervención del Gobierno militar de Onganía en 1966 y con la dictadura militar de 1976. Durante el período que va desde 1968 hasta 1988, tuvo lugar la denominada “segunda ola fundacional” de Universidades privadas en palabras de Plotkin (2006), pero esta vez, en su mayoría de carácter no confesional.

Por un lado, debido a que las universidades nacionales fueron intervenidas y sufrieron severos daños materiales (destrucción de bibliotecas y laboratorios, entre otros espacios) y también de índole moral. No sólo se les coartó y limitó la autonomía institucional, sino que también se realizaron persecuciones y desapariciones de docentes y estudiantes. Además, se dejaron cesantes a una gran cantidad de docentes de reconocida trayectoria y prestigio académico, por mencionar algunos ejemplos. Siguiendo la línea de investigación de Fanelli y Balán (1994), el único período de gran crecimiento de la matrícula privada tuvo lugar durante el último gobierno militar. En ese tiempo, tanto estudiantes como profesores de las carreras de ciencias sociales y humanas se trasladaron a instituciones privadas debido al cierre de carreras y al clima de represión que prevalecía en las instituciones públicas de educación superior (p. 10). Según los datos proporcionados por estos autores, entre 1980 y 1983, la participación del sector privado en el total del sistema universitario llegó a representar entre el 19% y el 20%.

En 1967, el régimen de facto promulga una nueva normativa configurando el segundo marco regulatorio para el sector universitario privado: la Ley 17.604, reglamentada por el Decreto 8472 (que permaneció en vigencia hasta 1993). En términos generales, esta ley representó un incremento en la presencia y regulación por parte del Estado nacional sobre las actividades y modos de funcionamiento de dicho sector. De hecho, la normativa recién establecida determinaba que la creación y operación de universidades e institutos privados requerían una solicitud y autorización previa por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Conforme al artículo 1° de la misma, “(...) esta ejercerá la fiscalización permanente del Estado sobre dichos establecimientos”, evidenciando así un control riguroso y la preeminencia de un cierto poder de policía en la relación entre el Estado y las universidades privadas.

A diferencia del período anterior, en el cual se había permitido la puesta en funcionamiento de nuevas instituciones privadas que aún no habían iniciado el trámite de reconocimiento ante el Estado, las nuevas instituciones debían pasar por un período de funcionamiento provisorio, establecido por un plazo de quince años, para luego pasar a la etapa de reconocimiento definitivo, a partir del cual los egresados obtenían la habilitación para el ejercicio profesional, eliminándose los exámenes finales de habilitación (Del Bello et al, 2007:96). Bajo estas nuevas condiciones (…) “e incluso por el efecto mismo del intervencionismo autoritario” (Algarañaz Soria, 2019:290), se crearon nuevas instituciones de gestión privada; entre ellas, la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE), impulsada por un grupo de intelectuales, “no sólo como un emprendimiento educativo válido por sí mismo, sino también como reaseguro para profesores e investigadores víctimas de persecución política” (Ibíd.). De tal forma, el autor argumenta que ciertos institutos y universidades privadas del país, actuaron de “hogar-asilo” para los investigadores y docentes que no optaron por irse del país.

Luego, a partir de 1973, durante el “Proyecto de Reconstrucción y Liberación Nacional” impulsado por el tercer gobierno peronista, se promulgó el Decreto 451/73, que, entre otras disposiciones, detuvo la creación de nuevas universidades en el territorio nacional. Este decreto marcó el inicio de una etapa de desaceleración en el crecimiento de las instituciones privadas y una notable restricción de su autonomía. Esta medida se mantuvo en vigencia hasta 1993 y formó parte de una política universitaria de carácter autoritario y conservador, cuyo propósito principal se basaba en controlar y disciplinar a las universidades estatales, así como al conjunto del espacio universitario. Los estudiantes universitarios eran percibidos como una amenaza para la seguridad nacional. En este sentido, desde 1974 hasta 1983 no se crearon nuevas instituciones universitarias de gestión privada. Sin embargo, el autor argumenta que el régimen militar contribuyó a la consolidación de las universidades católicas, describiendo esta etapa como de “desaceleración selectiva” en la historia y configuración del circuito universitario privado.

Estas instituciones se beneficiaron de subsidios económicos, especialmente la UCA y la USAL, lo que redundó en mejoras en la producción científica (p.303).

Con respecto a la matrícula del sector, si bien experimentó una tendencia progresiva durante los últimos años de la última dictadura, su tasa de crecimiento anual fue bastante limitada en términos comparativos con los períodos históricos analizados previamente. Por su parte, autores como Del Bello, Barsky y Giménez (2007), sostienen que, el hecho de que se hayan creado pocas universidades privadas durante este período se debió principalmente a que el foco de la política universitaria estuvo centrado en promover la descentralización del subsistema universitario público, y no así en incentivar el desarrollo del subsistema privado. Con relación a ello, se establecieron dieciséis universidades nacionales de carácter regional, bajo el plan de Alberto Taquini, con el propósito de regionalizar el sistema universitario y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo en el interior del país (p. 95. Este enfoque tenía como objetivo aliviar la carga de matrícula de las universidades metropolitanas. Simultáneamente, se llevó a cabo la nacionalización de la mayoría de las instituciones provinciales existentes hasta ese momento, y se crearon nuevas universidades mediante la división de instituciones más grandes. A modo de ejemplo, de la Universidad del Litoral surgieron las universidades de Rosario y Entre Ríos, mientras que de la Universidad del Nordeste se originaron Misiones en esa década y Formosa en décadas posteriores.

Hasta este punto, hemos trazado un breve recorrido histórico que ilustra cómo se configuró el sector universitario privado en Argentina durante el período de su surgimiento y consolidación. Es importante destacar que, aunque las universidades del sector público y privado del país se encontraban inmersas y afectadas por las mismas condiciones sociales y políticas, las de este último adoptaron características y lógicas propias, con una orientación e impronta particular, “que le imprimió un grado de diferenciación y autonomía respecto de aquél” (Algarañaz Soria, 2019:303).

Expansión del sector universitario privado (1989-1995)

Posteriormente, y acercándonos a un período más reciente en la historia de las universidades de gestión privada, experimentaron un notable proceso de expansión y desarrollo. Este fenómeno tuvo lugar durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) en el marco de políticas que buscaban una profunda reestructuración y modernización del sistema de educación superior. En ese entonces, Argentina atravesaba una seria crisis económica y financiera, marcada por el endeudamiento externo, la hiperinflación y crisis fiscal, lo que generaba fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad y autoridad del Estado. Este se asociaba a menudo con despilfarro e ineficiencia en la gestión de recursos, así como altos niveles de corrupción, entre otras acusaciones. En este contexto, el gobierno llevó a cabo medidas orientadas a la desregulación, privatización y descentralización, fundamentadas en la lógica del mercado e influenciadas por el sector empresarial e industrial del país. Estos ejes, centrados en deslegitimar al sector público, se reflejaron en el ámbito universitario, adoptando diversas formas y matices.

En lo que respecta al ámbito universitario, el principal estímulo al crecimiento de la matrícula de las universidades privadas ya establecidas como en las nuevas, ha sido el deterioro del financiamiento del sector público, que provocó desde 1988 la sensación generalizada de quiebra del sistema de universidades nacional, en particular en el área de Buenos Aires donde buena parte de las privadas se localizan (Fanelli y Balán, 1994:11). Otros motivos tuvieron que ver con la puesta en práctica de estrategias tendientes a promocionar y publicitar sus ofertas académicas de grado mediante fuertes campañas de marketing. Además, realizaron convenios institucionales con universidades del extranjero y/o con empresas, con el objetivo de generar programas de intercambio y garantizar una salida laboral rápida a sus graduados, entre otras acciones que contribuyeron y redundaron en un mayor dinamismo del sector. Finalmente, cabe destacar que, los programas académicos de grado que ofrecen se caracterizan por ser de menor duración, más variados y de carácter innovador (al menos desde lo discursivo) por responder a las necesidades de formación del mercado laboral, en términos comparativos con las universidades de gestión pública.

En este sentido, durante el período 1989-1995, se duplica el número de universidades privadas con sus especificidades (Zelaya, 2012). Tal como lo expresa Buchbinder (2005), en 1985 había veinte instituciones universitarias privadas y diez años después el número se había elevado a cuarenta y cuatro. A finales de 2003 se registraba la existencia de 52 universidades” (p. 25).

A continuación, se presenta un cuadro que permite ilustrar dicha expansión.

Cuadro 1:]

Instituciones universitarias privadas creadas durante el período que va desde 1989 hasta 1995.

Fuente: Elaboración propia en base a Del Bello et al (2007) y datos obtenidos del MECyT/SPU.

Tal como como lo evidencian los datos del cuadro, resulta notoria la expansión institucional del sector privado que tuvo lugar a partir de los años noventa, en el marco de la Ley 17.604. En términos generales, y siguiendo la categorización propuesta por Daniel Levy (1986), estas instituciones se encuadran dentro de la categoría de “absorción de demanda”, dirigidas principalmente a los sectores medios y bajos del país. Esta orientación responde principalmente a la necesidad de formar técnicos de nivel superior y profesionales para el sector productivo nacional. En otras palabras, se caracterizan por diseñar su oferta académica en función de las exigencias y demandas del mercado laboral, proporcionando carreras de corta duración que les permiten adaptarse de manera ágil a los cambios en el mundo laboral (Zelaya, 2012: 184). Es relevante destacar que estas instituciones albergan la mayor cantidad de alumnos en el sector, lo cual podría atribuirse a los bajos aranceles por alumno, convirtiéndolas en opciones accesibles para la mayoría de la población. En lo que respecta al área de conocimiento de mayor crecimiento en este tipo de universidades, destaca el campo de las Ciencias Sociales, impulsado por una demanda significativa y costos relativamente bajos en equipamiento y materiales de enseñanza, según señalan Balán y García de Fanelli (1997). Ejemplos notables de este tipo de instituciones son la UAI, J.F. Kennedy y Morón, entre otras.

En el caso de la Universidad de Morón, su actividad comenzó por la iniciativa de la Academia de Estudios Históricos Bartolomé Mitre de esa localidad, y fue la primera en crear una Escuela Universitaria de Turismo en el país. Por su parte, la universidad John F. Kennedy, cuya estructura departamental constituye un reflejo del modelo de universidad norteamericano, en su página institucional expresa lo siguiente: (…) “nació como una institución no elitista y con un “compromiso socio -comunitario”. La misma fue impulsada por un grupo de reconocidos intelectuales que tenían como visión la creación de propuestas académicas que estuvieran poco desarrolladas o que no existieran (en ese momento) en el país, tales como: Psicología, Ciencias Políticas, Relaciones Públicas, Artes del Teatro, por mencionar algunas.

Cabe destacar que estas instituciones surgieron no solo como reacción al sector universitario público, sino también al sector privado confesional. En este caso se trata de instituciones más pequeñas, vinculadas a las demandas del sector empresarial y moderno, orientadas principalmente al área de las ciencias económicas, la administración o las comunicaciones. Así mismo, se caracterizan por ofrecer un producto distintivo y muy diferenciado, destinado a un público privilegiado (al menos en términos económicos) en tanto son las que poseen el nivel arancelario más alto en comparación con el resto de las instituciones. Estructuralmente están inspiradas en el “liberal art college” norteamericano, el cual hace hincapié en la calidad académica de sus estudios y en la formación de sus docentes, constituyéndose en “uno de los activos simbólicos (y reales, en muchos casos) más importantes con que se cuenta” (Plotkin, 2006:59). Al respecto, una gran proporción del cuerpo académico que se desempeña en estas instituciones de élite tiene dedicación exclusiva y recibe salarios que están muy por encima de la media del sector. Esto no sucede en las universidades privadas más antiguas, ni tampoco en las de carácter público de la Argentina, donde la mayor parte de los profesores tiene una dedicación simple (10 hs semanales) y realiza el trabajo de docencia en paralelo a otros trabajos en función de sus profesiones de base (ingeniero, abogado, contador, psicólogos, etc.) A su vez, hay otro 25% de docentes que tiene una dedicación semi-exclusiva (20 hs semanales). En este caso, algunos de ellos, además de enseñar se insertan en proyectos de investigación, en parte para poder ampliar su experiencia en lo que respecta a la producción de conocimientos, pero también porque es un requisito para poder ascender en la carrera docente. Es decir, es muy bajo el porcentaje de docentes con dedicación exclusiva (40 hs semanales), según Marquina (2008) que puede realizar tareas de docencia, investigación y transferencia. En este último período, además, se les han adjudicado otras tareas vinculadas a la gestión y tutorías en función de requerimientos planteados por la comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria en el marco de la Ley de Educación Superior.

Otro rasgo que las distingue del resto de las instituciones del sector, es que promueven activamente el desarrollo de actividades de investigación y se centran en desarrollar más el nivel de posgrado que el de grado. Dentro de este grupo, se puede mencionar a la Universidad de San Andrés, Torcuato DI Tella, Favaloro, Austral y UCEMA. Es también durante este período que se crearon tres institutos universitarios, cuya característica principal es que concentran su oferta académica de grado y posgrado en una sola área disciplinar. En líneas generales, se trata de institutos centrados en la enseñanza de carreras de ciencias de la salud y de cine, los cuales fueron mencionados en el cuadro presentado anteriormente.

Ahora bien, frente al surgimiento de las nuevas universidades, las universidades privadas más antiguas tuvieron que renovar sus perfiles, aggiornar programas y planes de estudio, realizar cambios en las orientaciones de sus carreras, enfatizar el lugar que ocupa la internalización de la enseñanza y la producción científica, entre otros aspectos, a fin de poder continuar disputando su lugar dentro del ámbito académico. Esto se debe a que las primeras universidades privadas (o más antiguas) desplegaron una serie de estrategias y acciones tendientes a promover el desarrollo de la carrera académica en su claustro docente, ya sea a través de la incorporación de docentes investigadores con amplia experiencia y trayectoria en investigación (además de poseer experiencia en docencia), ofreciendo becas (completas o parciales) para la realización de estudios de posgrado en universidades nacionales y/o en el extranjero, así como también a través del diseño e implementación de programas específicos de formación pedagógica y perfeccionamiento docente al interior de las instituciones, por mencionar algunos ejemplos.

A modo de reflexión, el número de instituciones privadas creadas desde 1988 en adelante duplicó la cantidad de instituciones de los períodos anteriores. Esta situación pudo estar relacionada con el hecho de que hasta la sanción del decreto 2330/93, las restricciones académicas para la creación de universidades privadas habían sido mínima, basadas en ofrecer al menos tres carreras de grado con título de licenciado o equivalente, o sea un mínimo de cuatro años de duración (Del Bello et at., 2007: 102).

Nuevas regulaciones para el sector privado (1995-2015): Expansión y Profesionalización de la Profesión Académica

Ahora bien, debido a la gran expansión y diversidad de instituciones de nivel superior que se habían originado, con ofertas académicas y niveles de calidad muy heterogéneas, desde el nivel gubernamental se llevaron a cabo una serie de medidas tendientes a regular el nivel superior universitario. Tal como lo expresa Del Bello et al (2007), el Estado Nacional formuló una política y estrategia para el desarrollo del sistema universitario, con instrumentos y medidas que impactaron sobre los sectores estatal, por un lado, y privado por el otro. Por un lado, se creó la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), y en dicho marco se desarrolló e implementó el Programa de Incentivos a los docentes investigadores (PROINCE) y el Programa de aumento de las dedicaciones docentes, con el objetivo de promover el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el país. También se constituyó el Fondo para el mejoramiento de la Calidad (FOMEC), a fin de promover mejoras en la calidad de las ofertas académicas de grado y posgrado ofrecidas por las instituciones. Con relación a ello, se instrumentaron programas especiales, como, por ejemplo, el Programa de Mejoramiento de las Ingenierías (PROMEI) en 2005, pero debido a la histórica prohibición de otorgar subsidios a las instituciones privadas, dichos programas de apoyo estatal estuvieron destinados a las universidades públicas y nacionales. Por otra parte, se incentivó el desarrollo del subsistema de educación superior no universitaria y se modificó el sistema de financiamiento de las universidades nacionales, promoviendo la descentralización de los salarios a escala institucional y la constitución de fondos abiertos de asignación específica por contrato entre las instituciones y el estado, entre otras acciones.

Otro de los ejes claves de esta política universitaria se basó en la reforma del marco regulatorio de funcionamiento del sistema de educación, a través de la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior en 1995. La misma se estableció como marco general común para ambos sectores universitarios: estatal y privado. Entre sus características principales, cabe destacar, la ampliación de la autonomía académica de las instituciones universitarias, habilitándolas a crear carreras de grado y posgrado sin previa autorización por parte del estado nacional. En el caso de las instituciones privadas, esto regía sólo para aquellas que tenían una autorización definitiva para funcionar como tales. Además, podían definir sus propios mecanismos de acceso, permanencia y ascenso del personal docente y no docente, así como también las condiciones de ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes; establecer regímenes de gobierno y de organización académica; administrar sus recursos, y otorgar títulos académicos, a la vez que, habilitantes para el ejercicio profesional. De este modo, se eliminó el sistema fragmentado de los títulos habilitantes que había caracterizado a la normativa de los períodos anteriores, en tanto la habilitación para el ejercicio profesional de los egresados de las universidades privadas era otorgada por el estado nacional, a través de exámenes, de carácter público, a cargo de los organismos que designara al efecto (Del Bello et al, 2007, p.89).

Es importante señalar que el artículo 66 de dicha ley, abría la posibilidad a que las universidades del sector privado, al igual que las públicas, recibieran apoyo económico del Estado para poder desarrollar tareas de investigación de carácter científico y tecnológico (el cual históricamente había estado vedado):“El Estado nacional podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo que lo soliciten, apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los mecanismos de evaluación y a los criterios de elegibilidad que rijan para todo el sistema”.

En este sentido, se habilitaron convocatorias de proyectos entre el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT, a través de ciertos fondos, entre ellos: el FONCyT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica), y entre instituciones particulares y el FONCyT, y a partir del nuevo Programa de Modernización Tecnológica III, también se abrió la posibilidad de acceder a subvenciones parciales para equipamientos de laboratorio de investigación e incorporación de investigadores. Paradójicamente, es también durante este período que, desde el gobierno, se pusieron en marcha una serie de acciones tendientes a generar un mayor control y regulación del sector privado, provocando ciertas restricciones en lo que respecta a la autonomía institucional de las mismas. Una evidencia de ello, es la sanción del Decreto 2330/93 (y posterior sanción del Decreto Reglamentario 576/96, cuya implementación demandaba mayores exigencias para las nuevas iniciativas de carácter privado, puntualmente en lo que respecta al proyecto institucional y académico y el plan de desarrollo (...). En este sentido, las instituciones quedaron sometidas a un estricto régimen de seguimiento y fiscalización (informes anuales, autorización gubernamental previa a la modificación del proyecto institucional y a la creación de nuevas carreras, etc. para su posterior reconocimiento definitivo (Del Bello et al, 2007: 103. Resulta conveniente aclarar que dicho decreto sólo se aplicó a las instituciones que habían sido creadas en los años anteriores y que se encontraban en la etapa de autorización provisoria, entre ellas: Cuenca del Plata, Cine, Atlántida Argentina, Flores, Congreso, UAI y Siglo XXI, entre otras.

En este mismo sentido, y en el marco de Ley de Educación Superior (LES), se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de controlar la calidad y eficiencia de las instituciones universitarias a través de procesos de evaluación externa institucional cada seis años, así como también de las ofertas académicas a través de procesos de acreditación obligatoria para las carreras de interés público y de todos los postgrados. Con respecto a las carreras de interés público (profesiones reguladas), las mismas deben respetar los contenidos curriculares básicos y los criterios de intensidad sobre la formación práctica establecidas por el artículo 43 inciso “A” de la LES. En cambio, y en lo que respecta al resto de las carreras, las mismas deben respetar la carga horaria mínima definida en el artículo 42. En cuanto al sector privado, la LES establece que la autorización ministerial- provisoria y definitiva- requerirá de un informe favorable de la CONEAU. De tal forma, le transfiere la responsabilidad a dicho organismo, de expedirse respecto a la autorización o no de una nueva institución universitaria privada. Ahora bien, si el dictamen contiene una recomendación desfavorable, el mismo resulta vinculante para el Ministerio, y esto puede implicar la suspensión/cierre del dictado de una carrera o incluso de la institución. En el artículo 63 de la LES se explicitan los criterios en los cuales debe basarse el informe: a) La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de las asociaciones o fundaciones; b) La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico así como su adecuación a los principios y normas de la presente ley;

c) El nivel académico del cuerpo de profesores con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia universitaria; d) La calidad y actualización de los planes de enseñanza e investigación propuestos; e) Los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura de que efectivamente se dispongan para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión; f) Su vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y convenios con otros centros universitarios del mundo.

Como se observa, el nuevo marco regulatorio se caracteriza por ser más estricto y exigente, así como también por tener un rol de mayor control y monitoreo del sistema universitario en su totalidad, en comparación con los requisitos académicos y económicos planteados por la normativa de los períodos anteriores. En cierto modo, la CONEAU fue pensada como una estrategia de restricción a la apertura de nuevas instituciones privadas y de expansión del sector Los criterios establecidos por el nuevo marco regulatorio mencionados anteriormente (Ley 24.521 y El Decreto Reglamentario 576/96), permitieron regular el ritmo de expansión de la base institucional del sistema universitario, provocando un efecto desacelerador respecto del período anterior (1989-1995). El crecimiento del número de instituciones universitarias privadas en el período de siete años que va entre 1989 a la promulgación de la Ley de Educación Superior (1995) es superior al de los veinte años transcurridos desde esa fecha (1996-2016), según datos recabados por la CONEAU (2017). Tal como lo describe Del Bello et al (2007), entre 1996 y 2006, se autorizó el funcionamiento provisorio de diez institutos universitarios privados y ninguna universidad, en un contexto en el cual se habían presentado 96 solicitudes de autorización provisoria de instituciones privadas argentinas, de las cuales denegó 38 (40%), un total de 37 (36%) fueron retiradas por patrocinantes en virtud de las objeciones del organismo de evaluación, 3 fueron devueltas al Ministerio, 11 (3%) tuvieron recomendación favorable y 7 están en proceso de análisis (p. 108).

A continuación, el cuadro 2 presenta el estado de situación de las universidades privadas, desde su creación en 1956 hasta el 2016, luego de haber transcurrido diez años desde la puesta en funcionamiento de la CONEAU, a fin de ilustrar los períodos de mayor expansión, y en contraparte, desaceleración/ralentización en el crecimiento del sector.

Cuadro 2:

Instituciones universitarias según año de creación y sector de gestión.

Fuente:

Elaboración propia en base a datos e información de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y de Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2016).

Se puede observar un importante crecimiento en la cantidad de instituciones privadas durante los siguientes períodos: en 1959, durante el desarrollismo, que es cuando el Estado autorizó la creación de las primeras universidades privadas. Este período se extiende hasta 1974, ya que, en ese año, el gobierno sancionó un decreto mediante el cual suspendió la creación de nuevas universidades (estatales y privadas). Por otra parte, en 1988 y se extiende hasta el presente, debido a que el estado vuelve a autorizar la creación de nuevas instituciones universitarias privadas.

En cambio, en el presente, se observa una tendencia hacia la desaceleración del sector en lo que respecta a la creación y puesta en funcionamiento de nuevas instituciones en comparación con períodos anteriores. Esta situación está directamente relacionada con las nuevas exigencias y mayores restricciones académicas y económicas impuestas por el marco regulatorio actual. Paralelamente, coincide con un proceso de crecimiento y expansión de instituciones estatales en el conurbano bonaerense. Según datos del Ministerio de Educación (2013), en los últimos años se han creado 24 instituciones de gestión estatal y 13 de gestión privada. Rovelli (2011) destaca que, entre 2007 y 2015, se nacionalizaron dos instituciones universitarias y se crearon trece nuevas casas de altos estudios, siete de ellas ubicadas en el conurbano bonaerense.

A continuación, se presenta un cuadro que ilustra el total de instituciones del sistema universitario argentino, clasificadas según sector: estatal-nacional, estatal-provincial y privado, en estos últimos años (2015.

Cuadro 3:

Cantidad de instituciones universitarias según sector de gestión. Año 2017

Régimen Total de Instituciones

Fuente: Nómina de Autoridades de las Universidades Argentinas – Departamento de Información Universitaria – DNPeIU – SPU. Año 2017.

La evidencia muestra que el sector privado ha crecido y se ha expandido significativamente en cuanto a la cantidad de universidades e institutos universitarios que lo conforman, desde su primera etapa fundacional, en el año 1958, hasta la actualidad. De hecho, prácticamente iguala e incluso supera al sector estatal, considerando los institutos universitarios y a una universidad internacional (FLACSO) y a otra extranjera (Bologna). Esto también se ve reflejado en la cantidad de nuevos inscriptos, que crecieron a una tasa del 0.4% en el sector estatal contra un 5.6% en el sector privado, y en la cantidad de graduados, dando cuenta que la tendencia de crecimiento del sector privado en forma continua está consolidada, Barky y Corengia, 2017:15.

Sin embargo, aún asisten a las universidades nacionales unos 1.283.522 alumnos, lo cual representa aproximadamente el 80% de la matrícula total del país, mientras que la cantidad de alumnos que asiste al sector privado es de 317.040, mostrando una tasa promedio de crecimiento anual de 5.6 para el año 2008, según datos de la SPU, citado en Claverie (2012). Esto implica que, el sector privado continúa siendo relativamente marginal en términos de estudiantes y de profesores universitarios; y buena parte de los profesores que se desempeñan en este sector además lo realizan en las universidades públicas, en términos de Lamarra y Marquina (2008). Es importante señalar que, si bien la concentración de estudiantes es menor, también resulta significativa: 6 de las 60 instituciones privadas tiene el 36% de la matrícul

Finalmente, mientras el tamaño promedio del conjunto de las universidades nacionales es de 28.000 estudiantes, el tamaño promedio del sector privado es de 6.500 estudiantes (García de Fanelli, 2011).

En el siguiente cuadro se podrá observar la evolución de la matrícula del sector privado, desde 1996 hasta el año 2015 inclusive. Es de destacar que, si bien el crecimiento en cantidad de alumnos es relativamente pequeño en términos comparativos con el sector público, el mismo es de carácter constante y da cuenta de un aumento en la cantidad de alumnos que asisten a establecimientos del sector en lo que respecta al período analizado.

Cuadro 4:

Evolución de la matrícula del sector privado, período 1996-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Secretaría de Políticas Universitarias (2017).

Es evidente que la participación del sector universitario privado en el total de alumnos fue creciendo desde 1996 a 2015, acompañando los cambios en el contexto más amplio: incremento de los egresados de nivel medio, el aumento de la participación de las mujeres en todos los niveles, la expansión de las ofertas académicas de grado, la demanda por recursos humanos más calificados al mercado laboral, entre otros factores. Si bien no es fácil de calcular la participación total de los alumnos en dicho sector debido a que no hay consenso respecto a lo que se entiende por alumno regular, en función de datos provistos por la Secretaría de Políticas Universitarias, para el año 2005, la participación de las instituciones privadas en el total de alumnos era del 15%-porcentaje que se mantendría constante desde 1989 (Del Bello et al, 2007, p.247). De hecho, en base a información del Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación, durante el 2004, el sector privado tenía 233.821 alumnos. Esto implica que duplicó la cantidad de alumnos en un período de diez años y se produjo un crecimiento del 47% aproximadamente, ya que en 1994 la matrícula total era de 124.749. En lo que respecta a la matrícula estatal, el crecimiento fue del 44% aproximadamente, siendo muy similar al del sector privado, durante el período analizado. En el presente, los datos muestran lo siguiente:

Cuadro 5:

Cantidad de estudiantes universitarios según sector de gestión, período 2017-2018

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU – SPU (2017-2018).

Según Claverie (2012), el hecho de que el crecimiento de la matrícula de las universidades privadas haya sido relativamente bajo en términos comparativos con el sector estatal, pudo estar vinculado con la creación y crecimiento de nuevas universidades públicas en Gran Buenos Aires y en todo el país, fundamentalmente en el último período. Entre las que cabe mencionar: Universidad Nacional de la Matanza, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad General Sarmiento y Universidad de San Martín, entre otras.

Consideraciones finales

Como hemos explorado a lo largo del análisis sobre la configuración del circuito universitario privado en Argentina, el Estado y sus actores han experimentado momentos de menor y mayor intervención en la política universitaria, dependiendo de los diferentes gobiernos políticos y períodos históricos examinados. Durante el período de intervención militar, el Estado impuso un control estricto y avasallador tanto sobre las universidades como sobre sus actores, afectando de manera general al sistema universitario. Al revisar los datos del cuadro 1 que aborda la creación de instituciones privadas, se observa que prácticamente no se establecieron nuevas instituciones universitarias de este tipo durante dicho período. Sin embargo, se produjo la incorporación de docentes perseguidos por motivos políticos e ideológicos en la universidad pública en determinadas universidades e institutos privados. Esta movilización y dinámica contribuyó de manera significativa al desarrollo de nichos académicos en ciertas universidades privadas con orientación en investigación.

En este contexto, el prestigio de los investigadores migrantes junto con el cierre de ciertas universidades públicas, influyó en el aumento de la matrícula de las universidades del sector privado durante este período. La segunda ola de creación y fuerte expansión del sector se sitúa en el período que va desde 1989 hasta aproximadamente 1995. Con relación a ello, Del Bello et al. (2007) plantean que los factores que contribuyeron al desarrollo del sector privado estuvieron vinculados al desfinanciamiento histórico de las universidades estatales y a la preeminencia de un modelo universitario de corte profesionalista, que dio lugar a un plantel nacional con baja dedicación a la docencia en cada institución, y que, a su vez, practica el pluriempleo. De hecho, el período de mayor crecimiento en la matrícula de las universidades privadas coincidió con un marcado deterioro del financiamiento del sector público, especialmente hacia finales de los años noventa (García de Fanelli y Balán, 1994). Fue durante este período que la cantidad de instituciones creció significativamente, presentando características muy diversas entre sí (ver cuadro 2).

En el marco de una reforma más amplia del sistema de educación superior que tuvo lugar a comienzos de la década del noventa, la política universitaria se caracterizó por ser muy activa, ya sea desde el diseño como en la implementación de programas y acciones concretas en vistas a promover mejoras en la calidad de las ofertas académicas, en sus estructuras y equipamientos, en sus actividades de investigación y transferencia, órganos de gobierno, entre sus principales ejes. Así mismo, puso de manifiesto cierta tensión entre acciones centradas en promover una mayor descentralización y autonomía del sistema universitario, como, por ejemplo, a través de la ampliación de la libertad (fundamentalmente de tipo “académica”, en términos de Clark) de las instituciones para definir sus propios planes de estudios, contenidos, entre otros aspectos (respetando la carga horaria mínima establecida por el Ministerio según el nivel del título: técnico superior, licenciado o equivalente), junto con acciones tendientes a una mayor centralización y regulación por parte del Estado nacional, condicionando, en este caso, la autonomía de tipo institucional. En este último caso, por ejemplo, a partir de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ya que el Estado se reserva facultades de monitoreo y evaluación de tipo más remoto (Del Bello et al, 2007:106).

La creación y puesta en funcionamiento del nuevo marco regulatorio y de la CONEAU, provocó diversas reacciones y efectos al interior de las instituciones universitarias de gestión pública y privadas, puntualmente en aquellas que dictan carreras de grado de interés público, reguladas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y carreras de posgrado. Los estándares de calidad exigidos por el nuevo marco regulatorio, inspirados en los parámetros de docencia e investigación de carácter internacional, dieron cuenta de una mayor injerencia y control por parte del Estado en torno al desarrollo de la profesión académica. Los mismos impusieron ciertas condiciones y una acentuada orientación de tipo científica o “ethos” de investigación, según Rovelli (2011), que tuvo implicancias profundas en la profesionalización de la actividad académica del país.

En síntesis, los datos relevados y presentados a lo largo de este trabajo demuestran que la iniciativa privada universitaria pudo adaptarse e incluso superar los obstáculos planteados por los distintos marcos regulatorios impuestos por el Estado. En un principio de carácter más laxos y flexibles, pero luego, fundamentalmente hacia mediados de los años noventa, de mayor rigurosidad. En la actualidad, el sector privado se presenta en la vida educativa del país como un componente estable, dinámico y de calidad (CRUP, 2003, p. 17). Sin embargo, si bien la tendencia que se observó en los datos presentados en los distintos cuadros, fue la de un mayor crecimiento en la participación de los estudiantes en el sector (matrícula), así como también en la cantidad de instituciones, en la actualidad continúa predominando una fuerte tradición pública en el sistema universitario argentino, siendo las universidades estatales sus principales protagonistas.

Referencias bibliográfi as

Algarañaz Soria, V. Hugo (2019). El circuito de las universidades privadas en Argentina (1955- 1983): entre la autonomía académica y la heteronomía del campo de poder. Hacia una tipología de sus instituciones. Revista Sociológica, año 34, número 96, enero-abril de 2019, pp. 275-318.

Algarañaz Soria, V. Hugo (2018). Universidad, ¿laica y pública o confesional y privada? La constitución de las universidades católicas en Argentina, como espacios refractarios al reformismo universitario (1955-1958). Argumentos. Revista de Crítica Social 20 (octubre): 44-76.

Balan, Jorge (1993). La universidad privada en América Latina. En Educación Superior en América Latina: políticas comparadas, coordinado por Patricia McLauchlan de Arregui, 131-147. Perú: Grupo de Análisis para el Desarrollo.

Balan, J.; García De Fanelli, A.M. El sector privado de la educación superior. En: ROLLIN KENT (comp.) Los temas críticos de la educación superior en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1997, v.2.

Barsky, O.; Corengia, A. (2017). La educación universitaria privada en argentina. Debate Universitario (pp.31-70).

Barsky, O. y Giba, G. (2013). Evolución de la investigación en las universidades públicas de gestión privada. 2001-2011. Documento preparado para el Taller La investigación en las universidades privadas Buenos Aires, Argentina: Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Universidad Católica de Córdoba.

BUCHBINDER, Pablo. (2005). Historia de las universidades argentinas, Buenos Aires: Ed. Sudamericana. P.13-50.

Caillón (2005) La Educación Superior Universitaria Privada en Argentina. UNESCO- IESALC, cap. I y cap. VIII.

Corengia, A. (2015). El impacto de la CONEAU en universidades argentinas. Buenos Aires: Teseo. Prólogo de Juan Carlos del Bello y Julio Durand. ISBN: 978-987-723- 019-2.

Crup (2003) Historia de las universidades argentinas de gestión privada. Ed. Dunkuen.

Del Bello, Juan Carlos; Barsky, Osvaldo; Giménez, G. (2007) La universidad privada argentina.

Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007.

García de Fanelli, Ana y Balan, Jorge (1994) “Expansión de la oferta universitaria: nuevas instituciones, nuevos programas. Documento CEDES/106. Bs.As.

García De Fanelli, A.M. La expansión de las universidades privadas. Revista Pensamiento Universitario, Buenos Aires, año 5, n.6, p-56-72,1997.

Plotkin, Mariano Ben (2006) El desarrollo de la Educación superior privada en la Argentina. Capítulo III. En publicación: La privatización de la educación superior y las ciencias sociales en Argentina. Un estudio de las carreras de Psicología y Economía. Programa Regional de Becas, CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/plotkin/Cap22.pdf.

Rabossi. M. (2011). The private sector in argentina: A limited and selective expansión.

Excellence in Higher Education, 2(1), 42-50. 27.

Rabossi, M. (en prensa). Expansión, impacto y particularidades del sector privado universitario argentino a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (1995- 2015). En A más de 20 años de la Ley de Educación Superior 24.521. Impactos y desafíos futuros. Red de Estudios de Educación Superior (REES). Teseo. Buenos Aires.

Rovelli, L. (2016) Expansión y nuevas configuraciones en los regímenes de ca rera acadé- mica/docente en las universidades nacionales de la Argentina. Revista Argentina de Educación Superior.

Zelaya (2012) La expansión de universidades privadas en el caso argentino. Pro- posicoes, Campinas, v.23, n2 (68), p.179-194, maio/ago.

UNZUÉ, Martín (2012). Historia del origen de la universidad de Buenos Aires (A propósito de su 190°aniversario). En Revista Iberoamericana de Educación Superior. Núm.8, Vol.III. Buenos Aires.